El presupuesto 2026 proyectó una inflación del 10,1% para finales del año. La estimación es considerada demasiado optimista, aunque hay coincidencia en que la cifra será menor a la de 2025. A pesar de esto, puede ayudar a cumplir una meta del Gobierno.
Las estimaciones privadas proyectan una inflación anual para diciembre de este año por encima del 20%, algo que de todas maneras la ubicaría por debajo del 31,5% con el que cerró el 2025, la menor variación anual en ocho años.
La proyección del presupuesto fue considerada demasiado optimista apenas se conoció. Las modificaciones en el esquema de flotación entre bandas, que plantea la actualización de la misma en base a la inflación de dos meses atrás, anticipa que podría haber mayor inercia, aunque nada indica que el tipo de cambio necesariamente vaya a mantenerse cerca del techo de la banda durante todo el año.
Si bien en el último año se recortó el impacto de las subas del tipo de cambio en los precios, conocido como pass through, este efecto no ha desaparecido del todo: mientras que el dólar oficial aumentó un 45% en el año, la inflación se ubicó más de 10 puntos por debajo de ese nivel, asistida por la no convalidación que impulsó la merma en el consumo.
El presupuesto también contempla que el PBI nominal promedio del año aumentará un 20% respecto del año anterior, aunque en términos del PBI, se trata de un crecimiento del 5%.
“Es poco probable que la inflación del año sea tan baja como la prevista, y ello más que compensaría el menor crecimiento real respecto del demasiado optimista 5% contemplado en el presupuesto”, explicó Daniel Artana, director de FIEL, en una de sus últimas publicaciones.
Es por eso que estima que la mayor nominalidad “aportará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no ajustable por inflación sin necesidad de afectar las partidas aprobadas por el Congreso”, agregó.
La meta de superávit para el año próximo fue fijada en 1,5% del PBI. La actualización de grandes partidas, como jubilaciones, por inflación, sumada a los vencimientos de deuda por casi u$s 20.000 millones, suponen los mayores desafíos para el resultado. Una actividad que podría recuperarse traería mayores ingresos, de la mano de las reformas con las que el Gobierno busca sumar recaudación.
La licuación de los gastos no indexados también permitiría que no se active la cláusula impulsada por el Gobierno para preservar el equilibrio fiscal. La misma implicaba que, en caso de aumentarse el gasto en una partida, debería recortarse en otra para mantener el equilibrio. Algo equivalente ocurriría en el caso de que bajen los ingresos.
La cláusula cobró relevancia luego de que se rechazara en el presupuesto 2026 la eliminación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que suponían un aumento del gasto del 0,8% del PBI.
La ley de presupuesto contempla un crédito asignado por $148 billones, lo que implica un incremento nominal del 18% contra el presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025, observaron desde Analytica.
“Al contemplar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto reflejaría en términos reales un ajuste del 9,2%. Al analizar los principales 15 programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presentan recortes en términos reales”, agregaron.
Es importante aclarar que partidas sensibles, como el gasto en jubilaciones, cuentan con una actualización automática por inflación. Sin embargo, el presupuesto excluyó de esta actualización automática a las asistencias familiares. Entre las partidas que perdieron la actualización automática se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“Por ello, es probable que se alcance la meta de superávit primario, aunque eso deja un problema abierto para el presupuesto de 2027 cuando las proyecciones se basen en la ejecución real del año 2026”, explicó Artana.
También puede ser una ayuda para el Banco Central. La esperada normalización de la demanda de pesos que podría ser asistida por la emisión sin generar inflación (dado que se mantendría constante en términos del nivel de actividad), permitiría al Banco Central consolidar la acumulación de reservas. “Una economía con mayor crecimiento del PIB nominal le da más espacio al BCRA para comprar divisas con emisión que no genera inflación”, agregó el economista.
La acumulación sostenida de reservas permitiría también la baja del riesgo país y evitar pagar el “costo del seguro anticrisis” para eventualmente conseguir financiamiento para los vencimientos de deuda.
Por último, para garantizar una emisión que acompañe el crecimiento del PBI, aunque más moderado, hace falta que se movilice la actividad. Más allá de los sectores que pican en punta para empujar el crecimiento, Artana estima que la vigencia la la Ley de Inocencia Fiscal contribuirá en algo a la actividad “y podría ser un vehículo para aportar algún financiamiento al soberano en la medida en que algunos de los dólares ingresados al sistema terminen comprando títulos públicos”.
