La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich busca cerrar este jueves el dictamen de la nueva ley de Biocombustibles y llevar la iniciativa al recinto el 10 de septiembre. Después de la presión de las pymes del biodiésel, un borrador que circula en el Senado incorporó cambios en los cupos y extendió el período de transición con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Fuentes del oficialismo en el Senado confirmaron a El Cronista que este jueves terminarían de dar el paso final para llevar a recinto el proyecto de que establece un nuevo marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional.
El dictamen tendrá lugar este jueves a las 11:00 horas en el Salón Azul del Senado durante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
Sin embargo, una disputa por el cupo reservado para las pymes del biodiésel amenaza con dividir la iniciativa que reclaman los gobernadores del Norte Grande.
Según señalaron fuentes allegadas dicho sector, el capítulo referido al bioetanol se encuentra prácticamente cerrado. La negociación que continúa abierta sobre el biodiésel y en el porcentaje de participación que tendrán las empresas no integradas.
Un borrador de dictamen que circula en el Senado eleva la participación reservada para las empresas no integradas y extiende hasta 2031 la transición hacia un mercado abierto. El capítulo del bioetanol conserva el acuerdo que reclaman los gobernadores del Norte Grande.
El principal cambio aparece en el capítulo del biodiésel, donde las pymes reclamaban una mayor participación dentro del corte obligatorio y amenazaban con bloquear el dictamen conjunto. Según el texto que circula, el corte de biodiésel en el gasoil se mantendrá inicialmente en el 7,5% y aumentará al 10% después de los primeros 12 meses de vigencia de la ley.
Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarán la totalidad del corte del 7,5%. Cuando el porcentaje total suba al 10%, tendrán reservado un 6,5% hasta el 31 de diciembre de 2028.
La participación protegida bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Al mismo tiempo, el volumen sujeto a negociación libre entre empresas integradas, no integradas y mezcladoras aumentará del 3,5% al 7% durante ese período.
La propuesta representa una mejora frente al esquema incluido en la versión anterior, que reservaba para las empresas no integradas un 5% cuando el corte total alcanzara el 10%. Además, reducía esa participación al 4% en 2029 y al 3% en 2030.
El borrador también extiende el período de transición hasta el 31 de diciembre de 2031, un año más que la propuesta previa. Dentro del segmento reservado, ninguna empresa elaboradora ni grupo económico podrá concentrar más del 14% del volumen anual comercializado. La adjudicación tampoco podrá superar la capacidad instalada registrada de cada planta
La negociación con el Norte Grande
El problema se desató porque las pymes del sector consideraron insuficiente el esquema propuesto por el oficialismo y reclamaron un porcentaje mayor dentro del corte obligatorio.
La nueva versión del proyecto, a la que tuvo acceso El Cronista, todavía no tiene carácter oficial ni cuenta con las firmas de los senadores. El texto consigna como fecha el 3 de septiembre y reúne siete expedientes presentados por distintos sectores políticos.
Este nuevo borrador se condice con las versiones legislativas que afirmaron que el objetivo final era conseguir un dictamen único. De no haber acuerdo, una de las alternativas que manejaban los del Norte Grande era desdoblar el proyecto: avanzar con un dictamen sobre bioetanol y emitir otro para el capítulo correspondiente al biodiésel.
Fuentes cercanas al Norte Grande advirtieron que los representantes de las provincias productoras de bioetanol no están dispuestos a postergar nuevamente una regulación que discuten desde el año pasado.
“La disputa por el biodiésel no puede volver a bloquear el acuerdo alcanzado para el bioetanol”, afirmaron.
Hasta el momento no existe una redacción definitiva para el dictamen, el texto del proyecto que sería una conjunción de los seis proyectos ya existentes no lo tienen ni siquiera en la jefatura del bloque libertario.
Los proyectos van desde uno que elaboraron los senadores de Santa Cruz, otro escrito por las provincias del Norte y uno que presentó Jorge Capitanich del Justicialismo. “Dijimos que lo íbamos a hacer”, afirmó una fuente del oficialismo nacional en diálogo con El Cronista.
Un guiño para los mandatarios provinciales es la designación de Flavia Royón al frente de la Comisión de Minería la semana pasada. Royón responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y es una de las delegadas del Norte Grande en el Senado.
