En la previa a la llegada del Papa León XIV a Argentina, La Iglesia volvió a poner el debate por la Ley de Tierras en el centro de la agenda política.
A través de un comunicado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Endepa y Cáritas manifestaron su preocupación por la posibilidad de una “venta sin límites de tierras a extranjeros” luego del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023.
“Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupación ante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, señalaron en un comunicado difundido este lunes, firmado el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís.
Las organizaciones reclamaron a legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades judiciales que velen por “la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación”.
La declaración retoma el planteo que las mismas organizaciones habían realizado en junio, cuando el Gobierno todavía impulsaba en el Congreso su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía modificaciones al régimen de tierras rurales.
En aquella oportunidad, la cúpula religiosa había cuestionado que la iniciativa dejara sin efecto las restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros y habían advertido especialmente sobre el acceso a terrenos vinculados con reservas de agua y otros recursos naturales.
Ahora, el contexto cambió. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Qué dijo la Corte y qué queda pendiente
El máximo tribunal no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras. La Corte rechazó la demanda presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) porque consideró que la organización no tenía legitimación para promover esa acción colectiva y que no estaba configurado un caso judicial que habilitara al tribunal a resolver sobre el fondo de la cuestión.
La propia sentencia dejó expresamente a salvo la competencia del Congreso para intervenir sobre el DNU. El efecto práctico, sin embargo, fue que quedó nuevamente operativo el artículo 154 del decreto y, por lo tanto, la Ley 26.737 permanece derogada.
Ese punto es el que volvió a llevar la discusión al Congreso. La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70/23. Para abrir el recinto necesita reunir 129 diputados y, una vez alcanzado el quórum, el rechazo del decreto requiere mayoría simple.
Según indicaron voces clave en el Congreso a El Cronista, la votación está muy fina y faltarían diez votos.
Además, ya ingresó a Diputados un proyecto del diputado Eduardo Valdés que propone derogar específicamente el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la plena vigencia de la Ley 26.737. El expediente fue girado a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
El reclamo de la Iglesia
En su nuevo pronunciamiento, las organizaciones eclesiales no se limitaron a cuestionar la posibilidad de que extranjeros compren tierras. El planteo está construido alrededor de una concepción de la tierra como bien común y componente de la soberanía nacional.
“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, sostuvieron en el comunicado de junio, al advertir que el proyecto oficial debilitaba la capacidad del Estado para administrar el territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario frente a intereses privados.
Además, en ese momento, pusieron el foco en las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para las cuales la tierra representa “identidad, cultura, memoria y futuro”.
El comunicado de octubre es más breve y tiene como volver a poner presión sobre los poderes del Estado después del fallo de la Corte.
“Reiteramos nuestro comunicado del pasado mes de junio, apelando a la responsabilidad de nuestros legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo y funcionarios de la Justicia”, señalaron.
La definición se produce además después de que el Gobierno retirara del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la compra de tierras por extranjeros, ante la falta de respaldo suficiente en el Senado. La discusión, que había quedado fuera del proyecto legislativo, regresó ahora por la vía del DNU 70/23.
Así, el planteo de la Iglesia vuelve a coincidir con una discusión que tendrá un nuevo capítulo parlamentario, mientras desde el gobierno nacional buscan mantener la paz con la institución antes de la llegada del Papa León XIV.
La Justicia ya rechazó una cautelar
La Justicia rechazó la cautelar impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot contra la derogación de la Ley de Tierras para evitar la venta ilimitada a extranjeros.
El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, decidió no hacer lugar al pedido por considerar que “no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento”.
Pichetto y Massot habían presentado una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la Ley 26.737, “hasta el dictado de sentencia en el proceso principal”.
Los diputados remarcaron que el objetivo de esta medida era “evitar que, durante el tiempo que demande la tutela judicial, se consoliden situaciones jurídicas que luego no puedan revertirse sin afectar derechos de terceros”.
Tras el rechazo a la cautelar, Pichetto criticó la decisión del juez: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”.
