Un país bloqueado y la necesidad de un desempate

Cualquier definición que se busque de Liderazgo en la bibliografía especializada contendrá más o menos estos mismos componentes: es el capacidad/habilidad de influir sobre un conjunto determinado de personas para que estos trabajen con entusiasmo/interés en la consecución de ciertos objetivos en búsqueda del bien común. 

En síntesis, algo así como la capacidad de alinear a otros detrás de un mismo cometido. Considerando esta definición y observando la escena en el oficialismo hoy, concluiremos que el Frente de Todos está inmerso en una profunda crisis de liderazgo.

Esta profunda crisis política que atraviesa el oficialismo es en última instancia una delicada crisis de liderazgo. Crisis que encuentra sus raíces en los vicios de la legitimidad de origen que afectaron este liderazgo presidencial (se eligió un candidato sin territorio, sin votos y sin popularidad); y en los déficits de la legitimidad del ejercicio (el presidente no logró consolidar su liderazgo presidencial con buenos resultados de gestión, y se vio afectado con escándalos como el Vacunatorio VIP y el Olivosgate, que socavaron su credibilidad). 

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Mejor prueba de esta crisis del liderazgo presidencial es la cantidad de candidatos que se animan a reclamar una PASO habiendo un presidente con reelección legal posible.

Pero al margen de ese diagnóstico, lo peligroso de tener una crisis de liderazgo en el oficialismo son sus consecuencias: un proceso de toma de decisión que no funciona. 

El Frente de Todos ha sido una coalición que tuvo muchos problemas para tomar decisiones, durante la primera mitad de mandato, porque no se ponía de acuerdo, y en esta segunda mitad de mandato, porque quedó en desacuerdo con la decisión del presidente de acordar con el FMI. 

Decisión que grafica con elocuencia la crisis de liderazgo: quién estaba en condiciones de tomar esa decisión por encima de la voluntad del resto de los miembros de la coalición (el presidente), cuando toma esa decisión se le descompone la coalición (renuncia Máximo, el kirchnerismo le vota en contra del acuerdo y se rompe el diálogo entre el presidente y su vice), dejando en evidencia que le estaba vedado ejercer ese liderazgo.

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¿Y por qué las diferencias explícitas dentro del Frente de Todos no producen una ruptura de la coalición de gobierno? Es una pregunta interesante, que tiene su mejor respuesta en el propio sistema de incentivos que tienen los actores: ninguno de los protagonistas tiene incentivos para romper la coalición (por ahora).

Aún si Cristina Kirchner quisiera romper la coalición, opera una restricción sobre esa decisión: si lo hiciera, todo lo que ocurriese después de esa ruptura podría bien ser achacado a su responsabilidad por haber roto la coalición (el efecto Chacho Álvarez). 

Por el otro lado, aún si Alberto Fernández quisiera romper la coalición, opera una restricción sobre esa decisión: si lo hiciera, todo lo que queda por delante de mandato será aún más complejo de transitar en absoluta minoría y sin tener garantizado el apoyo del resto de los actores (Gobernadores, sindicatos, etc.) que, de mediar dificultades, no dudarán en desentenderse del rumbo de gobierno y dejarían al presidente sin sustento político (el efecto De la Rúa). Por ello decimos que tanto Alberto como Cristina quedaron encerrados en el Frente de Todos.

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Esta imposibilidad de que se produzca el divorcio nos lleva a sostener la tesis de que lo que nos ha quedado es un gobierno que, a pesar de que su presidente decidió un rumbo determinado, sigue acogiendo en su interior una puja sobre el rumbo definido en el acuerdo con el FMI. 

Sobre todo porque el sector opositor al acuerdo con el FMI (el kirchnerismo), cree que el programa con el organismo aún puede modificarse en la implementación.

Al margen de tener dos oficialismos persiguiendo programas económicos distintos, lo delicado del asunto es que todo el sistema de incentivo de la coalición de gobierno quedó en contraposición. 

Y si se quiere, la decisión de Cristina de manifestar su oposición al acuerdo con el FMI firmado por Alberto Fernández pone a su liderazgo necesariamente a confrontar con el del presidente. 

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Si el destino del liderazgo político del presidente quedó en manos del programa con el FMI, el destino del liderazgo político de la vicepresidenta quedó en manos del fracaso de ese programa. Los liderazgos de Alberto y de Cristina están compitiendo por sobrevivir uno sobre el otro.

Pero, ¿por qué Cristina tiene incentivos para que el programa acordado con el FMI no se cumpla? Esos incentivos se entienden si convalidamos la premisa de Cristina de que con este programa, el oficialismo perderá la elección de 2023. 

Si convalidando esa premisa, se entienden todos los incentivos para no cumplir con el programa: en primer lugar, para evitar que los costos políticos del programa (aumento de tarifas, por ejemplo), sigan dañando su capital político; en segundo lugar, para no hacerle el trabajo sucio al que venga, si es que se va a abandonar el poder en 2023; y por último, para forzar al FMI a darle la razón o a perdonarla, porque si se incumplen las metas y el FMI no otorga un perdón, Argentina entraría en default y confirmaría lo que Cristina dijo que podía pasar, que el FMI tumba presidentes.

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Lo cierto es que esta crisis de liderazgo dentro del oficialismo viene trabando el funcionamiento del Ejecutivo (cuesta tomar decisiones), pero no solo el ejecutivo aparece parcialmente bloqueado. 

El Congreso casi no puede sancionar leyes y ahora sumamos al Poder Judicial, cuyo Consejo de la Magistratura casi no podrá sancionar o remover jueces, también por una situación de empate político. Si consideramos que el único que puede producir un desempate de esta situación (para un lado o para otro) es el pueblo votando, entonces tomaremos consciencia que hemos entrado en una larga transición hacia el potencial desempate que podrá sobrevenir con la elección presidencial 2023. Hasta allí habrá que tener paciencia, porque todo el escenario político seguirá empatado.