La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, buscará conseguir dictamen de la nueva ley de biocombustibles hoy, para llevarla al recinto el próximo 10 de septiembre. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda fue convocado para las 11, en el Salón Azul.
Después de la presión de las pymes y los gobernadores, el oficialismo introdujo modificaciones en el capítulo del biodiésel para acercar posiciones con los bloques provinciales. Sin embargo, el borrador todavía no tiene carácter oficial ni cuenta con las firmas necesarias para convertirse en dictamen.
El corte de biodiésel se mantendría inicialmente en el 7,5% y subiría al 10% doce meses después de la entrada en vigencia de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarían la totalidad del mercado obligatorio.
Cuando el corte alcance el 10%, esas compañías tendrían reservado un 6,5% hasta fines de 2028. La participación bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. En paralelo, el segmento de libre negociación, abierto también a las grandes aceiteras integradas, crecería desde el 3,5% hasta el 7%.
El cambio representa una mejora respecto de la versión anterior, que otorgaba a las no integradas un 5% al comenzar la apertura y reducía su participación al 3% en 2030. El nuevo texto agrega un año de transición y eleva los porcentajes de los primeros tramos. También dispone que ninguna empresa ni grupo económico pueda concentrar más del 14% del segmento reservado.
Fuentes vinculadas con las pymes interpretan esas modificaciones como un intento del oficialismo por acercar a los aliados provinciales, especialmente a Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería y referente del gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Sin embargo, consideran que los cambios sólo postergan el problema porque mantienen la reducción progresiva de la participación protegida. Para el sector, el esquema continúa siendo un “cronograma de extinción”: al final de la transición, las plantas deberán competir con las grandes aceiteras integradas o quedarán limitadas a un segmento marginal.
Algunos senadores buscan que el cupo del 3% permanezca después de 2031, pero las empresas consideran insuficiente esa alternativa. Según estimaron fuentes del sector, si con el 7,5% actual funcionan 25 plantas, una reserva del 3% permitiría sostener apenas ocho o nueve.
La presión de los gobernadores
El oficialismo intenta evitar que la pelea por el biodiésel bloquee el acuerdo alcanzado para el bioetanol, reclamado principalmente por los gobernadores del Norte Grande.
Aunque Bullrich aceptó que existe una lucha entre “las integradas y las no integradas” e introdujo cambios, no aceptó dividir el proyecto (biodiesel / bioetanol) ya que en LLA consideran que son dos caras de la misma moneda. En Energía creen que es algo complementario y no lo quieren dividir. Aún así, se muestran flexibles: “Cualquier cosa lo separás”, afirmó una fuente en off the récord.
En ese capítulo existe mayor consenso: el corte en las naftas pasaría del 12% al 15%, con un 6% reservado para el producto elaborado con caña de azúcar, otro 6% para el proveniente del maíz y tres puntos adicionales abiertos a la competencia.
El esquema es especialmente relevante para Tucumán, Salta y Jujuy, donde la actividad sostiene ingenios, destilerías y cadenas de proveedores. También abre una oportunidad para las provincias productoras de maíz, aunque el volumen incremental no queda asignado a una materia prima determinada.
Los representantes de esas provincias advirtieron que no están dispuestos a postergar nuevamente la reforma por las diferencias existentes dentro del mercado del biodiésel. Por eso, si no se alcanza un texto único, algunos legisladores plantean separar ambos capítulos y avanzar primero con el bioetanol.
La senadora jujeña Carolina Moisés resumió el reclamo provincial: “Apostar por el bioetanol es potenciar el Norte Grande, generar empleo y consolidar el desarrollo agroindustrial que el país necesita”.
Sin embargo, fuentes cercanas al bloque Convicción Federal aseguraron que el borrador que circula no incorpora todos los cambios presentados durante las negociaciones. También cuestionaron la circulación simultánea de distintas versiones sin el aval de los bloques involucrados.
Kicillof se sumó al rechazo de las pymes
En la antesala del debate, este miércoles, representantes de las pymes bonaerenses nucleadas en CEPREB se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para reclamar que la provincia rechace el proyecto de Bullrich.
Buenos Aires cuenta con diez plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo. Según la cámara, producen más de 345.000 toneladas anuales, por un valor superior a u$s 400 millones, y sostienen alrededor de 3500 empleos y la actividad de 96 extrusoras de soja.
Kicillof se comprometió a defender la continuidad de las empresas y a plantear el reclamo ante otros gobernadores y espacios políticos. Las pymes sostienen que la disputa supera el mantenimiento de un cupo: el aceite de soja representa aproximadamente el 80% del costo del biodiésel y está controlado por los mismos grupos integrados con los que deberían competir.
A esa diferencia se suma la localización. Mientras las grandes aceiteras están próximas a la materia prima y los puertos del Gran Rosario, las plantas regionales deben afrontar cientos de kilómetros de transporte.
CEPREB propone elevar el corte al 12,5% y reservar cinco puntos para las pymes regionales. Considera que extender la transición hasta 2031 no resuelve esa desventaja y advierte que, sin un segmento permanente, la apertura podría concentrar la producción en seis grandes aceiteras.
