La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue en Buenos Aires para concluir la tercera revisión del acuerdo firmado en abril del año pasado. A diferencia de otras oportunidades, la meta fiscal es la que siembra las mayores dudas. En paralelo, el Fondo recoge comentarios del sector privado, que mira con preocupación la llegada de El Niño, y la economía pre electoral.
El fenómeno climático, que se espera que tenga sus principales efectos en Argentina durante el verano, se lleva los ojos en la región. Para Latinoamérica se espera un mayor impacto hacia el centro en términos de inundaciones, mientras que hacia el sur podría implicar mayor producción del agro.
Con eso en mente, el FMI consultó al sector privado que ratificó las proyecciones. El sector informó al organismo que espera alcanzar récords en producción y áreas sembradas.
Para la campaña actual, reportaron que operaron con precios entre un 18% y un 23% superiores a los de la campaña anterior.
Hacia adelante, aseguraron que la mejora en la rentabilidad que implica la baja de retenciones les da mayores márgenes de ganancia, lo que implicaría una mayor producción, en particular de cara a la suba de insumos fundamentales, como el precio del gasoil que se mantiene en niveles altos a raíz de las tensiones en Medio Oriente.

Este El Niño sería el de mayor intensidad desde los 80, esperan desde el sector, y tendría su pico máximo hacia un período clave de la campaña, entre los meses de noviembre y enero. Las lluvias por encima de lo habitual, en particular en la región centro, alimentan las expectativas de sumar áreas de siembra.
Con este escenario, le mostraron al FMI que esperan alcanzar exportaciones por u$s 41.497 millones con la campaña 2026/2027, un aumento de más del 6% medido en montos. Este mayor ingreso de divisas será fundamental en un año en el que se espera una suba de la presión cambiaria por la demanda habitual de los años electorales.
También, dará margen para una mayor acumulación de reservas. El Gobierno superó la meta acordada para este año de u$s 10.000 millones de compras, mientras que para el año que viene la meta es de u$s 11.000 millones, los cuales se alcanzan sin considerar las líneas de swap con China y Estados Unidos, los seguros de depósitos, los requisitos de reserva sobre depósitos en divisas y otros pasivos de reservas.
La visita del FMI estuvo rodeada de indicadores disonantes: la caída de la actividad y el aumento de la tasa de pobreza a lo que se sumó la suba del riesgo país, que encontró alguna calma recién este martes.
Fue en este contexto en que, en diálogo con empresarios, el FMI retomó las consultas por las expectativas para la economía pre electoral, o cómo esperan que llegue al año próximo la actividad. Esa duda recorrió la semana y las principales encuestas, que se consagraron en la baja del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, baja que el Gobierno relativizó. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el índice de Javier Milei para un tercer año de mandato se ubica por encima del de gestiones anteriores.
El frente fiscal se lleva la marca en esta revisión. La diputada de Unión por la Patria y directora del Centro de Economía Política (CEPA), Julia Strada, dijo que es probable que el Gobierno solicite un waiver para la meta fiscal ya que, según sus estimaciones, faltó acumular $ 573.974 millones en el superávit.
En el primer semestre del año, el Gobierno acumuló un superávit primario de $ 6,29 billones, quedando $ 0,57 billones por debajo de la meta del 30 de junio, de $ 6,86 billones, consideró Strada, quien anticipó que la meta anual estaría bajo presión.
“Dado que el segundo semestre suele aportar apenas un tercio del resultado fiscal anual, el cumplimiento de la meta de fin de año queda severamente comprometido. La meta de diciembre exige un superávit primario de $ 16,3 billones. La proyección por estacionalidad es que el superávit primario acumulado del año alcanzaría $ 12,14 billones (faltarían $ 4,16 billones para cumplir la meta”, agregó Strada, quien subrayó que en el Presupuesto se plasmó un superávit de $ 15 billones, también por debajo de lo acordado.

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