Con las elecciones nacionales cada vez más cerca, el oficialismo comenzó a trastabillar en su control del Congreso. La caída de la Ley de Tierras fue el puntapié inicial; le siguió una mayoría en Diputados que puso el foco en torno al endeudamiento y la paralización del Súper RIGI en la Cámara alta. Lo aliados hoy salen más caros, y están haciéndoselo saber al Ejecutivo.
Esta última semana en el Congreso, el oficialismo de la Cámara de Diputados debió acelerar la discusión en comisiones para buscar bloquear una sesión sobre la creciente morosidad en las familias.
De esta manera, el Ejecutivo espera desactivar la convocatoria de la oposición en la Cámara baja para la próxima semana y tratar los más de 36 proyectos de desendeudamiento que existen.
Sin embargo, el verdadero revés ocurrió en el Senado. Patricia Bullrich no logró avanzar con el dictamen del Súper RIGI en el Senado luego de que los aliados reclamaron cambios adicionales al texto que había sido negociado hasta este martes. Los senadores Maximiliano Abad, Carlos “Camau” Espínola y Martín Goerling se negaron a firmar y dejaron en suspenso una iniciativa clave para el Gobierno.
“Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, afirmó la presidenta del bloque libertario en diálogo con El Cronista, tras pasar a cuarto intermedio por la falta de firmes en su dictamen. En un primer momento los libertarios estaban convencidos que el dictamen salía, a pesar de que preveían ausencias debido a la falta de Senadores de provincias más alejadas de la Capital.
Pero el oficialismo no consiguió las 26 firmas para dar dictamen al proyecto de Federico Sturzenegger.
Entre los senadores que vaciaron la comisión estuvieron Flavio Sergio Fama, de la UCR; Alejandra María Vigo y Carlos Mauricio “Camau” Espínola, de Provincias Unidas; Andrea Marcela Cristina, del Frente PRO; Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza; Guillermo Eduardo Andrada, de Convicción Federal; Beatriz Luisa Ávila, del bloque Independencia; y Julieta Corroza, de La Neuquinidad.
“Voy a conseguir las firmas”, afirmó una voz clave del bloque libertario a El Cronista, pero las dudas no son menores.
Los cambios que exigieron los aliados son imposibles de conceder para el Ejecutivo.
Patricia Bullrich ya había concedido dos cambios clave con los cuales el Ejecutivo no estaba de acuerdo. Por un lado, se establecieron modificaciones al régimen de compre nacional y a los grandes centros de datos.
Estos cambios iban a hacer necesariamente que el proyecto vuelva a Diputados y el Ejecutivo no tenía los votos necesarios para insistir con la redacción original del texto de la ley.
Sin embargo, los aliados fueron por más, pidieron establecer una preferencia para las empresas nacionales aun cuando sus precios sean hasta un 15% superiores a los de los productos importados. Además, también reclamaron elevar el piso del compre nacional del 20% al 40% de cupo.
Desde el bloque libertario indicaron que estos cambios aún no fueron discutidos con Economía y que veían remota la posibilidad de que ocurran.
Otro agujero en la negociación se notó al día siguiente. El jueves el oficialismo consiguió el dictamen para biocombustibles, pero a costa de ceder a los pedidos de los gobernadores.
Las primeras modificaciones incluyeron mantener el corte de biodiésel en el 7,5% en un principio y subiría al 10% doce meses después de la entrada en vigencia de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarían la totalidad del mercado obligatorio.
El nuevo texto agrega un año de transición y eleva los porcentajes de los primeros tramos. También dispone que ninguna empresa ni grupo económico pueda concentrar más del 14% del segmento reservado. Además, se extendió el cupo para que las no integradas tengan margen hasta el año 2036 para adaptarse.
Más allá de que el Gobierno cedió a estos pedidos, la ley podría ser desmembrada en el recinto. Voces allegadas a las pymes aseguraron que dictaminaron sin el acuerdo del sector, y que no estaban de acuerdo con el cambio en el cupo del 7,5% al 3%. Asimismo, la presidenta de la comisión de Minería, Flavia Royón, puso su firma en el proyecto, pero no descartó que la ley puede sufrir modificaciones en el recinto.
“Acá lo importante es que tenemos un dictamen, y que con ese dictamen podamos ir a debatirlo en sesión. Puede haber modificaciones en el recinto”, afirmó la presidenta de la Comisión de Minería en diálogo con este medio.
Voces del oficialismo se mostraron enojados con Royón. “Le dieron la presidencia de la Comisión de Minería, las modificaciones que ella pedía y quieren más”, afirmó una voz allegada a un delegado de LLA ante la consulta de este medio. En este sentido, los oficialistas reconocieron que los aliados se están “vendiendo más caros”.
La cercanía con las elecciones y el panorama político va a hacer que “en tres meses ya no salga más nada”. Esta posición de dificultad tiene en alarma con respecto a la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Bullrich pospuso la discusión sobre la reforma política para el 14 de septiembre y recién el viernes por la tarde se cursó la citación para un día después, el 15, por parte del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA).
El síntoma del fortalecimiento de los aliados es claro para el oficialismo y no pasa desapercibido. “Faltan tres meses para el final de la agenda legislativas, todos juegan”, afirmó una voz clave. El problema para el Gobierno nacional no es solamente aprobar Súper RIGI, sino también si puede o no modificar el sistema electoral o por lo menos conseguir anular la primera batalla de agosto.
