En un escenario de menor actividad por la caída del consumo y la mayor competencia del courier, las restricciones para girar al exterior el pago de los fletes están dejando a los agentes de carga internacional locales en una posición desventajosa frente a multinacionales.
El reclamo fue planteado por la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.
Germán Graña, presidente de la entidad, explicó que la normativa de Exterior y Cambios del Banco Central habilitó el “pago a la vista” para abonar la mercadería importada, pero no alcanzó a los fletes. Por eso, mientras las importaciones de bienes se pueden pagar desde el momento de la puesta a bordo, el servicio de flete recién se abona en destino.
El problema no se presenta cuando el flete está incluido en la factura de origen, bajo modalidades como costo y flete (CFR) o costo, seguro y flete (CIF). En esos casos, el pago del transporte queda incorporado a la operación de importación y puede realizarse junto con la mercadería.
La dificultad aparece en operaciones bajo condiciones como FOB, FCA o Ex Works, en las que el importador contrata y paga el transporte por separado.
En esas situaciones, puede cancelar el valor de los bienes desde la puesta a bordo, pero el agente de carga argentino no puede pagar el servicio contratado en el exterior hasta el arribo de la mercadería y debe esperar hasta que el transporte llegue al país para girar los fondos.
Una desventaja para las pymes
Según Graña, muchos agentes de carga del exterior exigen cobrar cuando la mercadería sale del país de origen porque los operadores argentinos no cuentan con cuentas corrientes o plazos de financiación de 30, 60 o 90 días.
“Nos pone en una inferioridad de condiciones”, sostuvo el titular de la AAACI en diálogo con El Cronista.
La consecuencia es que el exportador puede ofrecerle al comprador argentino una operación bajo la modalidad costo y flete, con el transporte incluido en la factura. De esa manera, el importador resuelve el pago de los bienes y del flete en una sola operación, mientras que el agente de carga local pierde la posibilidad de intervenir.
El impacto, remarcó Graña, es mayor para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las multinacionales y los grandes operadores internacionales pueden recurrir a sus propias filiales, cuentas corrientes en el exterior o líneas de crédito internacionales para afrontar los pagos, aun cuando el medio de transporte todavía no haya arribado a la Argentina.
“Si estás hablando con una multinacional, con una empresa que tiene oficinas en todo el mundo o con una empresa grande que tiene acceso a financiación en el exterior, nosotros no podemos competir contra esas estructuras”, afirmó.
Para la AAACI, la situación podría corregirse con una comunicación del Banco Central que habilite el pago del flete “a la vista” -desde la puesta a bordo, aun cuando el transporte se abone en destino-.
Un reclamo que lleva un año
La entidad presentó por primera vez su planteo ante el Banco Central un año atrás y lo reiteró en mayo de este año. Hasta el momento, según Graña, no obtuvo una respuesta ni una reunión con funcionarios del organismo.
Ante la falta de convocatoria, llevó el reclamo a la Secretaría de Comercio, que cuenta con una mesa de trabajo vinculada con el Banco Central, y luego lo expuso ante los diputados.
Graña aclaró que la Secretaría de Comercio no es la autoridad de aplicación de la normativa cambiaria, aunque desde ese ámbito se comprometieron a trasladar el planteo al organismo monetario. “Entendimos que era algo razonable, pero ellos no nos podían prometer resultados”, explicó.
El dirigente también cuestionó la falta de coherencia del esquema. Para que el importador pueda pagar la mercadería, el sistema reconoce el documento de transporte —Bill of Lading, guía aérea u otro documento equivalente— como prueba de que la carga fue puesta a bordo.
“Si somos confiables para que el importador pueda pagar los bienes con nuestro documento de transporte, deberíamos ser confiables para que podamos pagar nosotros nuestro flete”, planteó.
“Sin entrar en política, creo que si no lo hace es porque no puede”, afirmó Graña dando cuenta de la falta de capacidad de divisas que aun asume el BCRA.
Además, explicó que las empresas tampoco pueden acceder libremente al mercado oficial para comprar las divisas necesarias y, si recurren al dólar MEP, quedan alcanzadas por una restricción cruzada que les impide ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios durante 90 días.
Una fuente reservada de la entidad monetaria, explicó que la falta de una respuesta formal no implica que el planteo no haya sido recibido o analizado entre los numerosos pedidos sectoriales para modificar las normas cambiarias. Aun así indicaron que se evalúa cada caso según su pertinencia y posibilidades de implementación.
En este caso, sostienen que los bienes y los servicios tienen tratamientos diferentes y que estos últimos —incluidos los fletes— deben pagarse una vez prestados. Aun así, indicaron que si no se habilitó es porque “no están dadas las condiciones”, aunque no descartan que pueda revisarse más adelante.
Menos operaciones y más presión
Los operadores de comercio internacional destacan una mejora general respecto del período en que regían la SIRA/SIRASE y otras restricciones para pagar servicios al exterior; aseguran que actualmente las transferencias vinculadas con los fletes pueden realizarse con mayor facilidad y que, en muchos casos, se acreditan al día siguiente.
Sin embargo, el sector enfrenta una menor cantidad de operaciones por la caída del consumo y de las importaciones, además de una fuerte presión para reducir costos. Las operaciones pequeñas son las más afectadas, porque muchas migraron hacia el régimen courier.
“Cada operación cuesta mucho más trabajo conseguirla y son menos en volumen mensual”, señaló.
El titular de la AAACI vinculó esa migración con otro de los temas discutidos ante Diputados: el bajo nivel de control sobre los envíos courier. Según explicó, parte de la mercadería que antes ingresaba mediante agentes de carga y despachantes ahora se canaliza por ese régimen, incluso cuando podría requerir la intervención de organismos como Anmat o controles de seguridad eléctrica.
