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El Gobierno elevó una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Buenos Aires.
La medida fue instruida por el canciller Pablo Quirno en respuesta al anuncio realizado por las autoridades de las islas Malvinas sobre la extensión de licencias de explotación de hidrocarburos offshore y la aprobación de la adquisición de una participación en el bloque PL001 por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited.
En un comunicado oficial, la Cancillería expresó su “enérgico rechazo” a lo que calificó como decisiones adoptadas por “autoridades ilegítimas” de las islas, y reafirmó que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina “resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 22, 2026
El anuncio británico que motivó el rechazo
La protesta llegó un día después de que el gobierno de las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido, anunciara la prórroga por cinco años de todos los permisos vigentes para operaciones petroleras offshore, con opción a extenderlos dos años más si las empresas cumplen con sus programas de trabajo. Según el comunicado isleño, la decisión “cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido”.
Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las prórrogas “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, y agregó que se trata de “recursos nuestros que debemos desarrollar” de manera “responsable”.
En las aguas del Atlántico Sur que rodean a las islas operan, entre otras, la israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en el proyecto Sea Lion, que ingresó en diciembre pasado en fase de desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028. También poseen licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.
Además, el gobierno isleño aprobó la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas de una participación del 65% en el bloque PL001, vecino a Sea Lion, tras el acuerdo que la firma suscribió en febrero con JHI Associates.
El comunicado oficial argentino sostiene que toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con la autorización expresa de las autoridades competentes del país constituye “un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino”, citando en particular las leyes 26.659 y 26.915 y el decreto 868/2026.
En ese marco, el Gobierno remarcó que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en esa plataforma, ya sea mediante el otorgamiento de concesiones, participaciones, compromisos de inversión o la extensión de licencias.
