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El fiscal federal Gerardo Pollicita envió este lunes el requerimiento de justificación patrimonial en la causa que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la información a la que accedió El Cronista, la Fiscalía sostiene que, tras analizar declaraciones juradas, registros patrimoniales, movimientos bancarios, operaciones con criptomonedas, viajes, propiedades y numerosos informes técnicos y testimoniales, detectó inconsistencias que justifican un requerimiento formal para que el exfuncionario explique el origen de parte de su patrimonio.
En consecuencia, presentó un dictamen ante el Juzgado Federal N.º 4 e intimó a Adorni a responder sobre veinte aspectos específicos vinculados con su evolución patrimonial en un plazo menor a los 15 días. El fiscal trabajo en este documento a lo largo de la feria judicial y una vez que recibió los diversos informes técnicos de los órganos judiciales involucrados.
Según la reconstrucción fiscal, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el grupo familiar habría registrado gastos e inversiones superiores a los ingresos lícitos acreditados, incluyendo la compra y remodelación de inmuebles, la adquisición de un vehículo, viajes al exterior y operaciones con activos virtuales.
La intimación exige que Adorni justifique, entre otros puntos, el origen de dólares en efectivo, préstamos familiares, fondos utilizados para distintas compras y reformas, movimientos financieros, consumos con tarjetas, operaciones con criptomonedas y otras erogaciones que, de acuerdo con la Fiscalía, no encuentran una explicación suficiente en los ingresos declarados hasta el momento.
La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entró en una nueva etapa. Después de reconstruir ingresos, gastos, bienes, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias y activos virtuales, la Fiscalía le exigió al exjefe de Gabinete que explique en un plazo de 15 días una serie de inconsistencias que, hasta el momento, considera sin justificación suficiente.
El requerimiento fue presentado el 10 de agosto ante el Juzgado Federal N° 4 y tiene 207 fojas. Allí se condensan veinte puntos sobre los que Adorni deberá responder, con documentación respaldatoria, por el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —cuando ingresó a la función pública nacional— y el 27 de junio de 2026, día de su renuncia.
El dato central es el desbalance que reconstruyó el Ministerio Público. Según el dictamen, durante el período bajo análisis Adorni percibió 35 haberes por su función pública, a los que se sumaron los ingresos acreditados de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. En conjunto, la Fiscalía contabilizó recursos por $229.752.283,20. Frente a ese monto, reconstruyó gastos familiares por $272.820.832,20, entre seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas. La diferencia asciende a $43.068.549.
Pero el capítulo más sensible aparece en moneda extranjera. La Fiscalía sostiene que logró reconstruir desembolsos por u$s 402.578,12 que no encuentran, hasta ahora, correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados. Esas divisas habrían sido utilizadas, entre otros destinos, para viajes, alquileres, gastos corrientes, la compra del lote 380 del Country Indio Cuá, la refacción de esa propiedad, el departamento de Miró 550 y mobiliario.
Los u$s 245.000 de la casa en el country
Uno de los veinte requerimientos se concentra específicamente en la propiedad del Country Indio Cuá. Adorni deberá explicar de dónde provinieron los fondos para adquirir el lote 380 y pagar la tasa de ingreso al emprendimiento, además de las razones por las cuales el terreno y la vivienda de dos plantas construida allí quedaron registrados a nombre de su esposa.
La investigación también reconstruyó u$s 245.000 pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral del inmueble. El fiscal reclama que se identifique el origen de cada una de esas sumas y que se acompañen recibos y documentación que permitan verificar los pagos.
El departamento de Miró 550 constituye otro de los focos. El requerimiento exige explicar tanto el origen de los fondos utilizados para la adquisición como la naturaleza y condiciones de la operación. También aparecen pagos en dólares y en efectivo destinados al mobiliario de esa propiedad y preguntas sobre la valuación de las mejoras incorporadas posteriormente. Detrás de esas operaciones aparece un interrogante más amplio: de dónde salieron los dólares.
La Fiscalía puso bajo revisión las tenencias en efectivo declaradas por Adorni durante los ejercicios investigados y, en particular, fondos atribuidos a una “venta de activos”. El exfuncionario deberá precisar qué bienes o activos fueron vendidos, cuándo, a quién, por qué montos y cuál es la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones.
El requerimiento también apunta a ingresos exentos del impuesto a las Ganancias, herencias, legados y donaciones utilizados como explicación de parte del crecimiento patrimonial. En cada caso, la Fiscalía pide individualizar la fuente, la fecha, el instrumento que respaldó la operación y la persona de la que provinieron los bienes o fondos.
