La reforma de la legislación sobre biocombustibles busca elevar el corte obligatorio de biodiésel y abrir la competencia, sin emabrgo, enfrenta a las grandes compañías integradas con 25 pymes que abastecen el mercado interno. En medio de los cruces, el Senado intentará destrabar el dictamen este miércoles.
El mercado que factura alrededor de u$s 1000 millones anuales, sostiene unos 9500 puestos de trabajo y vincula a empresas radicadas en cinco provincias, quedó en el centro de la disputa entre las grandes aceiteras y las productoras de biodiésel “no integradas”.
La pulseada llega esta semana a una instancia decisiva. Tras pasar por tercera vez a cuarto intermedio, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado intentarán alcanzar este miércoles un dictamen para reformar la Ley de Biocombustibles. Si prospera, el oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto para obtener media sanción.
El debate reúne siete proyectos, pero el borrador con mayores posibilidades toma como base la propuesta presentada por la senadora Patricia Bullrich y respaldada por La Libertad Avanza (LLA).
La iniciativa propone llevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y elevar la participación del bioetanol en las naftas del 12% al 15%, en ambos casos a los doce meses de sancionada la ley.
Sin embargo, detrás de los porcentajes se libra una discusión más profunda: quién podrá abastecer ese mercado, qué participación conservarán las empresas no integradas y bajo qué condiciones competirán con las grandes procesadoras de soja.
La apertura del mercado
El proyecto busca reemplazar el sistema de cupos y precios regulados por un mercado electrónico en el que elaboradores y mezcladores ofrecerán precio y volumen. También habilita contratos a término de libre negociación y establece precios de referencia vinculados con la paridad de importación.
Para el biodiésel se prevé una transición hasta fines de 2031. Durante ese período se reduciría gradualmente el volumen reservado a las empresas no integradas y aumentaría la porción abierta a la libre competencia, en la que también podrían participar las grandes aceiteras.
La propuesta incorpora, además, el coprocesamiento de materias primas renovables dentro de las refinerías, que podría computarse como parte del corte obligatorio. Para las pymes, este punto reduce el mercado que efectivamente quedaría disponible para los productores independientes.
En el bioetanol, en cambio, el proyecto conserva segmentos diferenciados: un 6% para el elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz. Los tres puntos adicionales necesarios para alcanzar el 15% quedarían abiertos, sin restricciones por materia prima.
Esa diferencia se convirtió en uno de los principales argumentos de las empresas de biodiésel: si se reconoce que las cadenas de caña y maíz necesitan espacios diferenciados, reclaman que se aplique un criterio similar entre productores integrados, no integrados y regionales.
Fin de las pymes: 9500 empleos en juego
De acuerdo con un informe de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), existen 25 plantas con asignaciones vigentes, que producen cerca del 65% del biodiésel destinado actualmente a la mezcla obligatoria.
Estas empresas cuentan con cupos anualizados por 873.588 toneladas y están distribuidas en cinco provincias: diez plantas funcionan en Santa Fe, otras diez en Buenos Aires, dos en La Pampa, dos en Entre Ríos y una en San Luis.
Según la cámara, la actividad sostiene aproximadamente 1500 empleos directos registrados bajo convenio y otros 8000 indirectos a lo largo de la cadena. Las remuneraciones equivalen, en promedio, a 3,5 salarios mínimos, vitales y móviles, y buena parte de los puestos son calificados y están radicados en ciudades pequeñas y medianas.
CEPREB advierte que la apertura propuesta no generará una competencia equilibrada porque las firmas parten de condiciones estructurales diferentes. Mientras las grandes integradas disponen de aceite propio, escala, infraestructura y acceso a los puertos, las plantas independientes deben comprar la materia prima y afrontar mayores costos logísticos.
“El problema no es aumentar el corte ni introducir competencia, sino enfrentar en un mismo mercado a empresas que no tienen las mismas condiciones”, explicó Federico Martelli, Director Ejecutivo de CEPREB.
La cámara cuestiona incluso que la única división sea entre empresas “integradas” y “no integradas”. Una compañía puede no contar con molienda propia, pero estar localizada dentro del polo aceitero del Gran Rosario y acceder por cañerías a la materia prima y a la infraestructura exportadora.
