Opinión

La caída del impuestazo en Pehuajó dejó en evidencia el hartazgo y una duda ¿hasta cuándo?

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El intendente Pablo Zurro envió al Consejo Deliberante de Pehuajó un proyecto para aplicar una tasa fitosanitaria equivalente a 2 litros de gasoil premium por hectárea por la utilización de agroquímicos.

La propuesta incluía también la extensión del área de exclusión de operaciones a 500 metros de distancia a partir de la última vivienda y la instalación de un GPS a todas las máquinas para monitorear la zona de trabajo.

Sin embargo, la noticia no hizo más que acumular rechazos por parte del sector agropecuario y fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el portavoz del mensaje: "El campo no resiste más presión impositiva", remarcó.

Una semana después, las repercusiones de la noticia hicieron que Zurro lo pensara mejor y retirara la propuesta. Es más, afirmó: "No tomaré ninguna medida en contra de los productores ni trabajadores agrícolas".

Pero, como la necesidad tiene cara de hereje, aclaró que adoptará controles y acciones que permitan "penalizar las aplicaciones irresponsables, con multas severas y con denuncia judicial". La recaudación ante todo.

Una historia que se repite

La decisión del intendente de Pehuajó no es una excepción. Por el contrario, en los últimos meses se presentaron diversos proyectos que buscan imponer tasas que, en muchos casos, son de dudosa procedencia.

El Consejo Deliberante de Azul, por ejemplo, decidió aprobar una tasa que recae sobre el campo y fueron los productores quienes se manifestaron en contra desde el momento de su anuncio.

Como si la dudosa legalidad de estas medidas no hubiese generado mucho ruido, Bolívar aprobó un incremento de la tasa vial en un 500% sin un argumento que justifique la decisión.

Pero no se trata de un problema exclusivamente bonaerense. En Rosario (Santa Fe) se estableció una tasa vial que recae sobre los combustibles, que encareció significativamente el valor de las naftas en la ciudad.

Dado el problema financiero por el que atraviesan muchos municipios de todo el país, cada vez es más común encontrar proyectos o normas ya aprobadas que desconocen los requisitos que fijo la doctrina de la Corte a lo largo del tiempo.

Lo que dijo la Corte Suprema

Los municipios tienen potestad para crear tasas. Eso es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y nadie puede quitárselo. Sin embargo, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la que aportó indicios para evitar abusos gubernamentales.

En efecto, el máximo tribunal expresó en diversas sentencias que, para ser considerado una tasa, el texto legal que le de sustento debe cumplir con tres requisitos:

  1. Debe existir una contraprestación real o eventual. Contraprestación que puede o no ser recibida por el contribuyente en cuestión.
  2. Debe poder individualizarse el contribuyente.
  3. El monto debe ser razonable respecto del servicio que se presta (o sea que no deberían ser ni irrisorios ni desproporcionados).

Dado el problema financiero por el que atraviesan muchos municipios de todo el país, cada vez es más común encontrar proyectos o normas ya aprobadas que desconocen los requisitos que fijo la doctrina de la Corte a lo largo del tiempo.

Una posible solución

Para evitar un permanente estado de crispación, los gobiernos deberían -primero que nada- intentar acomodar sus cuentas públicas y reducir gastos. No parece lógico que, ante un déficit, lo primero que hagan es intentar aumentar la recaudación.

Pero, además, es necesario que se lleve adelante una reforma impositiva integral, que incluya a la Nación, a las provincias y a los municipios y respete cuatro pilares:

  • Eliminación de impuestos malos.
  • Mejoramiento de los buenos tributos.
  • Establecimiento de límites claros.
  • Control del gasto para evitar déficits reiterados.

Brasil realizó una reforma que busca derrotar su ineficiencia fiscal. Eso demuestra que siempre se está a tiempo para avanzar en una modificación integral, que respete, de una buena vez, los principios de equidad, eficiencia y equilibrio presupuestario.

La solución del problema fiscal de los municipios radica en reemplazar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (que es de base provincial) por un IVA adicional (en torno a la franja 10-15%), el cual podría coparticiparse con los municipios.

De esta manera, por ejemplo, se podría definir que dos terceras partes vayan directamente para los gobiernos provinciales y el tercio restante para los municipales. Así daría previsibilidad y, posiblemente, evitaría impuestazos como estos.

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Comentarios

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  • HC

    Hernan Casanova

    Hace 32 segundos

    Va a doler reducir el monstruo de gasto publico fomentado por 20 años de kirchnerismo, son muchos años de derroche, y tratar de frenarlo de golpe no va a ser facil. Hay mucho ñoqui y mucho vago en la administracion publica.

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  • AFF

    Alejandro Figueroa Figueroa

    Hace 2 días

    Medicamentos impagables, jubilaciones casi congeladas......................................Ahhhh entiendo, los jubilados eramos la casta (los viejos meados, como nos llama este presidente).

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  • GB

    GABRIEL BAEZ

    Hace 3 días

    CONCLUSION: NO RECORRAS ARGENTINA. ANDA A CUAQUIER OTRO LADO Y AUN CON LA DIFERENCIA DE CAMBIO TE VA A SALIR MAS BARATO

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  • EF

    Emilio Fernandez

    Hace 3 días

    BASTA DE IMPUESTOS !!!

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