La Libertad Avanza convocó este martes por la tarde a los bloques dialoguistas para presentar el cronograma de trabajo legislativo de las próximas semanas y los lineamientos del dictamen alternativo en materia de discapacidad.
La reunión comenzó se realizó en el Salón de Honor del Palacio Legislativo, en el marco de la negociación que el oficialismo lleva adelante para destrabar la tensión generada por el capítulo de Discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.
Por LLA participaron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado. También estuvieron presentes Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal), y Karina Maureira (La Neuquinidad).
Gladys Medina (Independencia) y José Luis Garrido (por Santa Cruz) avisaron su ausencia por inconvenientes con vuelos.
El proyecto que el oficialismo consolida busca dejar atrás la lógica de emergencia —transitoria, ligada a un contexto excepcional y de propósito coyuntural— para incorporar de manera permanente al plexo normativo un marco que garantice la sostenibilidad del sistema y la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales para las personas con discapacidad.
Según plantearon desde el oficialismo, el objetivo es proteger esos derechos de forma definitiva y no bajo la figura de excepcionalidad que rige desde hace años y que es motivo de permanente disputa.
De manera informal, la explicación es que la norma es muy similar a la Ley de Emergencia pero sin ese componente, sino que obliga a que todas las partidas estén incluidas en el Presupuesto y que no haya discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo.
Indican además que el dictamen reafirma los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sostiene el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad junto con su actualización periódica.
Además, garantiza a los beneficiarios de esa pensión el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud, y habilita que puedan trabajar: quienes los empleen por tiempo indeterminado accederán a beneficios impositivos, en línea con el reclamo de compatibilizar pensión y empleo formal que había cuestionado a la propuesta original del Presupuesto.
La iniciativa también ratifica la universalidad del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización, un punto sensible después de que el proyecto de Presupuesto original planteara directamente su eliminación.
A esto se suma el establecimiento de partidas presupuestarias “específicas y suficientes” para garantizar la sostenibilidad del sistema, y una definición expresa sobre las compensaciones adeudadas: el dictamen deja plasmado que el derecho al cobro subsiste y que deberá saldarse dentro de los plazos fijados en un cronograma de pago, respondiendo al reclamo que venían haciendo diputados como Cristian Ritondo, Pamela Verasay, Karina Maureira y Karina Banfi por los atrasos acumulados durante 2024 a los prestadores del sistema.
El texto dispone, asimismo, la obligación del Poder Ejecutivo de articular con las distintas jurisdicciones el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia, y suma un capítulo de transparencia que exige la publicación de los datos obtenidos en auditorías y evaluaciones del sistema.
La presentación se da en paralelo a la firma de dictámenes en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, previsto para mañana.
Mientras el oficialismo avanza con esta propuesta superadora, los bloques de Unión por la Patria y el resto de la oposición firmarán por su parte el dictamen que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con las firmas de Juan Marino, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Nicolás del Caño, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, entre otros.
La discusión de fondo se enmarca en la polémica que generaron los artículos 39, 40 y 41 y la derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad —como el artículo 8°, sobre protección de la salud, y el artículo 9° de la ley de pensiones no contributivas de 1948— incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el ministro Luis Caputo el 15 de septiembre pasado.