Por eso propone incorporar la regionalidad como criterio y elevar el corte al 12,5%, dividido en tres segmentos: un 5% para plantas regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de Puerto General San Martín, un 2,5% para empresas no integradas próximas al polo rosarino y otro 5% de libre competencia.
“No pedimos precios regulados ni cupos individuales. Queremos competir dentro de segmentos que agrupen empresas con condiciones comparables”, señaló Martelli.
Santa Fe pide un corte del 15%
El gobierno de Santa Fe también reclama cambios sobre la propuesta nacional. Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo provincial, sostuvo que el corte obligatorio debería subir al 15%, con la posibilidad de alcanzar el 20% cuando resulte técnicamente viable.
“Cada litro de biocombustible que podemos producir permite reemplazar importaciones de combustibles fósiles, generar producción y empleo y sumar beneficios ambientales”, destacó en diálogo con El Cronista.
La provincia propone dividir el mercado entre las empresas no integradas, para las cuales busca reservar un 40%, y las integradas, que participarían en el 60% restante.
El objetivo, explicó Puccini, es evitar una concentración excesiva y reproducir en el biodiésel la protección que el esquema nacional reconoce para el bioetanol de caña de azúcar y de maíz.
Si bien la posición santafesina busca evitar la concentración del mercado, no conforma a CEPREB. Mientras la provincia propone separar integradas y no integradas, la cámara considera que ese criterio puede favorecer a compañías próximas al polo aceitero y reclama una protección específica para las plantas regionales.
Las grandes aceiteras respaldan el proyecto
En la vereda opuesta, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CarBIO) ratificaron su apoyo al proyecto impulsado por Bullrich.
Las entidades sostienen que los cambios permitirán construir un mercado transparente en el que todas las empresas puedan participar, generar nuevas inversiones y beneficiar al consumidor de gasoil, particularmente al sector agropecuario.
También rechazaron la posibilidad de separar el tratamiento de los dos biocombustibles para aprobar únicamente los cambios correspondientes al bioetanol. “No es viable excluir al biodiésel de la ley y dejar únicamente al bioetanol”, señalaron.
Las cámaras destacaron que la Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja y cuenta con una amplia capacidad industrial instalada para fabricar biodiésel que hoy está subutilizada porque las grandes productoras orientadas a la exportación no pueden abastecer el mercado interno.
Además, remarcaron que los países competidores aplican cortes que parten del 15%, frente al 7,5% vigente en la Argentina, y pidieron a los senadores alcanzar un acuerdo.
“Saquemos a Messi del banco para que juegue todos los partidos del torneo nacional”, graficaron CIARA-CEC y CarBIO para reclamar el ingreso de las grandes plantas al mercado local.
El costo para el consumidor
Respecto al impacto sobre el precio del gasoil aparece otro punto de tensión. Las grandes compañías aseguran que la competencia permitirá reducir costos, mientras que el Poder Ejecutivo se muestra más cauteloso frente a un aumento mayor del corte de biodiésel.
Durante el debate en comisión, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que el biodiésel todavía presenta un costo superior al combustible fósil y advirtió que una suba más pronunciada podría trasladarse al transporte, al agro y al consumidor final. En el caso del bioetanol, en cambio, indicó que los costos son similares a los de la nafta.
Ante las posiciones enfrentadas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) busca funcionar como ámbito de diálogo. Su presidente, Pablo Bortolato, pidió por el avance de la ley en su último discurso en la celebración del 142 aniversario de la entidad. Si bien reconoció que existen diferencias, consideró que “no parecen insalvables” y que los actores pueden alcanzar una posición común.
El desafío para el Senado será definir si el nuevo régimen consigue ampliar el uso del biodiésel sin trasladar un costo excesivo al surtidor y, al mismo tiempo, evita que la apertura termine concentrando en pocas compañías un mercado que hoy sostiene a 25 plantas distribuidas en el interior.
En este sentido, las pymes alertan que el proyecto Bullrich puede generar el “efecto Uber”; grandes jugadores que, gracias a su escala y respaldo financiero, pueden ingresar con precios bajos, desplazar a los competidores más pequeños y, una vez que dominan el mercado, volver a subirlos.
