Una denuncia que circuló en la red social X y vinculó al ministro de Economía, Luis Caputo, con el empresario Julio Made, CEO del Grupo Lenor, puso en la mira el nuevo sistema de control de los surtidores de combustible.
La publicación sostuvo que el traspaso de funciones que antes ejercía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) habría dejado un mercado “cautivo” de más de 5300 estaciones de servicio en manos de Lenor, gracias a una supuesta relación cercana de Made con el entorno de Caputo. También proyectó para la empresa una facturación anual de $12.000 millones y afirmó que el cambio se había realizado sin una licitación pública.
Caputo desmintió de manera tajante tanto el vínculo como el conocimiento previo de la compañía. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un Grupo Lenor, ni de un empresario Made”, escribió el ministro.
“No conozco a Caputo y soy uno de los empresarios más perjudicados por este Gobierno”, afirmó en diálogo exclusivo con El Cronista, Made y negó cualquier relación personal o comercial con el titular del Palacio de Hacienda.
El empresario explicó que una de las principales áreas de actividad de Lenor —firma que cuenta con laboratorios de ensayo y certificación entre los de mayor capacidad de América Latina— es la seguridad eléctrica, un segmento afectado por la flexibilización regulatoria impulsada por la administración libertaria.
La Resolución 16/2025 eliminó la obligación de repetir en la Argentina determinados ensayos cuando los productos ya cuentan con certificaciones internacionales reconocidas. La medida, presentada oficialmente como una forma de evitar costos duplicados, redujo el mercado local de pruebas y certificaciones. “Nosotros no nacimos con este negocio”, remarcó Made al rechazar que el control de surtidores hubiera sido diseñado para favorecer a su empresa.
Qué cambió en el control de los surtidores
El control cuestionado forma parte de la metrología legal, un universo mucho más amplio que el de las estaciones de servicio. Incluye, entre otros instrumentos, las balanzas de supermercados, las básculas utilizadas para pesar camiones y cargas agrícolas, los cinemómetros que controlan la velocidad en las rutas, los alcoholímetros y los termómetros.
Hasta el cambio regulatorio, el INTI tenía una participación central en los ensayos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos. Sin embargo, la apertura a operadores privados no surgió de una licitación ni de una adjudicación a una sola compañía.
La Resolución 276/2024, firmada por el entonces secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, autorizó al INTI y a laboratorios privados acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) a realizar los procedimientos técnicos. La norma estableció, por lo tanto, un régimen de concurrencia entre actores habilitados.
Lenor fue reconocida en diciembre de 2024 mediante la Disposición 714/2024 para efectuar verificaciones primitivas y periódicas de surtidores de nafta, kerosene y gasoil. Se trató de una habilitación técnica dentro del nuevo esquema y no de una concesión exclusiva sobre el mercado.
Un año después, el Consejo Directivo del INTI dispuso mediante la Resolución 213/2025 el cese gradual de distintos servicios regulados. El cronograma comenzó en enero de 2026 en el AMBA y finalizó en junio en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. La propia resolución sostuvo que ya existía una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados.
El recorrido normativo no muestra un decreto firmado por Caputo que entregue el control de los surtidores a Lenor ni una licitación ganada por esa firma. Lo que hubo fue un cambio general de sistema: el INTI dejó progresivamente de prestar esos servicios y las estaciones pasaron a contratar a alguno de los operadores privados que reúnen las condiciones técnicas.
En ese esquema, explicó Made, no hay una compra ni un contrato del Estado que deba adjudicarse: cada estación elige y paga al prestador habilitado, “competimos”, remarcó.
“Somos uno más”
“No hay ninguna licitación ni ningún otorgamiento discrecional. Primero tenemos que estar acreditados ante el OAA y después pedir la autorización a la Secretaría de Comercio”, explicó Made a El Cronista. Según el empresario, la autoridad habilita a los laboratorios que acreditan la solvencia técnica exigida y cada uno compite por los clientes.
“No nos adjudicaron nada. Somos uno más”, insistió. Made mencionó entre los competidores a Shitsuke y Weiss y estimó que existen entre 10 y 12 operadores en condiciones de participar del segmento de surtidores, aunque aclaró que el listado se actualiza a medida que aparecen nuevas autorizaciones en el Boletín Oficial.
También rechazó que Lenor tenga una posición dominante. De acuerdo con los datos que aportó, en el país existen alrededor de 70.000 mangueras sujetas a verificación y la empresa tenía unas 300 realizadas o contratadas al momento de la entrevista. “No somos dominantes. Estamos muy lejos de eso con algo del 5% del mercado”, señaló.
Made también cuestionó la proyección de $12.000 millones anuales atribuida a Lenor. Según sus cálculos, el valor de referencia del servicio ronda los $50.000 por manguera y el mercado total ascendería a unos $3500 millones anuales, monto que debe repartirse entre laboratorios y entidades certificadoras.
Las cifras, sostuvo, no sólo están lejos de la facturación denunciada, sino que corresponden al universo completo y no a los contratos obtenidos por una sola firma.
El empresario reconoció que Lenor cuenta con una fuerte inversión tecnológica y una estructura que le permite desplegar inspectores en distintas provincias, pero aseguró que la verificación de surtidores es un procedimiento relativamente sencillo y sin barreras técnicas extraordinarias para otros organismos acreditados.
La controversia deja abierto un debate más amplio sobre la decisión oficial de retirar al INTI de controles sensibles y trasladar su ejecución a prestadores privados, así como sobre el costo que deben afrontar las estaciones.
Ante la consulta de este medio, desde el INTI indicaron que no cuentan con información; frente al interrogante de ¿por qué el INTI no tramitó la habilitación -ante OAA y Comercio- para realizar los controles?, no hubo respuesta.
