El gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta y otras obras, un debate de u$s 2000 millones por el Presupuesto 2022

El Gobierno discute la inclusión en el Presupuesto de obras de transporte de gas que pueden competir entre sí. Está la decisión de avanzar con recursos propios o fondos de China.

La ampliación del sistema de transporte de gas natural es uno de los principales proyectos de infraestructura que tiene el Gobierno como desafío para sostener en el tiempo el crecimiento de la producción (impulsada por el Plan Gas) y sustituir importaciones por más de u$s 1000 millones al año hasta que termine esta década.

El secretario de Energía, Darío Martínez, viene trabajando junto al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para incluir en el Presupuesto 2022 los fondos para las obras, que totalizarían cerca de u$s 2000 millones.

Hay una premisa: el plan Transport.Ar "sale o sale". Los trabajos necesarios se financiarían con recursos propios del Tesoro Nacional (recaudación impositiva, colocación de deuda en pesos en el mercado de capitales y emisión monetaria) subejecutados hasta el momento -al redireccionar partidas de otras áreas-.

La intención oficial es empezar con la construcción cuanto antes para que no se sature la capacidad de transporte desde Vaca Muerta y reemplazar con producción propia el declino de la oferta de Bolivia.

Los detalles

Pero aunque la idea está clara, su ejecución es más borrosa. En una primera etapa se busca ejecutar por u$s 840 millones un conjunto de obras "menores" y expandir la capacidad de los caños que ya están en operación: la potenciación del Gasoducto Centro Oeste, que opera Transportadora de Gas del Norte -TGN- entre la localidad neuquina de Tratayén y La Mora, en Mendoza; junto a un nuevo ducto hasta Tío Pujio, en Córdoba, que ampliaría entre 12 y 20 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) el volumen en condiciones de transportar.

Al mismo tiempo está vigente un memorándum de entendimiento (MOU) con las empresas chinas Powerchina y Shanghai Electric, que están concluyendo los estudios preliminares de factibilidad para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner (tal como se lo bautizó en el Decreto 489).

Esta última mega obra costaría algo más de u$s 1100 millones solo desde Tratayén (en las inmediaciones de los campos más productivos de la Cuenca Neuquina) hasta Salliqueló, pero sin llegar hasta los centros de consumo de Buenos Aires y Rosario, su objetivo final.

La extensión hasta San Jerónimo, en Santa Fe, podría demandar otros u$s 800 millones y más tiempo para su finalización.

En un contexto macroeconómico de restricciones presupuestarias y sin acceso al mercado internacional de crédito a tasas de interés sostenibles, las obras compiten entre sí para ser la prioridad del Gobierno.

El fluido que llegaría desde Vaca Muerta hasta Salliqueló podría ocupar el "espacio" en los caños del Gas Natural Licuado (GNL) que entra por Bahía Blanca, unos 13 MMm3/d, por lo que los técnicos oficiales deberán estudiar si no se necesita esa terminal de licuefacción activa en los inviernos próximos.

La construcción de los gasoductos tardaría entre 18 y 24 meses. La industria petrolera duda de la necesidad de avanzar al mismo tiempo, ya que mientras no exista la posibilidad de exportar el gas a gran escala, creen que no hay demanda interna suficiente en todo el año como para justificar la inversión estatal, que podría servir exclusivamente para cubrir los picos de consumo de cada invierno.

No obstante, una parte del Gobierno tiene otra visión: la demanda se puede impulsar con la gasificación del transporte (GNC y GNL para sustituir el gasoil, más contaminante), el almacenamiento subterráneo o la construcción de trenes modulares de licuefacción, como la planta de Peak Shaving de Naturgy en General Rodríguez.

El portal EconoJournal publicó que el cristinismo, que tiene el comando del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de Integración Energética Argentina (Ieasa, la ex Enarsa) quieren construir el gasoducto Néstor Kirchner con una parte de lo recaudado por el aporte solidario de las grandes fortunas, unos u$s 550 millones, pese a que la ley obliga a darle una asignación específica: invertir en conjunto con YPF en exploración y producción de gas.


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