Cerca de la jefatura del bloque libertario sostuvieron que el problema central es definir cuánto biodiésel quedará incluido dentro del corte y cuál será su impacto sobre el precio final de los combustibles.
“No podés trasladar un costo subsidiado que impacta sobre el costo de los combustibles”, explicaron fuentes allegadas a Bullrich. En el oficialismo también cuestionan si las empresas que hasta ahora funcionaron bajo un esquema de cupos y precios regulados podrán subsistir ante la apertura gradual del mercado.
El proyecto es clave para los gobernadores porque no sólo eleva el porcentaje de biocombustibles que deberán contener las naftas y el gasoil, sino que también redefine cómo se distribuirá ese mercado entre las empresas.
La combinación entre mayores cortes, apertura de la competencia y reducción gradual de los cupos protegidos puede modificar el nivel de actividad, las inversiones y el empleo en las provincias productoras.
En el caso del bioetanol, la discusión involucra especialmente a las provincias azucareras del norte y a las productoras de maíz de la región centro.
El proyecto mantiene un 6% del corte para el bioetanol elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el proveniente del maíz, pero deja librado a la competencia el 3% adicional con el que se alcanzará el nuevo corte del 15%.
Para los gobernadores, la definición será clave porque determinará qué regiones captarán el crecimiento de la demanda.
La preservación del porcentaje correspondiente a la caña de azúcar es particularmente relevante para Tucumán, Salta y Jujuy, donde la actividad está vinculada con el funcionamiento de ingenios, destilerías y cadenas de proveedores.
Al mismo tiempo, la ampliación del corte abre una oportunidad para las provincias con producción de bioetanol de maíz, aunque el volumen incremental no queda reservado a ninguna materia prima.
“Apostar por el bioetanol es potenciar el #NorteGrande, generar empleo y consolidar el desarrollo agroindustrial que el país necesita”, afirmó la vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés, que responde a los gobernadores del Norte Grande.
Los principales puntos del nuevo régimen
La iniciativa crea un mercado electrónico único, transparente y de acceso público para concentrar las operaciones destinadas al cumplimiento mensual de los cortes obligatorios.
En ese ámbito, los productores y mezcladores podrán presentar ofertas de precios y volúmenes. Además, se habilitará la celebración de contratos a término libremente negociados entre las partes.
Los precios ofertados tendrán como límite la paridad de importación del biodiésel o del bioetanol. Ese valor máximo deberá ser calculado y publicado por un organismo independiente a partir de información proveniente de fuentes reconocidas internacionalmente.
El proyecto permite, además, que las refinadoras computen como parte del corte obligatorio las materias primas no fósiles incorporadas mediante coprocesamiento.
Esa alternativa podrá utilizarse una vez transcurridos 12 meses desde la entrada en vigencia del régimen, con un máximo del 1% hasta fines de 2028, del 2% en 2029 y del 3% en 2030.
En materia de comercio exterior, los biocombustibles destinados al corte obligatorio deberán ser producidos, en principio, en plantas instaladas en la Argentina y con materias primas nacionales.
Sin embargo, la Secretaría de Energía podrá autorizar importaciones cuando exista escasez en el mercado interno o cuando el precio de paridad del producto extranjero —o de su materia prima— sea inferior al ofrecido por los productores locales. Para cubrir mezclas superiores al corte obligatorio, la importación será libre.
La propuesta también amplía la definición de biocombustibles para incluir productos elaborados a partir de residuos orgánicos y combustibles sintéticos generados con agua, dióxido de carbono y electricidad proveniente de fuentes renovables.
Además, contempla el desarrollo del biogás, el biometano, el diésel renovable, el combustible sostenible de aviación —conocido como SAF o biojet— y el biobunker.
En paralelo, se autoriza la comercialización de combustibles con cortes superiores a los mínimos obligatorios, la circulación de vehículos flex fuel y la incorporación de surtidores adicionales para este tipo de mezclas. El biometano podrá ser inyectado en los gasoductos. Tanto su comercialización como la del combustible sostenible de aviación serán libres y no estarán sometidas a porcentajes obligatorios.
Finalmente, los biocombustibles habilitados continuarán exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono durante las distintas etapas de producción, distribución y comercialización. En el caso de las mezclas, los tributos recaerán únicamente sobre el componente fósil.
