Mientras las exportaciones del sector pesquero se recuperan de un 2025 signado por un conflicto gremial extendido que paralizó la actividad, los mecanismos de control estatal sobre la pesca se debilitan.
Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV), que advirtió sobre una creciente brecha entre la expansión y la capacidad del Estado para fiscalizar qué se extrae del mar.
El trabajo muestra que la cobertura de inspección física a bordo cayó del 20% en 2023 al 15% en 2025, una reducción equivalente al 25% de la capacidad de control, y permaneció en ese nivel durante el primer semestre de 2026. En consecuencia, más de ocho de cada diez embarcaciones zarpan sin inspector.
Solo en 2025, 6322 de las 7437 mareas se realizaron sin fiscalización presencial. En el primer semestre de este año, la situación prácticamente no cambió: el 84,8% de los viajes volvió a operar sin inspector embarcado.
Más actividad, menos controles
Según el informe, el problema no radica únicamente en la caída de la cobertura, sino en que la actividad creció mucho más rápido que la estructura de fiscalización.
Mientras la cantidad de viajes pesqueros aumentó de manera sostenida, el plantel de inspectores embarcados pasó de 94 personas en 2021 a apenas 64 en 2025, una reducción cercana al 34%. Como resultado, cada inspector debe cubrir hoy 116 mareas, más del doble que cuatro años atrás.
Para los autores, el Estado “controla cada vez menos lo que extrae cada vez más”, una situación que genera interrogantes sobre la trazabilidad de un recurso natural estratégico.
El caso del calamar
La contradicción aparece con mayor claridad en el caso del calamar Illex, el principal producto pesquero de exportación.
En 2025 representó 193.385 toneladas exportadas y u$s 550 millones, mientras que entre enero y mayo de 2026 explicó el 45% del valor exportado por todo el sector.
Sin embargo, es también una de las pesquerías con menor nivel de fiscalización: apenas 9,1% de sus mareas tuvieron inspector en 2025 y 8,2% durante el primer semestre de este año. Es decir, más de nueve de cada diez viajes se realizaron sin control físico a bordo.
El informe agrega que otras especies de alta importancia económica, como el langostino y la merluza Hubbsi, también presentan bajos niveles de cobertura, mientras que las pesquerías de menor volumen registran porcentajes de inspección considerablemente más altos.
Ni inspectores ni cámaras
Los autores sostienen que la debilidad del sistema no se limita a la falta de personal.
Argentina cuenta desde hace más de quince años con un esquema de monitoreo electrónico mediante cámaras a bordo (SICON), pero el sistema fue prorrogado sucesivamente y nunca llegó a entrar en funcionamiento. De esta manera, la actividad queda sin fiscalización presencial y también sin monitoreo tecnológico.
En ese contexto, buena parte de la información sobre lo que ocurre durante una marea depende de las declaraciones juradas de los propios armadores, mientras la disponibilidad de datos públicos sobre permisos, despachos e infracciones continúa siendo limitada.
Para el CPA y SANHV, el crecimiento económico del sector debe ir acompañado por una actualización de los mecanismos de control.
Entre las propuestas el organismo propone aumentar la cantidad de inspectores de acuerdo con el crecimiento de la actividad, priorizar la fiscalización según el riesgo y el volumen de cada pesquería, poner en marcha los sistemas de monitoreo electrónico y avanzar hacia un registro público y trazable de embarcaciones, permisos e infracciones.
