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Luego de la cadena nacional, el gobierno de Javier Milei está decidido a seguir agitando a fondo la causa Malvinas. En particular desde esta semana, cuando el tema converja en el Congreso con otras iniciativas clave como el Presupuesto y la reforma política. La estrategia es clara y responde al ya conocido principio de revelación: exponer al peronismo, celoso custodio del nacionalismo, cuando tenga que explicar por qué no está dispuesto a acompañar a ciegas la jugada de la Casa Rosada.
Las palabras de Donald Trump en las últimas horas volvieron a colocar las islas bajo la lupa internacional. En línea con el discurso de Milei, el mandatario sugirió que Londres enfrenta demasiadas dificultades internas como para involucrarse en otra aventura bélica. Catalogó a las Malvinas como “muy interesantes” y deslizó que estaría dispuesto a mediar para evitar cualquier escenario de “desastre potencial”. En Buenos Aires tomaron nota, a una semana de embarcarse rumbo a Nueva York.
Detrás de los cálculos políticos y de las denuncias que se multiplican de a decenas contra empresas y directivos, sin embargo, empiezan a aparecer hechos capaces de volverse como un bumerán sobre Milei.
Por un lado, una nueva demanda civil contra las compañías involucradas avanza en el Sur, en simultáneo con la causa penal en manos del juez Julián Ercolini —que tampoco es la primera—; por otro, una movida estratégica en Punta Arenas puede poner a prueba el compromiso real del Presidente con la causa Malvinas y hasta dónde está dispuesto a avanzar cuando del otro lado aparece un mandatario aliado como José Antonio Kast.
A mediados de la semana pasada, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM-La Plata) envió una carta documento al canciller Pablo Quirno luego de conocerse el proyecto de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Los excombatientes no la consideran un simple enlace destinado al intercambio de mercaderías: sostienen que podría transformarse en una pieza logística para abastecer Sea Lion y reclaman a Cancillería que actúe tanto diplomática como administrativamente.
La intimación plantea acciones ante Santiago, el Reino Unido, organismos argentinos y espacios multilaterales, además de reclamar procedimientos contra los actores económicos que pudieran prestar servicios al proyecto. Hasta el viernes, cuando estaba a punto de vencer el plazo de 72 horas fijado en la presentación, la carta no había recibido una respuesta capaz de despejar la cuestión de fondo: qué hará el Gobierno si el cierre del cerco sobre Sea Lion obliga también a interpelar a Chile.
La pregunta es políticamente incómoda. El gobierno chileno mantiene su histórico respaldo a los derechos argentinos sobre Malvinas —más allá de la colaboración con Londres durante el conflicto de 1982— y, al mismo tiempo, la relación bilateral atraviesa una etapa en la que ambos países buscan profundizar la integración energética, minera y logística.
Sin ir más lejos, la última semana el embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, propuso avanzar en una mayor integración energética y comercial entre los puertos de su país y Vaca Muerta y vinculó el respaldo chileno al reclamo argentino por Malvinas con el reconocimiento de Buenos Aires a la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. La explicación del alcalde de Punta Arenas acerca de que los buques de la nueva conexión no navegarán bajo bandera británica o kelper, sin embargo, no alcanza para despejar los interrogantes que plantea el CECIM.
Petróleo en Malvinas: la primera causa judicial que enseñó dónde estaban los límites políticos
La ofensiva político-judicial que hoy rodea Sea Lion no empezó con Milei ni con Ercolini. En abril de 2015, tres fiscales federales pidieron investigar a Falkland Oil and Gas Limited, Edison International, Noble Energy, Premier Oil y Rockhopper, entre otras compañías, por actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina cerca de las Islas. La causa 5183/15 terminó radicada en el Juzgado Federal de Río Grande.
Dos meses después, la Justicia ordenó embargos por u$s 156 millones sobre bienes y activos de las empresas y dispuso el cese inmediato de las tareas de exploración y explotación ante la posibilidad de daños ambientales graves e irreparables. Sobre el papel era un avance considerable; en los hechos, empezaron a aparecer todos los límites que supone intentar ejecutar desde Tierra del Fuego una orden legal contra sociedades radicadas en jurisdicciones que no reconocen la posición argentina sobre Malvinas.
Hubo exhortos diplomáticos, pedidos de información y dificultades para notificar o embargar a empresas británicas. Con el tiempo, además, cambió el mapa societario alrededor de la explotación petrolera y aquella causa quedó atada, en buena medida, al universo de compañías denunciadas originalmente. Ahora, con nuevas denuncias radicadas en Buenos Aires, la Justicia federal deberá resolver más temprano que tarde qué magistrado concentra o articula expedientes que vuelven a girar sobre los mismos actores y negocios.
A ello se suma una nueva demanda civil presentada por la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas y el CECIM, a la que el viernes se incorporó la Municipalidad de Río Grande como tercera parte interesada. La acción está dirigida contra Rockhopper Exploration, Navitas Petroleum Development and Production Limited y contra quienes resulten responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación de Sea Lion. Lo que se promueve es una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva.
El salto conceptual no es menor. Ya no se espera necesariamente a comprobar un derrame ni se apuesta exclusivamente a perseguir penalmente una conducta consumada: la intención es conseguir que la Justicia intervenga antes, mediante medidas cautelares.
