El miércoles 15 el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2027, con las tradicionales estimaciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio promedio, ingresos y gastos. La Constitución le asigna al Congreso el poder de “fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”.
¿Sirve tal como está planteado hoy? Es una institución sagrada porque es el instrumento donde una sociedad discute, en números concretos, sus prioridades: cuánto se gasta, en qué, y quién lo paga. Ahí converge lo político con lo económico.
Es la expresión más clara del principio “no taxation without representation”, lema surgido en la previa a la independencia de los Estados Unidos en 1776 y luego con la sanción de su Constitución en 1787. El Congreso, que representa al voto popular, es quien autoriza tanto la recaudación como el gasto. Un límite al Ejecutivo.
Pero en la reforma de la Constitución en 1994 se cometieron errores. Uno de ellos es la figura de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) que no tenían hasta entonces base constitucional. El Ejecutivo no legisla pero aparecen excepciones. En lugar de especificar los casos en los que pueden dictarse los DNU, se define cuándo no pueden utilizarse que es cuando apuntan a lo penal, tributaria, electoral y régimen de partidos políticos.
Para el resto, manda el DNU. Un debilitamiento del Legislativo frente al Ejecutivo. Leyes valiosas que están siendo aprobadas por la actual administración están a tiro de DNU si llegara a hacerse cargo del Ejecutivo un gobierno populista.
Para adelante queda la tarea de reformar la Constitución e incluso sería provechoso blindar al BCRA en esa reforma como lo hizo Perú por ejemplo. Pero para ello falta demasiado.
