Fuente: El Cronista
Fuente: El Cronista
En esta noticia
- Qué cambiaría si cae el DNU 70/2023
- Alquileres: qué podría pasar con los contratos
- Prepagas: el otro cambio sensible para los hogares
- Contratos en dólares: otro punto de alto impacto
- Comercio exterior, el cuarto mercado afectado
- Incertidumbre: el costo inmediato
- ¿Qué debería definir el Congreso, según el informe?
La Corte Suprema de Justicia restituyó provisoriamente este viernes la vigencia de la Ley de Tierras, una decisión que modificó el escenario político en Diputados y alivió al Gobierno de Javier Milei, que busca evitar la derogación del DNU 70/2023.
Sin embargo, la oposición mantiene su intención de avanzar contra el decreto en la sesión especial convocada para el próximo jueves 15 de octubre, aunque el nuevo fallo complicó las posibilidades de reunir el quórum necesario. El Senado ya se pronunció en contra del DNU en marzo de 2024; si Diputados hace lo mismo, el decreto queda derogado.
Más allá de esa disputa política, queda una pregunta: ¿qué pasaría con la economía si la Cámara baja finalmente rechaza el decreto? Un informe de la consultora Zentrix analizó los efectos jurídicos y económicos de una eventual derogación del DNU, vigente desde diciembre de 2023. Según el estudio, los cambios de mayor impacto se concentrarían en alquileres, contratos en dólares, prepagas y comercio exterior.
Qué cambiaría si cae el DNU 70/2023
La principal conclusión del informe es que una eventual derogación del DNU no implicaría volver a la economía de diciembre de 2023. El esquema cambiario, la política monetaria, la estructura tributaria y el régimen laboral vigente no quedarían alterados. Según Zentrix, el efecto sería sectorial, pero recaería sobre mercados de “alta incidencia” en el presupuesto de los hogares.
En particular, el informe señala que el régimen laboral, las privatizaciones y la reforma de hidrocarburos, gas y electricidad ya cuentan con respaldo en leyes posteriores. Por eso, la derogación del DNU tendría un efecto nulo o marginal sobre esos sectores.
El impacto más visible estaría en mercados donde las reglas actuales todavía dependen directamente del decreto. Entre los cambios de mayor impacto aparecen alquileres, contratos en dólares, medicina prepaga y obras sociales, y comercio exterior.
| Cambios relevantes | Sin cambios relevantes |
|---|---|
| Alquileres | Reforma laboral |
| Prepagas y obras sociales | Privatizaciones |
| Contratos en u$s | Energía |
| Comercio exterior |
Alquileres: qué podría pasar con los contratos
Los alquileres figuran entre los sectores más sensibles ante una eventual caída del DNU. El mega DNU derogó la Ley de Alquileres y modificó artículos del Código Civil y Comercial, con un esquema basado en la libertad para acordar plazo, moneda, índice y frecuencia de actualización.
Una derogación abriría la discusión sobre qué régimen debería aplicarse después. Zentrix advierte que la legislación anterior no necesariamente revive de manera automática con la derogación del decreto, por lo que podría aparecer un período de incertidumbre hasta que el Congreso o la Justicia definan qué normas vuelven a regir.
En el escenario de retorno de la regulación previa, el informe prevé efectos distintos para quienes ya están dentro del mercado y quienes buscan ingresar. Para un inquilino con contrato vigente, una actualización regulada podría brindar mayor previsibilidad. Para quien necesita alquilar una vivienda nueva, en cambio, el estudio anticipa una posible menor oferta, precios iniciales más altos y mayores exigencias de garantía, como ocurrió entre 2020 y 2023, según el informe.
En ese sentido, advierte que “es uno de los casos de mayor incertidumbre jurídica: podrían coexistir contratos bajo tres regímenes distintos”.
Prepagas: el otro cambio sensible para los hogares
La medicina prepaga es otro gran mercado señalado por Zentrix. El DNU eliminó la facultad estatal de autorizar previamente los aumentos de cuotas y sobre esa base se dictaron normas posteriores que sostuvieron la libertad de fijación de precios.
Una eventual derogación dejaría sin esa fuente legal a la libertad de precios y, según el informe, podría abrir el camino a un régimen de autorización previa, aunque su regreso tampoco sería automático.
