OPINIÓN

Los impuestos patrimoniales como mecanismo para reducir la desigualdad

Ni Bienes Personales ni el impuesto a la riqueza sirven para ese fin. Los tres supuestos que no se cumplen.

Con fecha 23 de diciembre de 2019 y en el marco de la emergencia pública declarada en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, el actual gobierno elevó la presión tributaria a niveles inusitados.

Así, para el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales lo incrementó del 0,25% al 1,25% cuando los bienes se encuentren en el país, o al 2,25% cuando se encuentran ubicados en el exterior y su titular decidiera no repatriar activos financieros equivalente al 5% de los bienes radiados en el exterior.

Posteriormente y en el marco de los efectos devastadores que provocó en nuestra economía el interminable aislamiento obligatorio decretado durante el año 2020, creó el Impuesto a la Riqueza para los residentes del país en tanto los activos superarán una suma equivalente a $ 200 millones, vulnerando así una serie de garantías constitucionales que provocó que ciertos obligados al pago decidieran judicializar su efectivo ingreso.

Por su parte, desde hace ya algunas semanas atrás, trasciende que el gobierno elevará al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley por el cual requiere que se lo faculte por dos años más, a elevar al 2,5% la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales para los bienes ubicados en el exterior. Recordemos que la facultad otorgada por la mencionada ley de solidaridad le otorgó facultad hasta el 31 de diciembre 2020 y el Poder Ejecutivo definió como alícuota máxima el 2,25%. De no convertirse en ley este trascendido, tanto los bienes del país como los bienes del exterior quedarían alcanzados a una alícuota máxima del 1,25%.

Frente a este contexto, en el cual por cierto se multiplican los supuestos de confiscatoriedad, nos preguntamos si los impuestos de carácter patrimonial constituyen una alternativa válida para reducir la desigualdad con la que el Gobierno pretende justificar todas estas medidas.

Desde ya, la única respuesta a este interrogante es: "no". El gobierno confunde y desnaturaliza los supuestos en los cuales los impuestos patrimoniales son incorporados al elenco de los tributos posibles.

Desde un punto de vista técnico, las razones que justifican los impuestos patrimoniales con alícuotas moderadas se centran exclusivamente es aspectos que hacen a la eficiencia, la equidad y la gestión del sistema tributario. Sin embargo, dado que cada una de las razones presenta serias fisuras, la mayoría de países han dejado de considerar estos gravámenes, pues al final del día, los perjuicios que provocan sobre la inversión y la atracción de capitales externos son mayores que los beneficios que generan.

En efecto, en cuanto a la eficiencia se ha sostenido que el tributo debiera gravar exclusivamente activos improductivos para que sus titulares se estimulen a los usos más productivo de la propiedad y ello genere más fuente de trabajo. En nuestro país, se grava tanto a los activos improductivos como los productivos, de manera que hemos desaprovechado una de las razones que justifican el tributo.

El impuesto a la ganancias de las personas humanas no grava ciertos enriquecimientos hasta tanto estos no se realicen. Por ejemplo, las ganancias de capital que derivan del aumento del valor de mercado de ciertos activos, tales como inversiones financieras, inmuebles, etc., no resultan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias hasta tanto no decidan enajenarse. En este contexto, existen quienes sostienen que los Impuestos Patrimoniales se justifican desde la perspectiva de la equidad para compensar las imperfecciones que supone no gravar con el Impuesto a las Ganancias tales enriquecimientos que se generan año a año.

Por último, se argumenta como razón para el establecimiento de los impuestos patrimoniales la gestión del sistema tributario por constituirse en una fuente de información para las Administraciones Tributarias del patrimonio expuesto a la generación de rentas que luego son alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Desde un punto de vista teórico, se considera que en tanto las administraciones tributarias no posean información del patrimonio de los contribuyentes, existe una fuerte propensión a la evasión de la renta que genera tales patrimonios. En nuestro sistema tributario, los contribuyentes del Impuesto a las Ganancias están obligados a declarar su patrimonio. Es decir, no necesitamos el Impuesto sobre los Bienes Personales para lograr este objetivo.

Como se observa, ninguna de las razones esbozadas promueven disminuir la desigualdad social existente. El impuesto que por excelencia persigue este objetivo es el Impuesto a las Ganancias; sin embargo, para que el mismo logre su rol en nuestro país, el gobierno debe asumir con seriedad y compromiso trabajar en una serie de cuestiones que no sólo ha descuidado en los últimos tiempos sino que las ha agravado.

La seguridad jurídica, el respeto por las instituciones, la existencia de un entorno de negocios amigable, la confianza y la credibilidad tanto nacional como internacional, la estabilidad en las reglas de juego, el control de la inflación, la reducción paulatina de la presión tributaria, la menor intromisión posible del estado a la economía nacional, la ejecución de un plan tendiente a achicar la brecha existente en los tipos de cambios existentes son, entre otros aspectos, las cuestiones que requieren urgentemente un plan elaborado por las principales fuerzas políticas y que logre consenso nacional.

Hasta tanto esto no suceda, las desigualdades se irán profundizando y los capitales privados se refugiaran en economías que promuevan tales valores.

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