La promesa de una Ley de Semillas que lanzó el Gobierno tensa al sector agropecuario. El primer paso de avanzar en la fiscalización generó desconcierto entre los productores, que esperan una mesa de diálogo para ver qué pasará con la Ley. En la apertura de Jonagro, la jornada agropecuaria organizada por las Confederación Rurales Argentina (CRA), el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, destacó los avances del Gobierno nacional en el equilibrio fiscal, la desinflación, la seguridad, la lucha contra la corrupción, entre otros factores. En especial, subrayó los avances en la desburocratización y modernización del Estado. A un nutrido auditorio entre los que había productores, empresarios del agro, senadores, diputados y gobernadores, planteó: “Dialogar no significa callar ni relativizar diferencias, significa madurez para plantearlos con firmeza, confianza y vocación de construcción colectiva”. Ante un panel integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, su par de Interior, Diego Santilli, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, Castagnani reivindicó el rol de algunos organismos como el INTA, el SENASA y el Instituto Nacional de Semillas. Sobre este último subrayó que tiene un “rol determinante en uno de los grandes desafíos por delante: el de construir una Ley de Semillas moderna, equilibrada y duradera. Venimos con vocación de diálogo y consenso, dispuestos a acercar posiciones, pero con una convicción clara e irrenunciable, que es defender los derechos de los productores”. A su turno, Sturzenegger marcó una “mirada distinta” respecto de la postura del presidente de CRA. “El derecho de propiedad de las semillas es defender al productor. Que el productor tenga la posibilidad de acceder a la mejor semilla. Eso es defender al productor, no hay un conflicto acá”. En este sentido, ilustró sobre la pérdida de competitividad que mostraron actividades como la soja o el algodón en Argentina respecto de los competidores. Según el ministro, la diferencia respondió a que en otros países “se respeta el derecho de propiedad de las semillas” y porque “no tenemos un marco legal” que permita la inserción de las semillas mejoradas. “¿Cómo puede ser que en Brasil produzcan un algodón de 1400 kilos por hectárea y en Chaco de 600 kilos?”, dijo en referencia a la diferencia de productividad y recordó que el INASE transfirió la potestad de fiscalización de las semillas al sector privado “El productor puede seguir trabajando cómo está trabajando hoy, no le cambiamos nada, pero sí generamos el marco legal para que el que quiera traer una semilla de mayor productividad, pueda hacerlo”, concluyó Sturzenegger. El ejemplo del algodón hizo ruido rápido. El problema, dijo un productor, es la fiscalización. “Se declaran 100 hectáreas pero se producen 500. El problema es del fiscalizador”, ilustró. Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), planteó que “Argentina, con toda la apertura económica, enfrenta desafíos que tienen que tener revisiones para la innovación que tenemos que ganar para ser competitivos en kilos, calidad, precios y logística. En las semillas, la ley tiene una interpretación que está sin resolver: el uso propio es oneroso o es gratuito”. Por eso planteó la necesidad de una mesa de conversación que una las puntas. Sobre la fiscalización que impulsa el Gobierno, dijo que con la información actual ya puede hacerse. Gustavo Suter, vocal de CRA, planteó que la fiscalización es “hablar del cómo cuando no sabemos el qué”, ya que no se precisa qué se va a fiscalizar sin cambio de ley. También llamó la atención respecto a sobre quién va a recaer el costo de la fiscalización. Desde el sector mantienen la “vocación de diálogo”, pero no creen que sea correspondida. Desde las entidades impulsan una reforma que no implique la adhesión al UPOV-91, la norma de Estados Unidos que regula la propiedad intelectual en alimentos, que busca el Gobierno. “Hay que tener cuidado de que importar una solución no deje en el camino al pequeño productor”, advirtió otro empresario que reconoció que no se puede usar solo la reproducción de las semillas y que hay que rever el derecho, pero que tampoco el productor puede pasar de pagar u$s 30 por bolsa a u$s 70. No, al menos, con los márgenes que tienen, presionados por la suba de alquileres, el gasoil y una presión impositiva que bajó para exportadores. El reclamo es que no salga una ley sin los productores, pero algunos advierten que “las formas intempestivas de meterse en el negocio dificultan la conversación”.