

El Gobierno de Javier Milei eliminó por decreto diferentes materias y contenidos obligatorios que se daban en las escuelas argentinas, lo cual genera un cambio significativo en el sistema educativo.
Se trata de una medida oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, en la que se derogaron artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles.

¿Cuáles son las materias que se eliminan de las escuelas?
A partir de este decreto, se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que se descartarán estas materias de los colegios:
- Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.
- Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).
Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.
¿Por qué eliminaron estas dos materias?
Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.
Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.
De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.












