Durante buena parte de las últimas dos décadas, la política energética argentina estuvo dominada por una idea aparentemente atractiva: mantener bajos los precios y las tarifas de la energía para proteger el ingreso disponible de las familias y los costos de las empresas. El beneficio era inmediato y muy visible.
Una factura de gas o electricidad artificialmente barata dejaba más pesos disponibles para consumir otros bienes. El problema es que el costo de producir, transportar y distribuir esa energía no desaparecía. Simplemente se trasladaba a otro lugar.
Lo que los usuarios dejaban de pagar en sus facturas terminaba siendo cubierto por el Estado mediante subsidios, por las empresas a través del deterioro de sus ingresos y su capacidad de inversión, o por la economía en su conjunto a través del déficit fiscal, la inflación y la necesidad de importar energía.
Sin inversión, la infraestructura se deterioraba, comprometiendo la calidad del servicio y la seguridad energética futura. La energía barata por decreto terminaba, tarde o temprano, siendo cara para todos.
Los costos ocultos de los subsidios
Los subsidios energéticos pueden ser una herramienta necesaria para proteger a los hogares vulnerables. El problema aparece cuando dejan de estar focalizados y se convierten en un mecanismo generalizado para mantener precios y tarifas artificialmente bajas con independencia del nivel de ingresos, del consumo o de la capacidad económica de cada usuario. Durante los años 2000, la Argentina avanzó sistemáticamente en esa dirección.
En un contexto de inflación creciente, las tarifas de electricidad y gas permanecieron durante largos períodos prácticamente congeladas, mientras los costos de generación, producción, transporte y distribución aumentaban. La diferencia comenzó a ser absorbida crecientemente por el Estado.
El esquema tenía una lógica política sencilla. Los beneficios eran visibles todos los meses en la factura, mientras que los costos permanecían ocultos. Nadie recibe una factura que diga cuánto pagó por subsidios energéticos a través de sus impuestos, cuánto perdió por la inflación asociada al déficit fiscal o cuánto costaron las importaciones necesarias para reemplazar la energía que el país había dejado de producir.
Ese mecanismo generó una ilusión de aumento del ingreso disponible. Los hogares pagaban menos por la energía y podían destinar esos recursos a otros consumos. Pero ese ingreso adicional no provenía de una mejora genuina de la productividad ni de un aumento de los salarios reales. Era financiado por algún otro sector de la economía y, en buena medida, por el propio Estado.
A medida que el sistema se profundizó, los subsidios energéticos llegaron a convertirse en uno de los principales componentes del gasto público nacional. El congelamiento tarifario volvió a repetirse entre 2019 y 2023, cuando el deterioro de los precios relativos volvió a ampliar rápidamente la distancia entre lo que costaba la energía y lo que efectivamente pagaban los usuarios.
Cuando las señales desaparecen
Los precios cumplen una función central en cualquier sistema energético. No solamente determinan cuánto paga un consumidor. También indican dónde conviene producir, cuándo invertir, qué infraestructura desarrollar y cuánto vale ahorrar una unidad adicional de energía.
Cuando esas señales desaparecen de manera permanente, las consecuencias negativas se multiplican.
En el segmento de producción, el congelamiento de precios y las intervenciones sobre el mercado redujeron durante años los incentivos para invertir. El resultado fue una prolongada caída de la producción convencional de petróleo y gas, agravada por el declino natural de los yacimientos convencionales y una creciente necesidad de cubrir la demanda interna mediante importaciones. La recuperación posterior de la producción, impulsada fundamentalmente por Vaca Muerta, permitió revertir esa dinámica.
En transporte y distribución, la falta de ingresos suficientes para sostener las redes postergó inversiones y obligó a diferir obras de mantenimiento, ampliación y modernización. Una infraestructura energética puede continuar operando durante algún tiempo aun cuando la inversión sea insuficiente. El deterioro no siempre resulta visible de inmediato. Pero se acumula lentamente hasta traducirse en restricciones de capacidad, peor calidad del servicio o mayores necesidades de inversión futura.
El problema tampoco se limitó a la industria. Precios artificialmente bajos redujeron los incentivos de hogares y empresas para utilizar la energía de manera eficiente. Cuando el precio de un recurso se aleja sistemáticamente de su costo, también se vuelve menos atractivo invertir para cuidarlo.
Del déficit al superávit energético
Una de las consecuencias macroeconómicas más importantes del deterioro del sistema energético apareció en la balanza comercial.
La Argentina pasó de ser un exportador relevante de energía a necesitar crecientes importaciones de gas, combustibles y otros productos energéticos para abastecer su mercado interno. En algunos años, el déficit comercial energético alcanzó varios miles de millones de dólares y se convirtió en una restricción adicional para una economía históricamente escasa de divisas.
La paradoja era evidente. Un país con enormes recursos de petróleo y gas terminaba utilizando una parte significativa de sus dólares para importar energía.
El desarrollo de Vaca Muerta comenzó a modificar estructuralmente ese escenario. El fuerte crecimiento de la producción no convencional permitió reducir las importaciones y expandir las exportaciones de petróleo y gas. La construcción de nueva infraestructura de transporte profundizó esa tendencia y permitió aprovechar recursos que durante años permanecieron limitados por falta de capacidad para llevarlos hasta los centros de consumo y los mercados externos.
La balanza energética volvió al superávit y todo indica que ese saldo continuará creciendo durante los próximos años. El cambio es profundo: la energía dejó de ser una fuente estructural de demanda de dólares para convertirse en uno de los sectores con mayor capacidad de generarlos.
No se trata solamente de Vaca Muerta. El nuevo ciclo de inversiones incluye oleoductos, gasoductos, terminales de exportación, proyectos de GNL, ampliaciones de redes eléctricas y nuevas inversiones en generación, transporte y distribución.
La recuperación de señales económicas adecuadas permitió que proyectos que durante años no resultaban viables comenzaran a encontrar financiamiento. Este proceso no se limitó a la recomposición de precios y tarifas: también se completaron las revisiones tarifarias, normalizando el marco contractual de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y devolviendo mayor previsibilidad a las inversiones.
No desperdiciar el esfuerzo realizado
La Argentina realizó durante los últimos años un enorme esfuerzo para corregir los desequilibrios acumulados en el sector energético. Buena parte de ese proceso fue necesariamente incómodo. Las tarifas aumentaron, los subsidios se redujeron y hogares y empresas debieron adaptarse nuevamente a precios que reflejan mejor el costo de la energía que consumen. Sería un error detener el proceso justamente cuando empiezan a aparecer sus beneficios.
Todavía queda completar la normalización tarifaria, consolidar mecanismos de actualización previsibles y profundizar las inversiones necesarias para mejorar la calidad y la seguridad del servicio. También será necesario aprovechar una perspectiva estructural de costos energéticos más competitivos asociada a la expansión de Vaca Muerta y a la incorporación de nuevas tecnologías.
La mejora sostenible del ingreso disponible de los hogares no puede descansar en el congelamiento o la intervención de las tarifas, sino en una economía que gane productividad, genere empleo y permita que los salarios crezcan de la mano del PIB.
Volver a utilizar los precios de la energía como herramienta para sostener artificialmente el poder adquisitivo implicaría repetir una estrategia que ya mostró sus límites: alivio transitorio para los hogares, pero a costa de menores inversiones, deterioro de los servicios y mayores desequilibrios fiscales y externos. El camino para recuperar el ingreso real es el crecimiento, no volver a chocar con la misma piedra.
