Pese al respiro que le dio al Gobierno la recaudación de septiembre, que creció en términos reales cerca de 3,7%, la política de ajuste del gasto se sostuvo y se profundizó un recurso de caja: dilatar los pagos.
El ajuste fiscal del Gobierno fue más intenso de lo que refleja la trayectoria del gasto, según señala un informe del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (IARAF).
Mientras el gasto primario devengado —que registra las obligaciones asumidas por el Estado— mostró una caída real interanual del 3,01% entre enero y septiembre, el gasto efectivamente pagado retrocedió 3,55%. Esa diferencia es la que explica una mayor postergación de pagos. Esto es lo que se llama la “deuda flotante” del Estado.
El informe de IARAF, que dirige Nadín Argañaraz, compara la ejecución del gasto bajo dos metodologías. El gasto devengado registra el momento en que el Estado contrae una obligación, mientras que el gasto pagado refleja cuándo ese compromiso se cancela efectivamente. Cuando el pago queda por debajo de lo devengado, se genera deuda flotante, es decir, obligaciones pendientes de pago.
La postergación de septiembre
Con esa metodología, el gasto devengado acumuló entre enero y septiembre $102,9 billones, mientras que el gasto pagado alcanzó los $99,8 billones. La diferencia supera los $3,1 billones. Sin embargo, ese monto no equivale necesariamente al stock total de deuda flotante del Estado. Se trata de la brecha acumulada entre ambas mediciones durante los primeros nueve meses del año y puede incluir obligaciones que se cancelen más adelante, así como pagos de compromisos correspondientes a ejercicios anteriores.
La divergencia fue particularmente marcada en septiembre, según el análisis de IARAF. Ese mes, el gasto devengado registró una suba real interanual del 5,2%, hasta los $13,97 billones, mientras que el gasto pagado cayó 2,1% real y totalizó $12,93 billones. En otras palabras, el Estado comprometió recursos por más de $1 billón por encima de los que efectivamente desembolsó durante ese mes.
De esta forma, la postergación de pagos se intensificó en septiembre. Sólo ese mes, la diferencia entre el gasto devengado y el efectivamente pagado superó el billón de pesos, equivalente a cerca de un tercio de la brecha acumulada en los primeros nueve meses del año.
Para el IARAF, esta diferencia implica que “el ajuste real habría sido en consecuencia más intenso en el gasto pagado”. Es decir, la reducción del dinero que efectivamente salió de la caja del Estado fue mayor que la observada al analizar los compromisos asumidos por la administración nacional.
La diferencia entre ambas mediciones también modifica la lectura sobre la evolución del gasto público. Mientras en septiembre el gasto comprometido mostró un crecimiento real respecto del mismo mes del año pasado, el gasto efectivamente pagado continuó en terreno negativo. En la práctica, el Gobierno sostuvo la política de contención del gasto no sólo reduciendo partidas, sino también postergando parte de los desembolsos.
Los pagos que más cayeron
Al desagregar el gasto pagado de septiembre, las mayores caídas reales se verificaron en las transferencias a provincias y municipios (-26,9%), las transferencias a otras entidades del sector público (-28%), las ayudas sociales y asignaciones familiares (-24,6%) y la inversión en bienes de uso (-11,6%).
En sentido contrario, aumentaron los pagos por jubilaciones y pensiones (7,6%), las transferencias a universidades nacionales (6,5%) y otras transferencias al sector privado, rubro que incluye subsidios económicos.
De esta forma, la “motosierra” que es símbolo para Javier Milei de su política fiscal siguió enfocada en las mismas partidas que explicaron el ajuste fiscal desde el inicio del año.
Las transferencias a provincias y municipios volvieron a encabezar las bajas, con un desplome real del 60,3% en los primeros nueve meses, seguidas por la inversión en bienes de uso (-23,1%), que incluye la obra pública. También continuaron retrocediendo las ayudas sociales (-12,5%), las transferencias a otros organismos del sector público (-9,1%) y los gastos en personal (-4,3%). Del otro lado, las jubilaciones crecieron 1,9% en términos reales y los subsidios económicos, contabilizados dentro de otras transferencias al sector privado, aumentaron 27,4%.
