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Suba de Ganancias a empresas: el Gobierno fue a Diputados a defender el proyecto

Funcionarios del Ejecutivo fueron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo buscará, además, sacar dictamen sobre el Consenso Fiscal 2020 que ya cuenta con media sanción del Senado. Juntos por el Cambio presentará un dictamen de rechazo a esta medida.

"Hay una visión muy crítica acerca de cuáles han sido los resultados de bajar impuestos", advirtió esta tarde la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde se comenzó a debatir el proyecto de ley que modifica el esquema de las alícuotas de la Ley de Ganancias para Sociedades enviado por el Ejecutivo. Al encuentro virtual también fue invitado el secretario de políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, quien aseguró que la suba del impuesto a las Ganancias "tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión"

El texto tratado hoy es la segunda versión que envía el Ejecutivo en lo que va del año.  La propuesta busca modificar el impuesto a las Ganancias para a las sociedades. De acuerdo con el "nuevo esquema de alícuotas progresivas", tal como lo definió Arias, las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios de hasta $5 millones anuales; un 30% para un tramo intermedio de $5 millones a $20 millones anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%

Asimismo, el funcionario indicó que se mantiene para todos los casos la alícuota del 7% para los dividendos distribuidos. Además, especificó que la actualización anual de los tramos de las escalas se hará en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC)

"A nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión", se encargó de subrayar al Arias al hablar del incremento a las alícuotas respecto al Pacto Fiscal de 2017. Para argumentar esta postura, aludió a los factores macroeconómicos como principales condicionantes de la tasa de inversión. 

En este sentido, Arias puso como ejemplo que en los últimos 15 años, las tasas de inversión más altas fueron en los años 2011 y 2017 "o sea, dos años cuando la alícuota era del 35% y cuando se redujo al 30%, empezó a bajar la tasa de inversión. Obviamente, no bajó la tasa de inversión porque haya bajado Ganancias, pero tampoco la aumentó". 

"Hay una visión muy crítica acerca de cuáles han sido los resultados de bajar impuestos", dijo por su parte Marcó del Pont, para luego asegurar que generó una "mayor concentración de la riqueza y una mayor orientación de ese excedente a la valoración financiera, no productiva". Y aclaró que este tema fue tratado en un panel organizado por la ONU del que participó en la previa a la reunión de la comisión.

"Esto que estamos trayendo hoy a discusión es lo que se está discutiendo a nivel global" dijo la titular de la AFIP, y aludió a "las mistificaciones que se hicieron respecto a esta idea de que bajando impuesto, flexibilizando mercado de trabajo, abriendo y desregulando mercados o el sector externo generábamos una atracción al capital que nos interesa, que es la inversión que venga a generar mayor capacidad productiva". 

Asimismo, Marcó del Pont recalcó que en el panel de la ONU se habló de que "la forma más virtuosa de financiar a los Estados es a través de la recaudación" y que la alternativa es el endeudamiento, para luego rematar: "Cada uno de estos recursos, esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuesto tan relevante, como es el impuesto a las Ganancias, vuelve en políticas públicas". Y puso como ejemplo la obra pública, la infraestructura, la conectividad. 

De acuerdo a los datos que arrojó la titular de la AFIP, el proyecto implicará "$ 79.000 millones adicionales en recursos tributarios para las provincias", a partir del régimen de coparticipación. 

Según datos arrojados por el Ejecutivo, con esta nueva versión que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades, el 90% pagará la alícuota del 25% mientras que el primer proyecto -presentado en marzo- se ubicaba en el 70% el porcentaje de las empresas que pagarían la alícuota más baja. 

Es por ello que desde el oficialismo presentaron a esta última versión como un "alivio fiscal". De todas maneras, si se lo compara con lo establecido en el Pacto Fiscal 2017, el 100% de las empresas deberían pagar, desde el año pasado, ese porcentaje

Consenso fiscal 2020

El jueves, en tanto, la comisión que preside Carlos Heller prevé avanzar con la firma del dictamen del Consenso Fiscal al que adhirieron 21 provincias en un encuentro que mantuvieron los gobernadores con el presidente Alberto Fernández el 4 de diciembre en Casa Rosada. Juntos por el Cambio anticipó que presentará un dictamen de rechazo. 

La iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado, reemplaza el pacto fiscal firmado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. La nueva normativa, de sancionarse, habilita a las provincias subir impuestos con el objetivo de reactivar las economías regionales. Asimismo, habilita a las provincias tomar deuda en pesos mientras que limita el endeudamiento en dólares

Entre otros ítems, el proyecto apunta a mejorar la recaudación tributaria en todos los niveles, además de prorrogar por otro año las restricciones a la suba de impuestos que disponía el pacto macrista. Al mismo tiempo, habilita a las provincias gravar, de nuevo, con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, así como también, da vía libre a la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año, con lo que muchas podrán ser elevadas al nivel que tenían previamente.

El proyecto también elimina topes al impuesto inmobiliario y permite aumentar las alícuotas del impuesto a los Sellos, mientras que las provincias quedarán posibilitadas para restablecer los impuestos que, en ciertos casos, aplicaban sobre el salario de los trabajadores.

A su vez, el proyecto -que luego de ser sancionado requerirá la anuencia de las legislaturas provinciales- establece que las provincias adheridas se comprometen a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la distribución de la coparticipación federal, a transferencias de competencias y afectaciones de recursos, salvo los que tengan sentencia firme.

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