Dentro de dos semanas la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado empezará a tratar la “Reforma Electoral Integral” que el Gobierno envió al Congreso en abril, en búsqueda de, sobre todo, conseguir que no haya PASO en el 2027, para cuando el presidente Javier Milei buscará su reelección.
El texto toca seis ejes -partidos políticos, financiamiento, Parlamento del Mercosur, simultaneidad de elecciones, Ficha Limpia y la eliminación definitiva de las PASO-, pero dejó sin resolver un punto que empezó a inquietar puertas adentro del oficialismo: qué pasa con el debate presidencial obligatorio si desaparece el mecanismo que hoy define quién tiene que participar.
La Ley 27.337, sancionada en 2016, establece que los debates son obligatorios para todos los candidatos a presidente cuyas agrupaciones hayan superado el 1,5% de los votos válidos en las PASO. Ese piso es la llave que abre la puerta: sin PASO, no hay número de referencia, y sin ese número, el artículo que define quién está obligado a subirse al escenario queda directamente inaplicable.
El proyecto de reforma deroga todo el régimen de primarias en su Título II, pero no modifica ni reemplaza ese artículo de la ley de debates. En los hechos, tal como está redactado hoy, el texto elimina el mecanismo que hace funcionar la obligatoriedad sin poner nada en su lugar.
No es un detalle menor. El debate presidencial, desde su primera edición en 2015, se convirtió en uno de los rituales democráticos con alto impacto de audiencia: la edición de aquel año llegó a 54 puntos de rating en el balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli.
La ley de 2016 buscó garantizar que ese cara a cara no dependiera de la voluntad de cada candidato, sino que fuera obligatorio bajo sanción: quien no participa pierde sus espacios de publicidad audiovisual y su lugar en el escenario queda vacío para “denotar su ausencia”.
El problema de fondo no es solo técnico, es también un problema de diseño político: ¿cómo se define, sin primarias, qué candidato tiene relevancia suficiente como para ser obligado a debatir? La experiencia internacional ofrece al menos tres modelos distintos, y ninguno se parece demasiado al que tenía la Argentina.
En Estados Unidos, la organización de los debates presidenciales no está en manos del Estado sino de una entidad privada y bipartidista, la Comisión de Debates Presidenciales (CPD). El criterio de acceso no tiene nada que ver con elecciones internas: un candidato clasifica si promedia al menos 15% de intención de voto en cinco encuestas nacionales de organizaciones reconocidas, en la etapa previa a cada debate.
Este modelo de encuestas no existió desde el principio: en 1960, en el clásico debate televisivo de John F. Kennedy y Richard Nixon, el intercambio resultó de una negociación directa entre ambos partidos y las grandes cadenas de televisión: requirió de la suspensión especial de la Ley de Comunicaciones para omitir la obligación de citar a partidos minoritarios.
El filtro de la opinión pública nació en los ´80, cuando la organización civil League of Women Voters fijó por primera vez el piso de intención de voto para habilitar al candidato John Anderson. Para evitarlo, siete años después los partidos Demócrata y Republicano crearon la CPD, una entidad bipartidista que institucionalizó la regla con las cinco encuestas que, en definitiva, lo convirtieron en una barrera casi infranqueable para terceras fuerzas.
Por otro lado, en buena parte de Europa el criterio dominante es la representación parlamentaria obtenida en la elección anterior. En Alemania, por ejemplo, los canales públicos suelen limitar la invitación a los candidatos a canciller de los partidos que ya tienen bancas relevantes en el Bundestag. Es un modelo que privilegia la trayectoria institucional del espacio político por sobre su fotografía de público en el momento de la campaña, y que en general no está fijado por ley sino por las propias reglas editoriales de los canales de radiodifusión, que actúan bajo un principio de “pluralismo proporcional” a la representación existente.
América Latina, por su parte, tiende a un tercer camino, más inclusivo. En México, el Instituto Nacional Electoral organiza debates obligatorios para todos los candidatos presidenciales registrados, sin ningún piso de encuestas ni de representación previa: alcanza con haber oficializado la candidatura.
Chile sigue una lógica similar, con debates organizados por el Servicio Electoral o por consorcios de medios privados abiertos a toda candidatura validada. Brasil, por otra parte, vincula el tiempo de exposición en los debates al “fondo partidario” y a la cantidad de bancas que cada partido tiene en el Congreso, un criterio más cercano al europeo.
Cada uno de esos modelos, trasladado a la Argentina de 2023, hubiera dejado a Javier Milei en un lugar distinto. El propio recorrido del actual Presidente sirve como caso de estudio de lo que está en juego: si en aquel momento hubiera regido un criterio de representación parlamentaria previa, al estilo europeo, La Libertad Avanza llegaba a la campaña presidencial con apenas dos diputados nacionales, los que había conseguido en 2021.
Fue precisamente el filtro de las PASO el mecanismo el que le permitió a Milei acreditar, en agosto de 2023, que era la fuerza más votada del país y clasificarse sin discusión para el debate presidencial de ese año. Es, por caso, el argumento que sostiene el bloque PRO para no avanzar en la eliminación de las Primarias. “Tanto Macri como Milei surgieron de las PASO como alternativa al kirchnerismo”, analizó el diputado Cristian Ritondo.
Es la paradoja es la que hoy tienen que resolver los libertarios que redactan el dictamen: “Todavía no hay propuesta, no hay un esquema diseñado. Yo trabajé ambas opciones -encuesta y representación parlamentaria-, pero en modo ´qué hacemos´“, sostuvo una fuente de La Libertad Avanza en diálogo con El Cronista.
Cualquier modelo que reemplace a las PASO como filtro para el debate corre el riesgo de excluir, en el futuro, a una fuerza nueva con el mismo perfil disruptivo que tuvo Milei en 2023. Lo que amortigua la decisión es el que hecho de que lo más probable es que las negociaciones resulten en una suspensión y no eliminación de las PASO, por lo que la alternativa para del debate presidencial se presentará entonces como una excepción.
La opción más viable, según otras fuentes del oficialismo consultadas por este medio, es que en ese caso el debate presidencial sea voluntario por única vez -lo cual implicaría suspender la ley que lo hace obligatorio- para que cada candidato decida si se expone o no. Estaría en manos del Presidente, entonces, de volver a someterse ante un debate con sus contrincantes y revivir aquel “por sí o por no” del 2023.