Desde la perspectiva de los afiliados, una mayor regulación también podría traducirse en cuotas más previsibles. Sin embargo, el informe advierte que ese costo podría trasladarse a cartillas más reducidas, más copagos o demoras en la atención, como ocurrió antes.
El mismo proceso tendría consecuencias sobre la relación entre obras sociales y prepagas. El DNU habilitó la libre elección desde el inicio de la relación laboral y permitió la derivación directa de aportes. Si esa estructura pierde su base legal, podría frenarse el ingreso de nuevos afiliados a prepagas y aumentar el flujo hacia obras sociales sindicales.
Contratos en dólares: otro punto de alto impacto
El tercer mercado es el de las deudas y contratos en dólares. El DNU fijó que quien contrae una obligación en moneda extranjera debe cumplirla en esa misma moneda y limitó la posibilidad de que un juez cambie esa condición. Si el decreto cae, se abriría la discusión sobre si vuelve la redacción anterior, que permitía cancelar una obligación pactada en dólares entregando su equivalente en pesos. Esto alcanzaría a operaciones inmobiliarias financiadas, compra de maquinaria y contratos comerciales entre privados.
Según el informe, el deudor ganaría una opción de cancelación, pero ese beneficio podría trasladarse al costo del financiamiento, con tasas más altas o más exigencias para acceder al crédito.
Comercio exterior, el cuarto mercado afectado
El cambio de fondo que plantea Zentrix es que el Poder Ejecutivo recuperaría la facultad de prohibir exportaciones e importaciones por razones económicas, sin necesidad de una ley del Congreso. El DNU había establecido que eso solo podía hacerse por ley.
Según el análisis, el efecto se sentiría sobre todo por las expectativas. Producir para exportar exige una inversión previa. Si el Gobierno puede cerrar exportaciones por decreto para contener precios internos, el exportador suma ese riesgo a sus decisiones.
Como antecedente, el estudio recuerda la suspensión de exportaciones de carne de 2021. Cayó la inversión en el sector, se perdieron mercados y el efecto sobre el precio interno fue ambiguo. Del lado de las importaciones, volvería la posibilidad de restricciones discrecionales, con más exposición para las pymes industriales que dependen de insumos y bienes de capital.
También cambiaría la operatoria diaria. En el escenario en que regrese el régimen anterior, volvería la inscripción obligatoria como importador o exportador. Para Zentrix es una barrera de entrada: el costo de habilitación pesa más para las pymes y los nuevos operadores, que pasarían a depender de intermediarios.
Otras actividades que quedarían bajo la lupa
El documento identifica efectos de menor intensidad en tarjetas de crédito, régimen aerocomercial, registro automotor, yerba mate y farmacias. Aclara que su alcance dependería de cómo se resuelva jurídicamente qué normas vuelven a regir.
Uno de los capítulos más sensibles es el de la Ley de Abastecimiento, que el DNU derogó. Si el decreto cae, esa discusión volvería a abrirse. El informe explica que el Estado podría recuperar herramientas para fijar precios máximos, exigir información de costos o intervenir en la producción y comercialización de determinados bienes. “Aunque no se aplique, el riesgo de intervención se incorpora en las decisiones privadas”, lo que puede influir sobre inversiones y estrategias empresarias, señala el documento.
Incertidumbre: el costo inmediato
Como el rechazo no hace volver automáticamente las normas anteriores, podría abrirse un período de indefinición hasta que el Congreso o la Justicia definan qué régimen se aplica. “Por encima de todo, el costo inmediato sería la incertidumbre”, resume el informe.
Sin una ley que ordene la transición, advierte, “los mercados afectados entrarían en un período de indefinición”. Eso significaría inversiones postergadas, más juicios y más costos para empresas y particulares.
¿Qué debería definir el Congreso, según el informe?
Zentrix aclara que no toma posición sobre el voto. Lo que sí plantea es que, si el decreto se deroga, el Congreso defina por ley qué normas recuperan vigencia y cuáles no, en lugar de dejar esa discusión en manos de los jueces.
También propone un régimen transitorio para alquileres, contratos en moneda extranjera y planes de salud, que distinga los contratos en curso de los nuevos. Pide además resolver la situación de las reglamentaciones dictadas sobre el DNU en salud, tarjetas y registro automotor, y definir qué órgano tiene competencia para restringir el comercio exterior por razones económicas.
Para la consultora, esa hoja de ruta será determinante para evitar que una eventual derogación derive en un período prolongado de incertidumbre jurídica y económica.
