Fuente: NA
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Primero fue la banquina. Después, el choque. Y ahora, una jubilada endeudada con tres créditos. Hernán Lacunza volvió a poner el foco sobre la mora de las familias y, después de su cruce público con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, decidió profundizar el argumento: para el economista, que una deuda sea un contrato entre privados no significa que el Estado deba desentenderse del problema.
Lacunza ya había utilizado la metáfora de un accidente de tránsito para cuestionar la idea de que el endeudamiento y su eventual refinanciación son exclusivamente un asunto entre particulares. Bausili había salido a responderle y lo había acusado de transformar “una disputa económica entre privados” en una supuesta falta de supervisión.
Pero el debate no terminó ahí. En una entrevista radial, Lacunza volvió sobre el tema y hoy domingo aclaró su planteo: no pide que el Estado pague las deudas ni que se rescate a los deudores con dinero público. Sí considera que puede haber una intervención para ordenar el escenario, facilitar acuerdos y evitar que millones de personas queden afuera del sistema.
“Un choque en la calle no es un problema entre privados, pero después interviene el Estado”, explicó. “Con la policía, la justicia si hace falta, ambulancia seguido”, advirtió.
La comparación no es casual. Lacunza la viene repitiendo como forma de explicar su posición sobre la mora: dos particulares pueden protagonizar el problema, pero eso no impide que existan reglas, controles o mecanismos públicos para encauzar las consecuencias. En el crédito, sostiene, debería ocurrir algo parecido.
La historia de la jubilada que encendió otra vez el debate
Esta vez, además, Lacunza puso sobre la mesa una historia concreta. En X compartió el relato de un colega sobre una jubilada de 76 años que, según contó, había terminado con tres créditos de un mismo banco, con cuotas descontadas directamente de su jubilación.
La mujer, de acuerdo con el relato, había aceptado inicialmente un préstamo. Luego recibió llamados telefónicos y terminó tomando otros dos. Cuando el familiar que la ayudaba revisó su cuenta, advirtió que los descuentos representaban una parte muy importante de sus ingresos.
El caso también incluía una penalidad por cancelación anticipada. El familiar decidió pagar la deuda y consiguió que el banco eliminara una de las penalidades, aunque debió afrontar otra.
Lacunza compartió la historia para marcar una diferencia que considera central: defender el crédito no significa aceptar cualquier condición bajo la cual se otorga.
“Es bueno que haya crédito. Pero también hay abusos como este”, escribió.
Y allí aparece uno de los puntos que el economista busca instalar en la discusión: la asimetría de información entre quien presta y quien toma el dinero. En su relato, la mujer tenía conocimientos financieros limitados y terminó aceptando operaciones telefónicas cuyo costo, según Lacunza, no comprendía plenamente.
“Es muy fácil engañar o abusar de la gente que no es experta en finanzas”, sostuvo después en la entrevista.
El problema de las tasas: “Eso es un abuso”
Lacunza también puso el foco en el costo del financiamiento. Según planteó, existen operaciones con tasas extremadamente elevadas que pueden terminar haciendo inviable el repago.
“Hay tasas de 700 por 100”, afirmó, y explicó que en esos casos el deudor puede terminar teniendo que devolver varias veces el monto originalmente solicitado. “Eso es un abuso”, concluyó.
Su propuesta no pasa, sin embargo, por establecer una prohibición general sobre las tasas ni por cerrar el mercado de crédito. Su primera respuesta apunta a algo menos disruptivo: información.
Lacunza comparó la situación con la obligación de exhibir precios en otros mercados. Si un consumidor puede conocer cuánto cuesta un producto en distintos supermercados, planteó, también debería poder comparar de manera sencilla cuánto le cobra cada entidad financiera por un préstamo.
“Lo mismo en el sistema financiero”, explicó. La idea sería mostrar de manera transparente las condiciones que ofrece cada banco para que el consumidor pueda comparar antes de endeudarse.
El argumento cobra mayor peso, según Lacunza, por la dificultad de anticipar cuánto terminará costando un crédito. Para evaluar una deuda a dos o tres años hay que proyectar ingresos, inflación y tasas de interés.
“Nos cuesta a los economistas, que supuestamente estamos todo el día con esto”, reconoció.
Por qué la baja de la inflación también cambia el problema
El otro elemento que Lacunza incorporó a su diagnóstico es el cambio en el escenario inflacionario.
Durante los períodos de inflación elevada, las cuotas de un préstamo pueden perder peso en términos reales a medida que pasan los meses. Cuando la inflación baja, ese efecto de licuación se reduce y las obligaciones pueden conservar una carga mayor sobre los ingresos.
Para Lacunza, esa modificación se suma a otros factores: condiciones de oferta, falta de información, escasa educación financiera y decisiones de los propios consumidores.
Lacunza, entre las coincidencias con el Gobierno y los matices
El debate también expone el lugar que ocupa Lacunza en el mapa político. Economista y exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, actualmente se postula a la Presidencia y mantiene una intervención frecuente sobre la política económica.
Su posición frente al Gobierno de Javier Milei no es de rechazo total. En términos generales, comparte objetivos vinculados con la estabilización y con una economía con mayor protagonismo del mercado. Pero periódicamente introduce críticas o matices sobre cuestiones que considera relevantes para la sostenibilidad del programa.
La discusión sobre el endeudamiento de las familias es uno de esos casos.
