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La actividad de las pequeñas y medianas empresas enfrenta un contexto complejo ante la retracción del consumo interno y la presión de las importaciones. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en comercios muestran un escenario de “caídas mensuales e interanuales”.
Tal como detectó la entidad, hoy también crece “la competencia desleal de actores informales y la asimétrica derivada de medidas como la liberación de compras internacionales puerta a puerta y la desregulación de plataformas extranjeras”.
A este complejo panorama se suma una presión creciente sobre los márgenes de rentabilidad. Según CAME, el aumento en alquileres, servicios, logística y reposición de stock hoy deja a los empresarios sin margen de maniobra.
En paralelo, otro dato alarmante surge de un informe de la Fundación Observatorio PyME: durante el segundo trimestre de 2026, el 62% de las industrias registró un alargamiento en los plazos de cobro de sus clientes.
“Solo 1 de cada 3 pymes logra acceder efectivamente al financiamiento, pese a que el 73,7% manifiesta intención de invertir”
Esta situación, señaló el reporte, pone en tensión la cadena de pagos. Actualmente, una de cada cuatro PyMEs ya presenta atrasos en el cumplimiento de sus impuestos, al igual que con proveedores o bancos. “El deterioro de la cadena de pagos aparece, además, en un escenario en el que la falta de ventas continúa siendo el principal problema para el 81% de las firmas”, indicó CAME.
Frente a este escenario, la entidad se presentó ante senadores nacionales el pasado jueves con distintas propuestas para reactivar a las Pymes.
Antes de presentar los ejes centrales de su propuesta, los empresarios compartieron con los representantes del Congreso un diagnóstico crítico: caída del consumo, embargos de ARCA, alta presión impositiva, endeudamiento, entre otros. En ese sentido, los representantes de CAME presentaron un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad.
Las reformas impositivas que propone CAME
En el ámbito tributario, CAME reclamó una reforma tributaria que apunte a cambiar un sistema que calificaron de “complejo, fragmentado y regresivo”, con la existencia de entre 155 y 165 tributos. Más allá de esto, la entidad propuso un plan de varios pasos para modificar el esquema actual.
Entre las propuestas destacadas se encuentran:
- Ampliar la base imponible del IVA y acelerar las devoluciones de crédito fiscal a 30 o 60 días para exportadores.
- Implementar alícuotas diferenciales en Ganancias del 20% al 25% y permitir la deducción inmediata de inversiones en maquinaria.
- Reducir las contribuciones patronales para nuevos empleos formales con esquemas decrecientes durante un período de 24 meses.
- Avanzar en una conversión gradual del Impuesto al Cheque en crédito contra IVA y Ganancias en un plazo de dos años para microempresas.
- Acordar un nuevo consenso fiscal en Ingresos Brutos que elimine retenciones, percepciones y avance hacia un régimen de impuesto a ventas minoristas.
CAME también sumó propuestas para controlar las tasas municipales, mediante la aplicación de un “padrón nacional bajo la regla de que toda tasa debe corresponder a un servicio efectivamente prestado y medible”. La entidad solicitó, además, la prohibición de cobros sin contraprestación como también así los cobros basados en la misma base imponible que para el impuesto a los Ingresos Brutos.
Respecto a la presión financiera, planteó la necesidad de crear una Cuenta Corriente Tributaria Integral entre ARCA y fiscos subnacionales que permita la “compensación cruzada” y que reconozca “intereses al contribuyente cuando el Estado exceda los plazos de devolución”.
En materia de comercio exterior, la entidad sugirió ”reembolsos automáticos a la exportación y eliminación gradual de percepciones y retenciones que generan saldos a favor crónicos".
En el eje de transparencia, CAME impulsa la “adopción de estándares OCDE en materia de beneficiario final e intercambio de información”. Para garantizar la estabilidad, proponen la “prohibición de dictar nuevos blanqueos fiscales por veinte años”.
Emergencia Pyme: la propuesta de CAME para frenar embargos y lanzar un plan de 48 cuotas
Asimismo, CAME cuestionó el nuevo plan de pagos de ARCA, que incluye un régimen especial de hasta 18 cuotas para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social. En este apartado, señalaron que las facilidades actuales resultan “insuficientes” para cubrir las necesidades de refinanciación del sector.
Por este motivo, consideraron necesario que no se apliquen multas durante el denominado “Período de Espera” previsto por ARCA. En paralelo, quienes normalicen sus obligaciones dentro de los 15 días posteriores a dicho período deberían obtener una “reducción del 50% de la multa”.
Otra propuesta central es la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares —incluidos los embargos— para el sector pyme.
Finalmente, recomendaron la creación de un nuevo ”régimen de facilidades de pago de hasta 48 cuotas". Este plan superaría ampliamente el límite de 18 meses actual.
Para que la refinanciación sea viable, CAME pide una “condonación del 50% de los intereses devengados” sumado a una tasa de financiación “equivalente al 50%” de la tasa pasiva del Banco Nación, que abarque deudas vencidas al 30 de junio, así como planes vigentes y caducos.
