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El litigio legal por la nacionalización de YPF está atravesando sus últimas etapas en su sede neoyorquina y, ante los intentos de Burford por reabrir el caso o mejorar su posición para llevarlo a otro tribunal, Argentina volvió a hacer un planteo ante la jueza Loretta Preska.
Este año tuvo como punto más elevado el fallo de la Cámara que dio un verdadero golpe legal a las pretensiones de Burford cuando revocó la sentencia de Preska. Los activos de la parte litigante se desplomaron, en una admisión por parte del mercado de que buena parte de la suerte estaba echada.
La decisión modificó radicalmente el escenario del juicio. De hecho, Burford reconoció que el valor contable del caso YPF cayó más de 90% en sus balances: pasó de unos US$ 1475 millones a apenas US$ 93 millones.
Ante sus representados, Burford adelantó parte de su estrategia legal, que consiste básicamente en pedir la reapertura del caso en sede estadounidense o recurrir a un órgano supranacional como el CIADI, un espacio históricamente negativo para la Argentina.
La primera opción, la de la reapertura, es poco probable y, en ese sentido, comenzaron a trabajar en el otro camino, consiguiendo —en el corto plazo— un fallo favorable en el escritorio de Preska que ahora fue apelado por YPF.
Qué consiguió Burford ante Preska y qué pide Argentina
El 5 de mayo pasado, Preska habilitó que Burford use, en un eventual arbitraje ante el CIADI contra Argentina, toda la información que obtuvo en el discovery del caso en Nueva York.
Entre 2020 y 2022, el juicio pasó por lo que en Estados Unidos se llama discovery: la etapa en la que las partes presentan toda la información que van a utilizar como prueba. Los demandantes buscaban probar que YPF actuaba como brazo del Estado. Allí, Argentina entregó más de 10.000 unidades documentales.
Parte de esa información quedó bajo confidencialidad. Sólo podían utilizarla quienes participaban del juicio original y estaba prohibido llevarla a otros procesos. Incluso se había acordado destruir ciertos documentos una vez utilizados.
Argentina entiende que el fondo podría usar la información del discovery anterior a la sentencia de primera instancia sobre las cuestiones legales de fondo, pero no la que obtuvo Burford después de la sentencia, cuya finalidad era identificar activos embargables.
Según el abogado Sebastián Soler, Argentina argumenta que la decisión de la Cámara neoyorquina de revocar la sentencia de Preska invalida retroactivamente el derecho de Burford a obtener esa información, cuyo único propósito era forzar el pago de una indemnización que ya no es exigible.
Además, la representación argentina le pidió a la jueza que no permita usar la información de discovery entregada por YPF, dado que la petrolera no será parte de un eventual arbitraje contra Argentina en el CIADI.
Tanto las reglas del CIADI como los tratados bilaterales de inversión de Argentina con España y Estados Unidos —aquellos que probablemente se pongan sobre la mesa— sólo contemplan reclamos contra Estados.
Qué puede pasar en el juicio por YPF
“Probablemente la respuesta a estos planteos será la última intervención significativa de Preska en el caso —después de once años de tenerlo a su cargo— porque, tras la decisión de la Cámara de Nueva York que revocó su sentencia, las únicas instancias que faltan (recurso de rehearing en banc ante el plenario de la Cámara y recurso de certiorari ante la Corte Suprema) serán resueltas por esos tribunales superiores”, señaló Soler.
Aunque es poco probable la reapertura en Nueva York y también muy improbable que intervenga la Corte Suprema de los Estados Unidos, ayer se conoció que The Heartland Institute, una organización que se presenta como un “think tank conservador y libertario”, se presentó bajo la figura de amicus curiae apoyando la reapertura del caso.
El perfil de Heartland incluye su rechazo histórico al cambio climático y al impacto del cigarrillo sobre la salud. En ese campo, durante la década de 1980, formó parte del lobby tabacalero contra las restricciones al consumo.
Esta vez ocupa el rol de “amigo de la corte” al afirmar que el fallo favorable a YPF representa una amenaza para la protección de los inversores y la integridad de los mercados de capitales de Estados Unidos.
La organización sostiene que la decisión permite que soberanos extranjeros capten capital en los mercados norteamericanos bajo promesas comerciales y luego eviten responsabilidades contractuales sin una reparación efectiva.
