Los gobiernos provinciales avanzan en tomar a su cargo espacios que fueron abandonados por el Gobierno nacional. Una de las medidas más visibles es el traspaso de las rutas, pero también hay otras operaciones de menor vuelo, orientadas a sectores afectados.
La industria es uno de los jugadores protagonistas de este nuevo juego de las provincias. La actividad industrial creció 1,9% en junio, pero la suba no le permite romper con la baja sostenida. Según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), para julio prevén una nueva suba interanual de la actividad sectorial, en torno al 1,4%, principalmente explicado por el bajo nivel de comparación, mientras que en términos mensuales esperan una caída del 0,6% respecto de junio.
Así, en lo que va del año la industria acumula una baja del 2% respecto del mismo período de 2025, mientras que el sector se mantiene un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.
Las actividades vinculadas a la construcción siguieron a la baja: los despachos de cemento cayeron 4,6% y el índice Construya lo hizo en un 0,8%. Estos indicadores se mantienen más de 20% por debajo del nivel de 2022.
Algo similar ocurre en el caso de la metalmecánica, que se mantuvo estable respecto del mes anterior, mientras que la producción de acero reportó una suba del 3%. Así y todo, tienen caídas de hasta 17% contra 2022. La producción de autos está un 18% por debajo de ese registro, mientras que la de bebidas lo está en un 12,8%.
La producción textil acumula una caída del 24,4% en lo que va del año.
Algunos sectores reflejan una mejora en su nivel en comparación con cuatro años atrás. Un caso es el de la producción de aluminio, que lo supera en un 16,8%, o la producción láctea (2,7%).
Con el traspaso de las rutas, los Gobierno provinciales no solo buscan encargarse de su infraestructura necesaria, sino también reactivar el sector de la construcción que motoriza empleo rápidamente.
Según relevó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto ejecutado por Vialidad Nacional y Seguridad Vial cayó un 70% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo de ejecución de la serie histórica. Este bajo nivel de inversión busca ser compensado a través de las privatizaciones o los traspasos a provincias.
Industrias locales
En el caso de la industria, los procesos son más largos y los gobiernos locales buscan desde evitar cierres hasta incentivar la instalación, pasando por las medicaciones necesarias para evitar el freno de la producción por faltantes de energía.
El caso más enigmático que se conoció recientemente fue la intermediación de la provincia de Catamarca, que intermedió con una asistencia al pago de salarios de $ 200.000 por trabajador para evitar el cierre de ICSA (Indumentaria Catamarca), que enfrenta un desplome de ventas y la apertura a la competencia que, denuncian desde el sector, ha entrado en casos a precio de dumping.
Esta tendencia se extiende, en particular en el sector textil, que además tiene mucha presencia en el norte del país. En Tucumán extendieron una exención de Ingresos Brutos hasta diciembre de 2026 a Santista. La empresa cuenta con 950 trabajadores.
Otras provincias buscaron aumentar la demanda de compras locales de los sectores ganadores, ventaja con la que cuentan las que tuvieron inversiones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), o compañías ya instaladas en energía y minería.
Río Negro, la provincia que concentra la mayor inversión única del régimen con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), instauró su ley de compre local que busca garantizar al menos un 60% de contrataciones a proveedores locales por parte de las empresas del sector energético, minero e hidrocarburífero. Las empresas deberán recibir ofertas de los proveedores rionegrinos.
Salta también elaboró su listado de proveedores mineros, con énfasis en la cadena del litio, que ofrece instrumentos fiscales y financieros para los proveedores. El objetivo es mejorar las condiciones con las que los locales pueden presentarse para competir para prestar bienes o servicios a las grandes compañías. También estimula que si el proveedor es externo a la provincia, lo hagan de la mano de un socio local.
Estas alternativas se concentran en las provincias que cuentan con proyectos del RIGI. Para las demás, la salida al exterior es una de las alternativas más viables. La provincia de Buenos Aires lleva hace tiempo rondas en las que busca que las industrias locales abran mercados, mientras que para la inversión local elaboró un régimen de inversiones similar al RIGI (la provincia no adhirió al régimen nacional), con exenciones parciales a los tributos locales y estabilidad fiscal para actividades que reemplacen importaciones, generen empleo, innovación o exportaciones.
Esta estrategia no es nueva. Córdoba tiene un régimen de exenciones impositivas para industrias, al igual que Santa Fe.
La mayoría de los beneficios fiscales relevados se concentran en el recorte de Ingresos Brutos, el impuesto más criticado por el Gobierno nacional y la industria en particular, por su encadenamiento. La otra vía es sumarse a ser proveedores de los sectores ganadores. Según el Observatorio Pyme, un 1,5% de las pymes industriales participa de forma directa como proveedora del RIGI y un 3,2% de manera indirecta.
La preocupación provincial tiene una causa evidente: la industria genera más de 1.200.000 puestos de trabajo formales, solo superada por los servicios y el comercio, aunque habitualmente reporta sueldos superiores. El sector perdió 85.000 puestos de trabajo en los últimos dos años y medio.
