En medio de las negociaciones con los gobernadores por la reactivación de obras de infraestructura y el reparto de recursos, el Gobierno nacional aceleró este martes el proceso de concesión de rutas nacionales y buscó presentarlo como una muestra de recuperación de la actividad económica.

Con la economía paralizada y la recaudación en baja, la administración de Javier Milei busca exhibir avances en materia de infraestructura sin ampliar el gasto público.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, un paso más en el proceso para licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada.

“La Red Federal de Concesiones continúa el proceso para incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, por donde circula aproximadamente el 80% del tránsito del país”, sostuvo el funcionario.

En esta etapa se licitan ocho corredores que atraviesan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

La tercera etapa de la Red Federal de Concesiones comprende 3.918 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho corredores estratégicos. Según detalló Caputo, se licitan el Tramo Centro (RN 9, 19 y 34), Mesopotámico (RN 12 y 18), Centro-Norte (RN 34), Noroeste (RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016), Litoral (RN 12 y 16), Noreste (RN 12 y 105), Chaco-Santa Fe (RN 11) y Cuyo (RN 7).

A pesar de ello, el alcance del esquema abre interrogantes, aun si el plan se completa, abarcará apenas una cuarta parte de la Red Vial Nacional.

El anuncio fue reforzado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que el proceso “va completando la privatización de la red troncal de transporte vial”.

El funcionario lo definió como “un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”.

Además, Stuzenegger destacó la participación de 21 oferentes, que presentaron 48 ofertas económicas.

El avance de las concesiones coincide con una nueva etapa de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, luego de que el Gobierno comenzara a destrabar obras públicas consideradas prioritarias para las provincias.

Los libertarios habilitan mecanismos para que algunas puedan continuar con financiamiento propio o mediante esquemas de participación privada.

La apuesta oficial es mostrar que la infraestructura puede volver a moverse sin recurrir al modelo tradicional de obra pública financiada íntegramente por el Estado.

El mensaje también busca reforzar uno de los ejes económicos del Gobierno, que la recuperación de la actividad esté impulsada por la inversión privada y no por el gasto público.

Sin embargo, el principal cuestionamiento al esquema radica en su alcance.

La Red Vial Nacional tiene alrededor de 40.000 kilómetros, mientras que el programa de concesiones contempla unos 9.000 o 10.000 kilómetros. Es decir, incluso si el proceso concluye según lo previsto, cerca de 30.000 kilómetros quedarán por fuera del sistema de concesiones.

En esos corredores, muchos de gran extensión y sin rentabilidad, seguirá siendo necesaria la intervención de Vialidad Nacional para realizar tareas de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción.

En muchos casos se trata de rutas con bajo tránsito, donde el cobro de peajes no genera ingresos suficientes para hacer viable una concesión privada.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa el rol que tendrá la obra pública en los próximos años y el margen de negociación que la Nación mantendrá con las provincias para financiar proyectos considerados estratégicos.