Cuando una persona muere y deja más de un heredero, los bienes no pasan de inmediato a pertenecer de manera individual a cada uno. Hasta que se realiza la partición, la herencia integra un patrimonio común: es el llamado estado de indivisión. En ese período, los herederos pueden tomar medidas de conservación y cubrir gastos necesarios para evitar el deterioro de los bienes. Pero los actos de administración o disposición —como vender, alquilar o modificar bienes— requieren el consentimiento de todos los coherederos, salvo intervención judicial en casos urgentes. La indivisión forzosa ocurre cuando la ley permite que la herencia, o una parte de ella, no se divida durante un plazo determinado. El testador puede imponer a sus herederos, incluso a los legitimarios, que la herencia se mantenga indivisa por un plazo máximo de 10 años. También puede ordenar que no se divida un bien específico, un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o productivo, o las acciones, cuotas o partes sociales de una sociedad en la que era socio principal o accionista. Si el testamento fija un plazo mayor al permitido, la ley lo reduce al máximo legal. Además, un juez puede autorizar la división antes del vencimiento si existen circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. La indivisión también puede surgir por acuerdo entre los propios herederos. El Código Civil y Comercial permite que pacten mantener la herencia total o parcialmente indivisa por un plazo que no exceda los 10 años, con posibilidad de renovación por otro período igual. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el acuerdo requiere aprobación judicial. Y aun cuando exista pacto, cualquiera de los coherederos puede pedir la división anticipada si hay causas justificadas. El cónyuge sobreviviente puede oponerse a que se divida un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole si constituye una unidad económica y si lo adquirió, lo constituyó, es socio principal o participaba activamente en su explotación. En esos casos, la indivisión puede mantenerse por hasta 10 años desde la muerte del causante y prorrogarse judicialmente, a pedido del cónyuge, hasta su fallecimiento. Durante ese plazo, la administración del establecimiento, acciones, cuotas o partes sociales corresponde al cónyuge sobreviviente. La clave, entonces, no es que los bienes heredados queden automáticamente “inutilizables”, sino que la ley puede impedir su división o disposición libre para preservar el patrimonio, evitar conflictos y proteger unidades económicas o familiares.