El escrito reclama paralizar obras, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías y cualquier otra intervención vinculada con Sea Lion y, al mismo tiempo, exige que las compañías se abstengan de celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, transferir fondos, realizar aportes de capital, tomar préstamos entre sociedades vinculadas o constituir garantías destinadas a mantener vivo el proyecto.
La ofensiva busca, precisamente, aprender de los límites de aquella vieja causa. Los demandantes piden que el proceso sea comunicado a la Financial Conduct Authority británica, la London Stock Exchange, la Israel Securities Authority, la bolsa de Tel Aviv y la New York Stock Exchange. También reclaman que Rockhopper y Navitas identifiquen bancos, fondos de inversión, aseguradoras, fiduciarios y demás actores vinculados con el financiamiento, incluidos desembolsos pendientes, garantías constituidas y contratos vigentes.
La apuesta puede ir, por lo tanto, mucho más allá de las petroleras y se mueve en línea con la lógica que ahora también pregona el Gobierno: ampliar el costo de participar de Sea Lion hacia quienes hacen posible el negocio. Si prospera, la discusión dejaría de alcanzar únicamente a Rockhopper y Navitas para proyectarse sobre bancos, aseguradoras, proveedores y mercados que tengan alguna vinculación con el proyecto petrolero.
Sea Lion, además, ya no tiene la escala que tenía hace diez años. El nuevo escrito describe 23 pozos entre sus dos primeras fases, una unidad flotante con capacidad para procesar aproximadamente 120.000 barriles diarios y una extensa infraestructura marítima y terrestre. También afirma que el proyecto todavía no atravesó ante las autoridades argentinas el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni obtuvo el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental.
La presentación enumera riesgos de derrames, afectación de fauna marina, ruido submarino, contaminación y emisiones, pero su corazón procesal es otro: sostiene que la actividad debería detenerse hasta someterse a los procedimientos ambientales que exige la legislación argentina. Los demandantes citan, incluso, documentación británica sobre el ecosistema de la zona que deberán presentar traducidos esta semana por pedido de la Justicia antes de que se avance con una resolución sobre la cautelar. La Gobernación fueguina, en manos de Gustavo Melella, ya recibió la notificación del expediente.
El rol de Chile en Malvinas y por qué puede ser un dilema para la estrategia política de Milei
En ese tablero, la carta enviada a Quirno adquiere otro significado. No es solamente una protesta por una ruta marítima: lleva la doctrina anunciada por el propio Gobierno hasta un lugar en el que empieza a resultarle incómoda.
La Casa Rosada sostiene que quienes contribuyan a explotar recursos alrededor de Malvinas deberían pagar un costo en la Argentina. La intimación pregunta, en los hechos, si ese mismo criterio será aplicado a quienes aporten transporte, logística, seguros, infraestructura o facilidades portuarias aunque se encuentren en un país aliado. Y Chile es probablemente el caso más sensible para contestar esa pregunta cuando ambos mandatarios se abrazaron en Santiago hace apenas diez días.
Hasta aquí, casi todo fue relativa ganancia política para el Gobierno. Milei consiguió incluso colocar al peronismo entre la espada y la pared, frente a la dificultad de explicar sus reparos sin quedar atrapado en una discusión sobre soberanía. En la última sesión, la diputada Agustina Propato intentó sintetizar esa posición en una cuestión de privilegio al calificar la política exterior sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur como “errática y pendulante”.
“El presidente Milei pateó el tablero o el tablero pateó al presidente Milei”, lanzó la legisladora al contraponer el actual posicionamiento con declaraciones previas del Presidente y sus ministros. Y agregó: “¿Se trata de un cambio de convicción o de una fachada? ¿Se trata de Malvinas o de Ushuaia como posición geoestratégica? ¿Se trata de una política integral o de generar condiciones para concesiones a potencias extranjeras respecto a un paso bioceánico con proyección antártica?”.
El peronismo todavía no tiene una línea única cerrada, pero buscará desmembrar la nueva ley sobre Malvinas para separar aquello que está dispuesto a acompañar -sin dejar de advertir sobre el timing- de lo que considera parte de una agenda distinta. Las sanciones contra Navitas y Rockhopper, por ejemplo, son medidas que sectores de la oposición aseguran venir reclamando desde hace meses; otra discusión será la creación del Consejo de Seguridad Nacional o cualquier cláusula que pueda habilitar una injerencia de Washington sobre la Base Naval Integrada, una posibilidad que el propio Milei había dejado trascender en 2024.
Ahí vuelve a aparecer el dilema para la Rosada. Milei consiguió colocar Malvinas en un terreno políticamente cómodo, pero el desafío comienza cuando esa política deja de tener como únicos destinatarios a Londres y a compañías privadas y empieza a tocar relaciones que el Gobierno considera estratégicas. Chile es, de momento, el caso más evidente. En Israel pivotean aún entre el silencio y los que aprovechan para alimentar su propia ofensiva contra Londres por sumarse al boicot internacional contra las colonias judías en Cisjordania.
Hasta dónde está dispuesto a ir el Gobierno más allá de la política si la Justicia activa, en efecto, sus instrumentos legales. Qué acciones concretas pondrá en curso -si lo hace- para presionar a los vecinos trasandinos y cortar una posible vía de aprovisionamiento que, al margen, no es la única que existe en la región acorde a los denunciantes, aunque hoy concentra la atención. Y cuáles son, en definitiva, los intereses de la Casa Blanca detrás del giro malvinero en la doctrina de la Casa Rosada y el futuro de la Base Naval Integral.
