En esta noticia
Mientras gran parte de la discusión del Presupuesto 2027 gira alrededor del equilibrio fiscal, la obra pública y las partidas para universidades o defensa, el proyecto de ley incorpora un capítulo específico para uno de los sectores estratégicos, tanto para las empresas como para los ciudadanos de a pie, tal como es el sistema ferroviario.
El texto mantiene un amplio régimen de beneficios impositivos para importar trenes, repuestos, sistemas de señalamiento y equipamiento destinado tanto al transporte de pasajeros como de cargas, con el objetivo de facilitar la renovación de la infraestructura ferroviaria sin encarecer los proyectos por la carga tributaria.
El esquema alcanza tanto al Estado nacional como a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y las principales empresas públicas del sector, entre ellas la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Operadora Ferroviaria (SOFSE), Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).
Qué bienes podrán seguir importándose con beneficios fiscales
El artículo 64 del proyecto establece que continuarán exentas del pago de derechos de importación, IVA, impuestos internos y distintas tasas aduaneras una extensa lista de bienes vinculados al sistema ferroviario.
Entre ellos figuran:
- material rodante para trenes y subtes;
- locomotoras y vagones;
- repuestos y componentes;
- equipos para mantenimiento de vías;
- sistemas de señalamiento y frenado;
- transformadores, rectificadores y equipamiento eléctrico;
- cables, tercer riel y sistemas de catenaria;
- rieles, aparatos de vía y fijaciones;
- herramientas, maquinaria y equipos informáticos destinados a la operación ferroviaria.
La exención también alcanza a los servicios prestados desde el exterior para la puesta en marcha, el soporte técnico y la capacitación vinculada con ese equipamiento, una medida que busca reducir el costo integral de los proyectos de modernización.
Un beneficio con condiciones
El régimen, sin embargo, no implica una apertura irrestricta de las importaciones.
El propio proyecto establece que los beneficios sólo podrán aplicarse cuando la industria nacional no se encuentre en condiciones de fabricar esos bienes, condición que deberá ser determinada por el Ministerio de Economía antes de autorizar la operación.
Además, la mercadería ingresada bajo este esquema no podrá venderse libremente.
Los bienes deberán permanecer afectados al proyecto para el cual fueron importados y no podrán transferirse a terceros durante un plazo de cinco años, salvo que se trate de otros organismos comprendidos dentro del sector público nacional.
El foco está puesto en la infraestructura
El alcance del beneficio muestra que el objetivo del Gobierno no se limita a la compra de nuevos trenes.
La lista de bienes comprende buena parte de los componentes necesarios para renovar integralmente una red ferroviaria: sistemas eléctricos, infraestructura de señalamiento, talleres, equipamiento de mantenimiento y obras de electrificación, además del material rodante propiamente dicho.
En la práctica, el régimen busca reducir el costo de los proyectos de inversión vinculados tanto al transporte de pasajeros como al de cargas, un segmento que el Ejecutivo considera clave para mejorar la logística y la competitividad de distintas economías regionales.
Aunque no se dan pistas en específico, sigue flotando en el aire la posibilidad de un avance concreto en Vaca Muerta. Un ferrocarril desde el Atlántico hasta Añelo podría bajar costos en un 50% y aliviar las rutas que se encuentran sobrecargadas por el transporte de los insumos que se usan en la extracción del shale-oil.
Hasta cuándo regirán los beneficios para mejorar los trenes
El beneficio no queda abierto de manera indefinida.
El proyecto fija como límite el 31 de diciembre de 2027 para las órdenes de compra alcanzadas por el régimen, por lo que las importaciones deberán encuadrarse dentro de ese plazo para acceder a las exenciones tributarias previstas.
En un Presupuesto atravesado por el objetivo de sostener el equilibrio fiscal, el capítulo ferroviario muestra una de las pocas áreas donde el Gobierno opta por mantener incentivos específicos.
La apuesta no pasa por aumentar el gasto directo, sino por abaratar la incorporación de bienes de capital considerados indispensables para renovar la infraestructura ferroviaria y de subterráneos, siempre que no exista oferta equivalente de producción nacional.
