Mientras el Gobierno pisa la ejecución de obra pública y busca desprenderse de su administración, ya sea mediante privatizaciones o el traspaso a las provincias, la justicia lo fuerza a usar los fondos para el mantenimiento de al menos tres rutas nacionales.
La parálisis de la obra pública registró recortes de hasta 100% en algunas partidas vinculadas, lo que suscitó críticas del sector privado y la ansiedad de los gobernadores, sobre todo en épocas invernales. Si bien las transferencias eran puntuales, ahora se avanzó en redes viales, en paralelo con las privatizaciones en marcha.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional dio cuenta en su último reporte de que el 57% de la red vial está en estado regular o malo. Además, plantean que el relevamiento de la Dirección Nacional de Vialidad se ha recortado. Según sus estimaciones, “en tres años el tramo en estado Malo pasó de 23% a 31,8% y el Bueno cayó de 55% a 42,4 %”, mientras que la cobertura de la medición oficial pasó del 77,3% al 49%. La totalidad de las provincias mostraron vías en mal estado.
Provincias
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, concretaron el traspaso de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales a la provincia de San Juan. Así, el distrito gobernado por Marcelo Orrego se hará cargo del financiamiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y 41, por 20 años.
El Gobierno busca replicar el esquema aplicado en Santa Fe con el traspaso de la ruta nacional A012, para que las provincias se hagan cargo de los trabajos pendientes y el mantenimiento o privatización. El próximo paso es la transferencia a Catamarca con un acuerdo similar, el jueves 13 de agosto cuando los funcionarios nacionales viajarán a la provincia.
El amparo
El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a la acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad y ordenó a la entidad a reparar de manera inmediata e integral las rutas 7, 8 y 33 que atraviesa el departamento de General López, al sur de Santa Fe.
Entre los argumentos del magistrado puntualizaron el deterioro de la calzada y el riesgo que podía implicar para quienes circularan en ellas.
La ruta 33 es una de las vías relevantes de acceso a los puertos de Rosario, sistema que ya tuvo anuncios de inversión por parte de la provincia, que obtuvo financiamiento internacional para su mantenimiento, mientras que la 7 y la 8 son de tránsito hacia la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Ejecución
El Ejecutivo mantiene la disciplina fiscal con el sostenimiento de cortes en la ejecución presupuestaria. Uno de los puntos más castigados desde el inicio de la gestión es la obra pública, prácticamente paralizada. Según relevó el Centro de Economía Política (CEPA), la caída de la ejecución en áreas vinculadas a la inversión pública oscila entre el 77% y el 100%.
La Dirección Nacional de Vialidad registró una disminución del 83% en julio respecto del mismo mes de 2023, mientras que el Organismo Regulador de Aeropuertos (ORSNA) marcó una baja del 60%. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte observó una caída del 33% mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial experimenta un recorte del 48%.
Tampoco se registraron envíos a los programas de infraestructura en municipios y en el caso de la inversión en rutas nuevas y obras de pavimentación la caída de los envíos fue del 96%.
Hacia adelante, también genera preocupación el nivel de ejecución en Infraestructura Hídrica, con una caída del 85%, de cara a la llegada del fenómeno de El Niño, que se espera que sea el mayor en caudal de agua en años.
El Instituto Argentina Grande había advertido que el Gobierno ejecutó el 33% del total de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles, lo que implicó que se podrían haber invertido $ 1,3 billones más de los que efectivamente se destinaron a ese fin.
El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, había respondido al Congreso que “los recursos no ejecutados contribuyen al resultado global de las cuentas públicas”. El fin de semana pasado, La Nación reveló que la mayoría de los fondos del fideicomiso SisVial se volcaron a inversiones financieras: más de $ 1 billón se colocó en instrumentos y otros $ 37.000 millones quedaron inmovilizados en cuentas corrientes.
El actual vocero, Adrián Ravier, reflotó el tema en una entrevista que brindó a El Diario de La Pampa. Allí, habló sobre la posibilidad de la provincia para hacerse de regalías que le permitan avanzar en el mantenimiento de rutas y detalló que buscan ir al modelo que utilizó Chile para privatizaciones que habilitaron grandes inversiones de infraestructura.
“Ese tipo de obras, uno puede sacar dinero de impuestos, de contribuyentes y pagar la obra, pero Argentina está agobiada de impuestos, con altísima presión tributaria, y tenemos el desafío de equilibrar las cuentas, bajar los impuestos, mantener la infraestructura. Es demasiado para corregir en dos años y medio”, indicó.
Los diputados opositores Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz se sumaron a las críticas. El entrerriano planteó que el Ministerio de Economía desvió $ 1,1 billones del fideicomiso para obras, que tiene que recibir por ley el 28,58% de lo recaudado por combustibles, sino que también en dos años el Palacio de Hacienda retuvo $ 122.530 millones que debían transferirse a las provincias. Tolosa Paz, por su parte, hizo una denuncia penal contra Economía, la Dirección de Vialidad y el Banco Nación por presunto desvío de fondos e incumplimiento de deberes.
