Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema, cuestionó este jueves la baja participación en la elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura y sostuvo que la mitad de esas bancas “se eligió mayoritariamente por omisión”. “La próxima vez vayan a votar”, les pidió en la apertura de Diálogos para la Argentina, la jornada del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que este año giró en torno al lema “Seguridad jurídica, inversión y futuro”.
“Quiero expresar una admonición”, planteó en la Bolsa de Comercio esta tarde, ante socios de los principales estudios jurídicos del país. La jornada reúne a socios de Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, MHR Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou & Funes de Rioja, entre otros estudios de abogados de empresas.
Se trata de una jornada que se retomó tras la suspensión producto de la pandemia. Antes de su exposición inauguró la edición 2026 la presidente del Colegio, Fernanda Mierez, quien explicó que el directorio resolvió retomar el encuentro “después de algunos años de paréntesis” y se refirió a “la bendita seguridad jurídica, que nos falta” para que la Argentina “avance hacia el desarrollo sostenible y no tengamos que estar haciendo planes cada 2 años”.
Rosenkrantz recordó que en los comicios del 20 de octubre “votó solo el 18,54%” del padrón, una participación menor a la de 2022, y que la lista más votada se quedó con dos de las cuatro bancas con el 34% de los sufragios. “Obviamente no estoy diciendo nada sobre los consejeros electos. Estoy diciendo que la profesión legal dejó que una fracción mínima de los abogados en condiciones de votar decidiera la mitad de su representación”, aclaró.
Para explicar por qué ese dato excede a una elección corporativa, recurrió a las cifras del sistema. “Durante 4 años van a intervenir en la designación de jueces que decidirán durante 30 años más de 6.000 decisiones cada uno”, les dijo sobre los consejeros electos. Con cuatro de los 20 lugares del organismo, los abogados tienen además un peso clave para reunir los dos tercios que exige cada designación. “La representación de los abogados no es simbólica, es absolutamente decisiva”, afirmó.
Rosenkrantz sumó otro argumento: la abogacía conoce lo que ningún concurso mide. “Los abogados son los únicos que ven a los jueces trabajar todos los días y desde el otro lado del estrado”, dijo. “Esa es información absolutamente valiosa que no está en ningún expediente ni concurso”.
El tramo con mayor impacto institucional fue el dedicado a las entrevistas personales de los concursos, el punto más disputado del proyecto que presentó junto con el magistrado de la Corte, Ricardo Lorenzetti, mediante la Acordada 4/2026. “El sistema actual de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito. Y sin exigir justificación”, sostuvo. “A los jueces se nos exige con toda razón que justifiquemos nuestras decisiones”, agregó, y contrastó esa obligación con la del Consejo, al que no se le pide fundamentar por escrito esos cambios.
La iniciativa propone un sistema de hasta 200 puntos, con un máximo de 20 para la entrevista, pero aún no fue resuelta y quedará en manos de la nueva integración del organismo, que asumirá a partir del 18 de noviembre. Rosenkrantz anticipó las resistencias: “Reducir la discrecionalidad cuando la reducción depende de quien la disfruta es muy difícil. Es parecido a esperar que las reglas electorales las cambien quienes fueron elegidos de acuerdo con dichas reglas”.
La presión sobre el Consejo también llega desde afuera de los tribunales. Esta semana se conoció una declaración firmada por 30 organizaciones, entre ellas el propio Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, AEA, la UIA e IDEA, junto con 12 juristas y 277 adherentes individuales que reclama el mismo tope de 20 puntos. El texto vincula la reducción de la discrecionalidad con la independencia judicial y a esta con la inversión y el empleo.
Para el Supremo, el objetivo de la reforma no es solo sumar a los mejores candidatos, sino impedir el ingreso de los peores. “Se dice con razón que los ejércitos marchan al ritmo del que camina el más lento”, citó. “La calidad del poder judicial es la de su cuerpo” afirmó en ese sentido. “Mejorar el promedio no es lo mismo que mejorar el conjunto”, planteó, ya que el litigante cuyo expediente queda en manos del peor magistrado “no recibe un servicio promedio. Recibe el servicio de un mal juez”.
Aunque aclaró que “la mayor parte del Poder Judicial está integrada por muy, muy buenos jueces”, sostuvo que mejorar el sistema también depende de los abogados y reclamó revisar los currículos universitarios y crear mecanismos para medir cuándo un abogado está capacitado para llevar un caso a juicio, “cosa que en la Argentina no se hace”. “Creo que la calidad de la justicia argentina depende de los abogados mucho más de lo que la profesión suele reconocer”, concluyó.
La jornada contará con la participación del titular de YPF, Horacio Marín, funcionarios de energía, un panel de abogados y cerrará con la senadora nacional Patricia Bullrich.
