El Gobierno amplió de manera significativa el listado de sustancias consideradas estupefacientes bajo el régimen legal argentino. A través del Decreto 122/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, se incorporaron 254 nuevas sustancias al Anexo I del Decreto 560/2019, que enumera de forma taxativa los compuestos que el Código Penal considera estupefacientes. La medida representa, según consigna el propio texto normativo, “la mayor ampliación del listado taxativo de sustancias individuales” desde la entrada en vigencia de aquel decreto hace casi seis años. La reforma tiene su base jurídica en el artículo 77 del Código Penal de la Nación, que faculta al Poder Ejecutivo a actualizar periódicamente mediante decreto las listas de sustancias que caen bajo la órbita de la Ley 23.737, la norma que tipifica los delitos y establece las penas vinculadas al tráfico y consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Con el nuevo decreto, el listado total de sustancias controladas asciende a 886, tras sumar las 254 del Decreto 122/2026 a las 632 que ya figuraban en el Anexo I luego de las actualizaciones realizadas por los Decretos 635/2024 y 1130/2024. Las nuevas incorporaciones abarcan un espectro amplio de familias químicas y farmacológicas. Entre las 254 sustancias incluidas se cuentan: El decreto destaca especialmente la presencia de análogos del fentanilo, cuyo tráfico ilícito motivó incluso la creación, en 2024, de una Mesa específica de prevención en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. La iniciativa surgió de un análisis técnico realizado de manera conjunta por expertos del Programa contra las Drogas Sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur, y por la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional. Ese trabajo adoptó como criterio central la verificación de la circulación efectiva de las sustancias en el territorio, acreditada a través de procedimientos de incautación de las Fuerzas de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como por pericias y reportes toxicológicos en actuaciones judiciales. La norma también toma en consideración los datos del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), creado en 2023 para detectar en forma precoz drogas emergentes y nuevas modalidades de consumo, y los reportes de organismos internacionales como la Agencia Europea de Drogas, la DEA de Estados Unidos y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). En este marco, la norma define como de “relevancia toxicológica” a aquellas sustancias que, más allá de su origen lícito o ilícito, presentan potencial neurotóxico, depresor, estimulante, disociativo, alucinógeno o psicoactivo, y que pueden generar dependencia, intoxicaciones agudas, sobredosis, trastornos psiquiátricos o daño neurológico crónico. Un aspecto destacado de la medida es que no se limita a sustancias producidas clandestinamente. El Decreto 122/2026 también incorpora fármacos de uso terapéutico con prescripción médica obligatoria que registran desvío comprobado hacia circuitos ilícitos o usos recreativos, lo que refleja una preocupación creciente por el tráfico de medicamentos desde farmacias, hospitales y veterinarias hacia el mercado negro. El texto advierte que el uso no terapéutico de estos compuestos suele asociarse al policonsumo con otras sustancias psicoactivas o con alcohol, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos graves. Con este decreto, el Gobierno busca dotar a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial de herramientas actualizadas para perseguir el tráfico de drogas sintéticas en un contexto en que, según advierte la propia ONUDD, el número exacto de nuevas sustancias psicoactivas en circulación a nivel global aún se desconoce y su expansión no se detiene.
