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El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas de posible enriquecimiento ilícito sobre Manuel Adorni y en función de eso pidió la incompetencia para que la causa vaya a penal económico por posible evasión fiscal. Lo definirá el juez Ariel Lijo.
No sobreseyó porque siquiera hubo indagatoria, sino que directamente hizo esa consideración y pidió que vaya a penal económico para investigar una posible evasión tributaria.
El planteo del fiscal se produjo después de analizar las explicaciones que presentó el exfuncionario sobre su patrimonio, en especial los fondos que atribuyó a operaciones con Bitcoin realizadas antes de ingresar al Gobierno.
Por qué para el fiscal no hay elementos suficientes
Según la evaluación del fiscal, las pruebas reunidas no alcanzan para descartar esa versión y sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública.
Cabe aclarar que el pedido no implica el cierre de la investigación ni el sobreseimiento de Adorni. Pollicita advirtió que existen indicios de posibles irregularidades en la declaración de ingresos, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas que deberán ser examinadas por la Justicia especializada en delitos económicos.
La presentación quedó en manos del juez federal Lijo, que deberá resolver si acepta el cambio de competencia y dispone el traslado del expediente.
Qué se investiga de Manuel Adorni
La investigación se había concentrado en la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período durante el que ocupó cargos en el Poder Ejecutivo.
Durante ese lapso, la fiscalía identificó gastos por u$s 402.578, de los cuales aproximadamente u$s 374.000 fueron pagados en efectivo. También detectó una diferencia superior a los $ 43 millones entre los ingresos comprobados y las erogaciones realizadas.
Para explicar esos movimientos, el exfuncionario sostuvo que había invertido cerca de u$s 200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que la venta de esos activos le permitió obtener u$s 591.544, que posteriormente conservó en dólares billete.
La explicación sobre las criptomonedas se volvió uno de los aspectos centrales de la investigación. Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados.
Las pericias permitieron comprobar que las billeteras existían, que habían tenido actividad entre 2014 y 2018, pero no pudieron establecer quién administraba esas direcciones durante el período investigado. Tampoco fue posible reconstruir completamente la identidad de las personas que participaron en las operaciones.
Pedido de cambio de enfoque
En base a esto, el fiscal consideró que no había elementos suficientes para desmentir la explicación del exfuncionario sobre el origen previo de los fondos.
El cambio de enfoque solicitado por Pollicita apunta a determinar si parte del dinero utilizado por Adorni permaneció sin declarar ante los organismos tributarios durante varios años.
Entre las operaciones que el fiscal considera necesario revisar aparecen la compra y venta de criptomonedas, la tenencia de dólares en efectivo, los ingresos profesionales utilizados para financiar las inversiones y determinadas diferencias entre los registros de plataformas digitales y las declaraciones fiscales. También quedaron bajo análisis préstamos privados cuya entrega efectiva de fondos no pudo ser acreditada completamente.
Pollicita pidió que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde deberá evaluarse si existieron maniobras de evasión vinculadas con Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales.
Por otra parte, solicitó que se investiguen por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y el contratista Matías Tabar.
