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El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes la justificación de su patrimonio ante la Justicia. Mediante un escrito de 77 páginas presentado ante la fiscalía, el exfuncionario respondió a los 20 puntos del requerimiento fiscal sobre sus bienes.
Explicó que la mayor parte de sus fondos proviene de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018 —antes de ingresar a la función pública— y aseguró que la remodelación de su casa en Indio Cuá costó en realidad u$s 175.000, una cifra menor a la declarada.
La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, en la causa que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, luego de que el exfuncionario utilizara una prórroga cuyo plazo vencía este martes.
Como eje central del documento, la defensa ratificó que no “existe enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” y contestó cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.
Origen de los dólares declarados
Uno de los ejes centrales del cuestionamiento fiscal apuntaba a los dólares declarados en efectivo. Según indicó la presentación, Adorni había declarado u$s 565.000 al inicio de 2023, u$s 513.000 al cierre de ese año, y que pasaron a u$s 388.961,52 al cierre de 2024, bajo el concepto de “venta de activos”.
El escrito precisó que los fondos no provienen de bienes físicos sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, por un monto calculado en u$s 591.544,61. El escrito sostuvo que dichas billeteras operaron entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 —varios años antes de que el exfuncionario ingresara a la función pública— y que actualmente se encuentran vacías.
En cuanto al origen de los fondos para la compra de los bitcoins, el informe precisó que se solventó con los ahorros acumulados durante los años de actividad privada de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
La presentación puntualizó que las compras iniciales iniciaron en 2014 y que la mayor inversión se concretó en 2017, por un total de u$s 199.883,20. Asimismo, Adorni aclaró que la posterior liquidación se realizó a través de operatorias personales y en efectivo.
Para acreditar la titularidad de las billeteras virtuales, la defensa subrayó que Adorni firmó mensajes digitales utilizando las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano público. Incluso, el escrito indicó que se entregaron dichas claves en un sobre cerrado y lacrado para su eventual utilización en caso de que la investigación judicial así lo requiera.
La casa en Indio Cuá
Otro de los tramos centrales del escrito se abocó a la adquisición y remodelación de la vivienda en el lote 380 del country Indio Cuá. La fiscalía había cuestionado el origen de los fondos destinados a la compra del terreno y los u$s 245.000 que, según el requerimiento, había sido abonados al contratista Matías Tabar.
Ante esto, la defensa detalló que el terreno se compró por u$s 120.000 —u$s 100.000 financiados con un mutuo hipotecario sobre una propiedad de la calle Asamblea y u$s 20.000 en efectivo.
El punto crítico llegó con la revisión de la obra: los abogados argumentaron que los u$s 245.000 atribuidos a los trabajos no coinciden con la documentación incorporada.
De acuerdo con el escrito, al revisar la planilla aportada por el propio contratista Tabar y efectuar correctamente la suma, el total real asciende a u$s 285.929 y no a los u$s 245.929 indicados. Señalaron así una diferencia de u$s 40.000 que, según afirmaron, “no tiene explicación ni respaldo documental alguno”.
Sin embargo, el dato que la defensa considera decisivo es que el dinero efectivamente entregado al contratista Tabar ascendió a u$s 175.000.
Los abogados remarcaron que esta cifra coincide casi en su totalidad con el valor técnico de mercado de la obra estimado por un arquitecto contratado por la defensa: u$s 174.954,58 —una diferencia mínima de u$s 45,42—.
Para sintetizarlo, la presentación resume: “no se trata de que mi asistido diga cuánto pagó, sino de que dos fuentes de prueba autónomas entre sí (…) convergen en un mismo orden de magnitud”.
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