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La Argentina tiene petróleo, gas, alimentos, litio, cobre y otros minerales críticos. Eso no es nuevo. Lo nuevo es el valor estratégico que el mundo empezó a asignarles. Después de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la rivalidad entre Estados Unidos y China, empresas y gobiernos empezaron a mirar de otra manera sus fuentes de abastecimiento.
Estamos en medio de una reorganización de la globalización. La energía volvió a ser un asunto de seguridad nacional; los minerales críticos se volvieron piezas estratégicas de la transición energética, la electrónica y la defensa; y los alimentos reaparecen cada vez que una guerra o una interrupción logística recuerda que disponer de ellos tampoco puede darse por supuesto.
La oportunidad que hoy tiene la Argentina no depende solamente de una dotación excepcional de recursos naturales. Depende también de que buena parte del mundo desarrollado quiera diversificar de dónde obtiene alimentos, energía y minerales críticos. El precio y la eficiencia siguen importando, pero ya no son los únicos criterios: seguridad, diversificación geográfica y confiabilidad del proveedor también forman parte de la ecuación.
Las estructuras económicas no determinan mecánicamente las decisiones políticas, pero sí condicionan cuáles resultan sostenibles y cuáles se vuelven cada vez más costosas.
Durante buena parte de nuestra historia, la política logró contrariar durante algún tiempo esas restricciones con déficits sin financiamiento, tipos de cambio insostenibles, controles que postergaban ajustes y regulaciones que deterioraban los incentivos a producir o exportar. La economía terminaba imponiendo sus límites, y con elevados costos sociales.
La pregunta que hoy nos hacemos es si una estructura productiva cada vez más apoyada en proyectos de gran escala y horizontes largos puede modificar esa secuencia. Energía y minería exigen enormes desembolsos iniciales, contratos de largo plazo, infraestructura específica, acceso estable a mercados internacionales y previsibilidad regulatoria.
Si una mina o una planta de LNG exigen inmovilizar miles de millones de dólares antes de comenzar a recuperarlos en veinte o treinta años, la previsibilidad deja de ser una virtud abstracta y se convierte en un factor clave de la ecuación. Con ese telón de fondo, tal vez la nueva estructura económica pueda empezar a marcarle la cancha a la política; no impedirle equivocarse, pero sí hacer más evidente cuánto cuesta hacerlo.
La mayor amenaza
Entre la decisión de inversión y el momento en que una mina produce cobre, un proyecto de LNG exporta gas o una nueva infraestructura transforma una región pasan años. Mientras tanto, las familias siguen viviendo en la economía preexistente.
Si las actividades más intensivas en empleo permanecen débiles, y el número de trabajadores y sus salarios no crecen, puede abrirse una fractura entre la economía que promete el futuro y la sociedad que transita el presente. No hace falta que la población rechace el objetivo de país ni la transformación; alcanza con que sienta que sus beneficios están demasiado lejos.
Ahí pueden reaparecer preferencias por políticas que prometan acelerar artificialmente la distribución de esos beneficios mediante más gasto, atraso cambiario, controles, impuestos extraordinarios o apropiación anticipada de rentas futuras. Ese es posiblemente el mayor riesgo: que la transición produzca tensiones suficientes como para inducir decisiones que terminen abortándola.
Una economía con más dólares, capaz de aliviar la recurrente restricción de divisas, tampoco elimina los conflictos distributivos; puede intensificarlos. Cuanta más riqueza resulte visible, mayor será la discusión sobre quién debe apropiársela.
Y cuanto más rápido aparezcan las divisas, mayor será la presión por acelerar políticamente un derrame que económicamente lleva tiempo. Esa es una tensión muy argentina. Juan Carlos Torre ha insistido sobre nuestra “pasión igualitaria”, mientras Pablo Gerchunoff y Lucas Llach mostraron hasta qué punto nuestra historia puede leerse como el intento de compatibilizar crecimiento y demandas distributivas.
La macro importa
Frente a ese desafío, la respuesta no consiste en impedir que la sociedad quiera participar de esa nueva riqueza, sino en lograr que esa participación sea compatible con la continuidad del proceso que la genera. Por eso la macroeconomía importa tanto. Inflación baja, equilibrio fiscal, un régimen monetario y cambiario previsible, reservas suficientes y mercados de capitales más profundos no garantizan el éxito, pero reducen el costo de atravesar la transición.
Al mismo tiempo que se trabaja en el frente macro para que la estabilización resulte menos sospechada y más duradera, hacen falta mecanismos que permitan difundir los beneficios: educación y capacitación para que los trabajadores puedan insertarse en las nuevas actividades; infraestructura para conectar los polos productivos con el resto del territorio; y un sistema financiero capaz de transformar ahorro en inversión. El derrame no ocurre espontáneamente; hay que construir los mecanismos que lo hagan posible, y cuanto antes se avance en esa dirección, mejor.
¿Puede entonces el cambio estructural limitar la capacidad de la política para volver a equivocarse? Probablemente sí, aunque menos de lo que nos gustaría. Puede reducir la escasez estructural de divisas, ampliar la base exportadora, modificar el mapa productivo y fiscal de las provincias y generar actores interesados en preservar la estabilidad. Pero no elimina la política ni sus conflictos.
El presidente Milei y el ministro Caputo parecen empeñados en comunicar que una victoria de la oposición abortaría este proceso y devolvería al país al peor de los mundos. Cabe preguntarse si un discurso tan extremo no termina afectando las expectativas que el propio Gobierno necesita estabilizar, sobre todo cuando también sostiene que el oficialismo ganará las elecciones.
La contradicción no es menor. Si el triunfo está prácticamente asegurado, no parece razonable sobreactuar el riesgo de una catástrofe; y si ese riesgo existe, entonces la continuidad del proceso no debería depender sólo de un determinado resultado electoral, sino de construir condiciones macroeconómicas que lo vuelvan menos vulnerable a cualquier resultado electoral.
Una macroeconomía ordenada no garantiza que la Argentina aproveche esta oportunidad, pero una macroeconomía desordenada puede garantizar lo contrario. La geología y la geopolítica parecen habernos entregado una oportunidad excepcional.
Pueden hacer más costosos algunos de nuestros viejos errores; pero difícilmente puedan impedirlos si la transición no resulta aceptable para la mayoría de los argentinos.
