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Durante buena parte del último año y medio el debate económico se concentró en una pregunta: si el ajuste fiscal era necesario y suficiente para estabilizar la economía argentina. El Gobierno nacional exhibió, a cambio, el superávit y la baja de inflación como principal resultado, pero algunos actores señalan que no se trató de un efecto tan virtuoso.
Un nuevo informe de uno de los bancos públicos más importantes propone correr la discusión hacia otro terreno: ¿Da lo mismo ajustar recortando obra pública que reduciendo otros gastos o bajando impuestos?
Según el documento, la composición del ajuste importa tanto como su magnitud. No todos los pesos que el Estado deja de gastar tienen el mismo impacto sobre la actividad económica y, en particular, la inversión en infraestructura tendría un efecto multiplicador superior al de otras partidas presupuestarias.
Algunos datos aportados grafican la situación: el gasto de capital se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 35 años. En la comparación por gobierno, el mínimo era 1996-1999 (bajo la presidencia de Carlos Menem) con 3,1% del PBI en el acumulado de cuatro años. sin embargo, entre 2024 y la primera mitad de 2026, la suma no llega al 1%.
“Si no cambia la tendencia, 2024-2027 tendrá los menores desembolsos de capital desde la vuelta de la democracia, según los datos del Ministerio de Economía”, señala el informe de la banca pública bonaerense.
La discusión no es nueva. De hecho, lleva décadas dividiendo a la profesión económica y enfrenta dos visiones casi opuestas sobre cómo reacciona una economía cuando el Estado reduce su participación.
El argumento del Bapro: la obra pública tiene un efecto distinto a otros gastos
El informe sostiene que la inversión pública posee uno de los mayores multiplicadores fiscales de toda la economía. La explicación es relativamente sencilla: cuando el Estado construye no sólo paga salarios y compra insumos, sino que también genera demanda sobre proveedores, transporte, servicios profesionales y actividades complementarias que continúan expandiéndose a medida que la obra avanza.
Ese efecto, sostiene el trabajo, suele ser mayor que el generado por una reducción equivalente de impuestos, ya que parte del alivio tributario puede destinarse al ahorro, a cancelar deudas o incluso a la compra de bienes importados, mientras que la inversión pública impacta directamente sobre la producción local.
El documento cita una amplia literatura académica que llega a conclusiones similares. Entre los trabajos más influyentes aparecen los de Olivier Blanchard y Roberto Perotti, quienes encontraron evidencia de que las variaciones del gasto público generan efectos más intensos sobre el producto que cambios equivalentes en la carga tributaria.
“Dicho de otra manera, si el gobierno hubiera reasignado partidas hacia el gasto de capital en lugar de haber usado el espacio generado para bajar impuestos, la contracción de la demanda interna habría sido sensiblemente menor”
La otra escuela: menos Estado hoy para que invierta el sector privado mañana
Pero esa conclusión está lejos de ser un consenso.
Existe otra corriente de pensamiento económico que sostiene exactamente lo contrario. Para autores como Alberto Alesina y Silvia Ardagna, el efecto de un ajuste fiscal depende menos del recorte puntual que de la confianza que logra generar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Desde esa perspectiva, un Estado que reduce de manera creíble su gasto disminuye el riesgo de futuras crisis fiscales, mejora las expectativas, baja el costo del financiamiento y crea condiciones para que la inversión privada ocupe el espacio que antes ocupaba el sector público.
En esa lógica, el impacto inicial del ajuste puede resultar contractivo, pero sería transitorio. Eso mismo fue lo que sostuvo el propio Fondo Monetario Internacional en su primer informe sobre la economía de Milei.
A medida que baja el riesgo país, disminuyen las tasas de interés y mejora la previsibilidad macroeconómica, las empresas comienzan a invertir y compensan el retiro del Estado.
Robert Barro llevó esa idea aún más lejos: los hogares anticipan que un mayor gasto público implicará mayores impuestos en el futuro, por lo que aumentan su ahorro en lugar de consumir más.
Bajo ese supuesto, la expansión del gasto pierde buena parte de su capacidad para estimular la economía.
El FMI también cambió el foco según el contexto
El propio Fondo Monetario Internacional muestra hasta qué punto ese debate depende de las circunstancias.
En el World Economic Outlook de octubre de 2014, publicado varios años después de la crisis financiera internacional, el organismo sostuvo que la inversión pública podía convertirse en uno de los motores más eficaces para acelerar el crecimiento cuando una economía atravesaba una recesión, contaba con recursos ociosos y podía financiar las obras sin comprometer la sostenibilidad de la deuda.
En ese escenario, el Fondo estimó que un dólar adicional destinado a infraestructura podía generar un aumento del producto superior al monto originalmente invertido, especialmente cuando los proyectos eran eficientes y existía capacidad ociosa.
Diez años después, el contexto argentino era completamente diferente.
Reconoció que una parte importante del superávit fiscal se había conseguido mediante fuertes recortes del gasto de capital —es decir, de la obra pública— junto con la reducción de subsidios y otras partidas del gasto.
Al mismo tiempo, el organismo admitía que esa estrategia tendría costos sobre la actividad, particularmente en sectores como la construcción, aunque proyectaba que esos efectos serían transitorios y serían reemplazados gradualmente por una recuperación impulsada por la estabilidad macroeconómica y una mayor inversión privada.
Lejos de representar una contradicción, ambos documentos muestran una posición relativamente consistente del Fondo: el impacto de la inversión pública depende del contexto macroeconómico, de la situación fiscal y de la capacidad de financiamiento de cada país.
Perspectiva electoral
Dos años después del inicio del programa económico, esa discusión volvió a instalarse y, además, puede tener su correlato en el debate electoral del próximo año.
El presidente Javier Milei ya aseguró que su intencionalidad está ligada a un ajuste “continuo” y no existen señales claras de que los gastos de capital puedan crecer de manera significativa en los próximos meses.
El peronismo, aún sin cohesión, insiste con la caída del consumo y habla de la recesión de la “construcción” como una de las causas del deterioro económico y de la tasa de empleo. Es probable que, tal como sucedió a partir de 2003, se propongan políticas expansivas del gasto de capital.
El informe del Banco Provincia sostiene que el retiro de la inversión pública tiene efectos persistentes sobre el crecimiento y pone en duda que la inversión privada pueda reemplazarla con la velocidad necesaria para compensar ese impacto.
La visión opuesta sostiene que esa sustitución requiere tiempo y que el verdadero beneficio del ajuste no debe medirse únicamente por la actividad de corto plazo, sino por la estabilidad macroeconómica, la baja del riesgo país y la recuperación del crédito.