Préstamos familiares, terceros y dinero en efectivo
Otro de los mecanismos que deberá documentar Adorni son los préstamos atribuidos a dos familiares, Silvia Pais y Norma Zúccolo. La Fiscalía exige probar la existencia y fecha cierta de esos mutuos, la efectiva entrega del dinero, el destino que tuvo y la evolución posterior de las obligaciones. En el requerimiento se sostiene que esos extremos no quedaron suficientemente documentados durante la investigación.
También quedaron bajo análisis operaciones realizadas por personas del entorno. La investigación detectó adquisiciones de bienes o pagos hechos por terceros por cuenta de Adorni o de su grupo familiar, con posteriores reintegros en efectivo. Ahora el exfuncionario deberá explicar por qué se utilizó de manera reiterada ese mecanismo, cuáles fueron los bienes o servicios involucrados, los importes, las fechas y, especialmente, de dónde provenía el efectivo con el que esos pagos fueron reintegrados.
Ese mismo interrogante alcanza a gastos cotidianos. El fiscal requiere conocer el origen del efectivo en pesos y moneda extranjera utilizado para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y cuotas y matrículas escolares.
Además, la investigación detectó deudas con el Banco Galicia que aparecían en una declaración patrimonial inicial y luego dejaron de figurar. En caso de haber sido canceladas, Adorni deberá informar la fecha, quién efectuó el pago, mediante qué instrumento y con qué fondos.
A eso se agregan interrogantes vinculados con automotores. Uno de los puntos exige explicar el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep. Otro se refiere a facturación de una concesionaria a nombre de Angeletti por más de $4 millones durante 2026 y busca determinar si corresponde a otro vehículo no declarado o a una operación accesoria ya incorporada a la investigación.
El capítulo de las criptomonedas
El requerimiento incorpora además una pata específica sobre criptoactivos. La Fiscalía detectó capital que Adorni habría informado ante una billetera virtual al momento de validar su identidad pero que no había sido exteriorizado originalmente en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Posteriormente fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales mediante declaraciones rectificativas, mientras que un informe de SIFRAI-DAFI vinculó al exfuncionario con otros activos digitales.
El fiscal exige ahora conocer el detalle completo de esa operatoria y, particularmente, el origen del capital con el que Adorni asegura haberla iniciado.
No es el único circuito financiero bajo revisión. El requerimiento también obliga a conciliar los movimientos detectados en la cuenta sueldo de Banco Nación, las cuentas de su esposa, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
En su cuenta sueldo, además, se identificaron acreditaciones de carácter no salarial que no provendrían de organismos públicos ni de transferencias entre cuentas propias. Adorni deberá precisar el concepto y origen de esos depósitos.
La Fiscalía también encontró veinte comprobantes declarados ante ARCA durante 2024 y 2025 por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas, además de dieciséis facturas por más de $2 millones cuyos pagos registrados no coincidirían con los importes de cada comprobante. El requerimiento exige determinar si esas operaciones se concretaron, cuándo fueron canceladas y de dónde provinieron los fondos.
Una investigación con bancos, exchanges y registros patrimoniales
Para formular la intimación, la Fiscalía reunió información de múltiples fuentes. Entre ellas aparecen las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sus rectificaciones, registros inmobiliarios de la Ciudad y la Provincia, el Registro Automotor, Migraciones, ARCA, ANSES y movimientos bancarios.
También fueron incorporados informes de Binance, Lemon, Buenbit y Satoshi Tango, información de Mercado Pago, la Comisión Nacional de Valores, Banco Nación, Banco Galicia y el Banco Central.
La prueba se completó con testimonios del contratista de las obras, la escribana interviniente, vendedores y desarrolladores inmobiliarios, acreedores, el encargado de uno de los edificios y documentación remitida por aerolíneas, agencias de viaje, consorcios y otros organismos.
La investigación había comenzado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, luego ampliada por ella misma y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. El planteo original apuntaba a una posible desproporción entre los gastos atribuidos a Adorni y sus ingresos legítimos como funcionario.
El nuevo requerimiento no supone que el enriquecimiento ilícito haya quedado probado. Pero sí marca un cambio sustancial en el expediente: la Fiscalía considera que reunió elementos suficientes para identificar incrementos patrimoniales y desembolsos concretos que requieren una explicación.
El propio dictamen delimita ese alcance. Habla de adquisiciones, erogaciones e incrementos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
Adorni tiene ahora 15 días para intentar cerrar esas diferencias. La siguiente etapa de la causa dependerá, en buena medida, de si las explicaciones y documentos que presente permiten reconstruir el origen lícito de los $43 millones de diferencia, los más de u$s $402.000 desembolsados y los distintos circuitos patrimoniales que el fiscal dejó bajo la lupa.
