El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la gran apuesta del gobierno nacional para la llegada de inversiones que movilicen la economía, se asoma a un conflicto jurídico que puede ser un caso testigo. Mientras la ley nacional exige que haya hasta un 20% de “compre argentino”, hay provincias que se plantean exigir hasta un 60% de contrataciones de proveedores locales. Tal es el caso que podría afectar al proyecto Vicuña, uno de los 10 yacimientos de cobre más grandes del mundo que podría implicar una inversión total durante su extensión de u$s 15.000 millones y que de acuerdo con la empresa sólo este año desembolsará u$s 790 millones. Concretamente se trata de un desarrollo de las compañías BHP y Lundin Mining para explotar las minas de José María y Filo de Sol, con fuerte presencia de cobre, oro y plata tanto en Región Atacama, en Chile, como en la provincia de San Juan de este lado de la Cordillera. Entre ambos depósitos el proyecto suma más de 12 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata. Justamente por estas horas, en las oficinas centrales en Vancouver donde se está avanzando con las distintas fases del proyecto, se empezó a diseñar el próximo paso ligado a la contratación de las constructoras que levantaran las obras del yacimiento. Allí, ya se estaría por definir que habrá dos consorcios de compañías para hacer todos los trabajos. Uno, con capitales locales, y otro con predominio de firmas extranjeras. Entre las empresas locales que pujan por entrar corren con ventaja algunos grupos que trabajaron hace años en el proyecto de Pascua Lama, vecino de Veladero. “Con la contratación de una constructora argentina de ese tamaño, Vicuña ya cumple con la exigencia de un 20% de compre argentino que estableció el RIGI”, indicaron quienes preparan los detalles del negocio. Toda la estructura del proyecto está siendo trabajada por Dante Sica, el ex ministro del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, se ven venir un litigio en el horizonte. El gobierno de San Juan está trabajando desde el año pasado en una norma que aliente el desarrollo de proveedores locales y podría exigir hasta un 60% de “compre sanjuanino”. En Vicuña, de hecho, están analizando posibles reglamentaciones para medir su impacto. El proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, conocido como “Compre y Empleo Local”, estipula que el 80% de la nómina total de cada explotación minera deberá corresponder a trabajadores sanjuaninos. Por otra parte, el 60% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios deberá contratarse con proveedores locales registrados, salvo que no exista oferta local disponible. A su vez, las empresas contratistas grandes que trabajen en los distintos yacimientos también quedan obligadas a cumplir los mismos porcentajes. Hasta ahora, en Vicuña analizan entregar los proyectos de construcción grandes -negocios del orden de los u$s 500 millones cada uno, a una firma argentina y a una multinacional. “Luego habrá paquetes de obras más chicas que pueden ir a proveedores locales, pero sin dudas habrá un conflicto jurídico por el avance de la ley de compre local”, advierten. A priori, con la contratación de una constructora local ya Vicuña cumplimenta el “compre argentino” y quedaría deslindada de cualquier otra obligación según la ley nacional. Pero sí quedará atada a lo que le imponga eventualmente el proyecto del gobierno de Marcelo Orrego. En San Juan ya existe un “compre minero” que rige desde 2013 que establece el porcentaje de bienes y servicios provistos desde la provincia en un 75%, salvo que no se consiga el producto o ingrese otro más de 10% más barato desde afuera. Lo cierto es que como desde la reforma constitucional de 1994 se deja en claro que los recursos naturales que están en el suelo son de las provincias, son esas jurisdicciones las que en definitiva pueden decidir la forma en que se explotan y en qué condiciones. “Pero al mismo tiempo, siempre una ley nacional manda sobre una legislación local”, advierte una abogado especialista en explotación minera y petrolera. El ministro de producción de San Juan, Gustavo Fernández, ha dicho en la prensa local que está construyendo una ley “que no solo ordena, sino que impulsa la competitividad y la integración de proveedores sanjuaninos en la minería”. Vicuña se incorporó al programa RIGI a fines del año pasado y fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Es potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país”, señaló el funcionario en sus redes sociales. En ese momento, detalló que se habían comprometido inversiones “aceleradas” para los primeros dos años de u$s 2000 millones. “Este compromiso de inversión es una muestra cabal de la confianza generada por las reformas del gobierno del presidente Javier Milei”, subrayó. El Gobierno está urgido por que se concreten desembolsos más allá de los anuncios que superan los u$s 100 mil millones para los próximos años. De hecho, de acuerdo con las últimas cifras oficiales del Banco Central, el rubro de inversión extranjera directa aún arroja saldo negativo, es decir, es más grande el flujo de capitales que salen -por la venta de compañías, por ejemplo- que los fondos que se hunden. Por eso, cualquier nueva traba, como un litigio jurídico, enciende las alarmas y obliga a los técnicos a encontrar soluciones en tiempo récord.