

La Justicia argentina emitió este viernes una nueva resolución que despeja el camino legal para la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La decisión judicial dejó sin efecto las medidas cautelares que mantenían frenados distintos artículos de la normativa, otorgando así un respaldo clave a la iniciativa del oficialismo en su objetivo de implementar los cambios en las regulaciones del empleo.
El fallo fue dictado por la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, quien anuló las cautelares que habían sido concedidas a diversos sindicatos por el juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63.
Esta medida se fundamenta en el rechazo previo de la cautelar solicitada en el proceso colectivo iniciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 8 de mayo.

La decisión reafirma la competencia exclusiva del fuero contencioso administrativo para tratar las demandas contra la reforma: en el fallo, se aclaró que esta última medida debía quedar sin efecto por el hecho de haber sido dictada por un magistrado que ya había sido declarado incompetente.

La semana pasada, el mismo juzgado había hecho lugar a una presentación del Gobierno, patrocinada por la Procuración del Tesoro de la Nación, ordenando la remisión de todas las causas vinculadas a este tema. Tras ese requerimiento, el juez Ojeda acató la directiva y envió los últimos expedientes que aún tramitaban en el fuero laboral.
Según el organismo oficial, la decisión judicial logra frenar lo que calificaron como “maniobras de sectores corporativos” que buscaban bloquear la modernización laboral sosteniendo sus reclamos en dicho fuero.
Para el Gobierno nacional, la ratificación judicial y la plena vigencia de la Ley 27.802 representan un paso fundamental para “recuperar la seguridad jurídica e impulsar el empleo privado”, indicaron.
Además, argumentaron que la normativa permitirá comenzar a desarmar un esquema regulatorio de más de 50 años que consideran obsoleto y al cual responsabilizan por la informalidad laboral y el estancamiento económico.


















