La disputa judicial por la reforma laboral sumó este jueves un nuevo elemento que el Gobierno pretenderá sumar a su favor en la estrategia de llevar la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal, ámbito que considera más adecuado para discutir la validez de la norma. La Corte Suprema declaró la competencia de ese fuero en una causa iniciada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), vinculada al pago del aporte solidario de empleados del Estado nacional, y rechazó así la pretensión sindical de que interviniera la Justicia laboral. Aunque se trata de un expediente distinto, en la Casa Rosada observarán la decisión como un antecedente relevante en la pelea por la reforma laboral. El fallo del máximo tribunal dispuso “la incompetencia de la justicia nacional del trabajo” y ordenó remitir el expediente al fuero federal contencioso administrativo. La decisión se apoya en que el caso involucra relaciones de derecho público, según destacaron fuentes oficiales. La novedad llegó el mismo día en que el Gobierno obtuvo una victoria más directa sobre la reforma laboral: la Cámara del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la ley y devolvió vigencia plena a la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo. El Ejecutivo venía, a su vez, de sufrir un revés en otro frente más específicamente vinculado al fallo contra UPCN. El juez laboral Raúl Ojeda rechazó enviar al fuero Contencioso Administrativo la causa principal impulsada por la CGT y defendió la competencia del fuero laboral para intervenir en el expediente. La discusión no es meramente técnica. Detrás del conflicto subyace una batalla central para el futuro de la reforma laboral: qué jueces decidirán sobre su constitucionalidad y aplicación. El Gobierno sostiene que, al tratarse de una ley dictada por el Estado nacional y de un conflicto donde intervienen actos estatales, el expediente debe tramitar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Del otro lado, sindicatos y sectores del fuero laboral argumentan que el corazón de la reforma involucra relaciones de trabajo, convenios colectivos, huelga, indemnizaciones y condiciones laborales, materias típicamente reservadas a la Justicia del Trabajo. En ese marco, la decisión de la Corte en el caso UPCN fue leída por operadores judiciales como una señal doctrinaria relevante: cuando predominan cuestiones de derecho público vinculadas al Estado empleador, el máximo tribunal se inclina por el fuero contencioso. En una resolución breve, la Corte hizo lugar al planteo del Estado nacional, revocó la sentencia apelada y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El expediente había llegado al tribunal a través de un recurso de queja presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, demandado en la causa iniciada por UPCN. Los jueces remitieron además a un precedente anterior del propio tribunal (“UPCN”, Fallos: 344:3613), lo que refuerza una línea interpretativa ya existente. Aunque el caso no refiere directamente a la ley laboral impulsada por Javier Milei, la decisión puede ser utilizada por la Procuración del Tesoro y la representación del Estado como respaldo argumental en la contienda de competencia abierta por la reforma. Hoy esa pelea sigue sin resolución definitiva. Ojeda rechazó desprenderse del expediente, cuestionó el planteo oficial y sostuvo que la materia debatida pertenece al derecho laboral. La definición final podría escalar a la Cámara correspondiente e incluso a la propia Corte Suprema. En paralelo, la caída de la cautelar alivió al Gobierno en lo inmediato: la reforma laboral vuelve a estar vigente. Pero el frente judicial continúa abierto y uno de los capítulos más sensibles será, precisamente, determinar en qué fuero se librará la batalla principal. Fuentes judiciales consultadas por este diario remarcan que cada conflicto tiene particularidades propias y que la decisión en el caso UPCN no traslada automáticamente la competencia al expediente de la reforma laboral.