La firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y su posterior ratificación en el Congreso argentino marcaron un punto de inflexión en la política exterior del Gobierno libertario que hoy celebra “hitos” en exportación y busca captar inversión.
El acuerdo subsistió a pesar de dos posturas que parecían inamovibles dentro del dogma del presidente Javier Milei: su rechazo ideológico a la agenda ambiental y su escepticismo histórico sobre la utilidad del Mercosur, recrudecido por su interés en avanzar de forma bilateral en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Fuentes extraoficiales de la Cancillería argentina aseguran que las mesas técnicas y los equipos diplomáticos debieron desplegar una silenciosa tarea de persuasión para “convencer” al mandatario de permanecer en el bloque.
El argumento fue pragmático: romper con el Mercosur para allanar un pacto con Washington implicaba quedar marginados de la mesa de negociaciones y perder el acceso preferencial a un mercado de alto valor agregado.
Los técnicos hoy celebran los resultados de haber sostenido la posición: la Argentina logró captar la mayor parte de la cuota de carne acordada, un activo central para el Mercosur.
Al final, la necesidad de incrementar el ingreso de divisas y la promesa de inversiones productivas de largo plazo le torcieron el brazo a las banderas discursivas del primer mandatario.
El disciplinamiento ambiental
Tras el quiebre de la globalización tradicional y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, el tratado dejó de ser para la Unión Europea una simple negociación arancelaria de intercambio de bienes para transformarse en una necesidad geopolítica de primer orden, explicaron a El Cronsita altas fuentes de la diplomacia en la UE.
Europa busca con urgencia diversificar sus proveedores estratégicos para reducir su dependencia de potencias rivales o inestables como Rusia o China que “pueden bajar la palanca de un día para el otro”.
En este escenario, la predisposición de Milei hacia la apertura comercial facilitó la reactivación de las conversaciones. Sin embargo, al inicio de la gestión la retórica pública oficial contra el Pacto Verde y la Agenda 2030 de la ONU instaló fuertes dudas en el Parlamento Europeo, según señalaron las fuentes en Bruselas.
Para blindar el tratado, los negociadores comunitarios diseñaron una arquitectura jurídica donde las cláusulas de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático operan, por primera vez en la historia de la UE, como “elementos esenciales” (essential clauses). Esto significa que el quebrantamiento o la salida de dicho pacto ambiental faculta a cualquiera de las partes a rescindir el acuerdo comercial de forma automática.
El mensaje que llegó al Palacio San Martín, en Buenos Aires, fue directo: si la Argentina emulaba la estrategia de Donald Trump de abandonar los compromisos climáticos globales, el acuerdo caía de inmediato por su propio peso legal.
Ante el riesgo inminente de perder beneficios aduaneros clave para el sector agroexportador —como la codiciada Cuota Hilton o el ingreso sin aranceles de granos—, la administración debió asimilar los límites del factor ideológico.
La oferta de inversión
La pulseada real del acuerdo no se limita a la rebaja de aranceles, sino al direccionamiento del financiamiento internacional. La Unión Europea coordina su estrategia de inversiones mediante el programa Global Gateway, un fondo específico que contempla una asignación presupuestaria prioritaria para el Mercosur. Pero la burocracia europea se rige por metas de descarbonización estrictas, por lo que Vaca Muerta queda fuera de sus prioridades.
Este posicionamiento delimita una frontera clara para los fondos públicos europeos. En cambio, en Bruselas despierta mayor entusiasmo el diseño del “super RIGI” local, siempre y cuando se enfoque en la industrialización de los recursos. “No queremos ir, sacar los recursos, y salir”, resumen los técnicos en la capital belga. En concreto, la UE no destinará un solo euro de sus fondos públicos a los hidrocarburos fósiles de transición, dejando ese interés a merced del capital privado.
La chequera institucional europea priorizará cofinanciar la infraestructura del futuro: el desarrollo del hidrógeno verde, la explotación sustentable de minerales críticos como el litio y el cobre, y el potencial eólico en la Patagonia, clave para compensar el impacto de la huella de carbono.
Bajo la premisa de que el mayor contaminante urbano es el sistema de transporte, los funcionarios europeos incluso han puesto el foco en el financiamiento de la postergada “Línea F” de subte en la Capital Federal; todo bajo la perspectiva de que el país no salte “de proyecto en proyecto” sino que trace una hoja de ruta clara hacia la electrificación.
La propuesta de Bruselas combina tecnología y el financiamiento del Global Gateway con el traspaso de su propia experiencia regulatoria para unificar el mercado eléctrico a nivel regional.
La decisión tiene un trasfondo geopolítico: en su plan de consolidar socios industriales en América Latina, Europa sabe que tanto la Argentina como sus vecinos necesitan redes de alta tensión capaces de soportar y distribuir de manera eficiente las nuevas energías renovables.
El dilema industrial y el riesgo chino
El acuerdo pone bajo la lupa un desafío estructural para la economía argentina: romper con la inercia de ser un solo un exportador de materias primas e importador de bienes industrializados terminados.
Actualmente, el desincentivo del mercado local por la baja de aranceles a la importación —sin una reducción previa de la alta carga tributaria que asume la producción nacional— distorsiona las proyecciones de la industria. Según fuentes del sector privado, extraer y exportar el mineral en bruto hoy puede resultar hasta 20 veces más rentable en el corto plazo que procesarlo en el país antes del embarque.
Aunque la mayor participación de bienes chinos también choca con la propuesta europea de industrialización, la apuesta de mediano plazo es revertir esta matriz mediante el cofinanciamiento de las primeras fases de valor añadido industrial.
Los productos de electromovilidad y material rodante de origen chino ingresan al mercado con precios un 30% más económicos que los europeos, pero “carecen de servicios posventa locales establecidos, provisión de repuestos a largo plazo y trazabilidad ambiental certificada”, reflejan fuentes que participaron de las últimas negociaciones comerciales.
La ratificación parlamentaria del tratado Mercosur-UE no cierra la discusión económica, sino que da inicio a una rigurosa etapa de fiscalización técnica y ambiental donde la Argentina, al igual que el resto de los socios del bloque, pondrá a prueba su capacidad de adaptarse a las estrictas exigencias normativas del Viejo Continente.
Bajo esta lupa, reformas locales de alto impacto como las eventuales derogaciones de la Ley de Etiquetado Frontal y de la Ley de Glaciares serán monitoreadas de cerca por Bruselas; cualquier desalineación con los estándares de salud y preservación ambiental acordados podrían congelar o restringir el flujo de las exportaciones argentinas hacia el mercado europeo.
