V AS NAVEGABLES

Oposición de varias entidades por la Vía Navegable Troncal

Critican la posibilidad de incluir en la concesión los accesos a los puertos públicos de las provincias ribereñas. No aprueban la delegación a la AGP y cuestionan la tarifa de peaje impuesta para el tramo de Puerto Santa Fe a Confluencia.

Entidades vinculadas al campo, la producción y la logística portuaria y marítima cuestionaron diversas medidas implementadas y en curso de ejecución en la Vía Navegable Troncal (VNT).

Critican puntualmente la posibilidad de utilizar la recaudación de los peajes para mejorar accesos a puertos públicos de las provincias ribereñas. Tampoco aprueban la delegación a la AGP y piden licitación pública internacional de la VNT. Asimismo, se oponen a la tarifa de peaje impuesta por la resolución 1023/2022 del Ministerio de Transporte de la Nación para el tramo de Puerto Santa Fe a Confluencia.

Esta postura, fue expresada a través de una nota, dirigida al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), que lleva las firmas de Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales; Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales; Carlos Vaccaro, titular de la Cámara Argentina del Acero; Juan Carlos Vilanova, a cargo de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas: y Miguel A. Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.

A juicio de las entidades, la Ley N° 17.520 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obra pública, por un término fijo a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos, para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje.

Por ello no coinciden en que se promueva, a través del Ecovina, la delegación a la Administración General de Puertos (AGP) la ejecución de obras de dragado, balizamiento y señalización de la Vía Navegable mediante la modalidad de contrato de obra o de concesión.

"Creemos que las licitaciones de cada tramo deben ser a riesgo empresario, sin costo alguno para el Estado, ni aval de éste de ninguna naturaleza, de forma que las tareas de apertura, mantenimiento y señalización de todos los tramos de la VNT se deben solventar con las tarifas pagadas por su propio tráfico", destaca la nota.

Las entidades pidieron que en este tema se promueva una licitación pública "que asegure la participación de las empresas especializadas más competitivas e independientes del mundo", y que el cobro del peaje sea realizado por el concesionario, ganador de la licitación, directamente a los usuarios del tramo correspondiente de la VNT, para "evitar las incertidumbres sobre su pago generadas por la intermediación del Estado, incertidumbres que se transforman, inmediatamente, en incrementos de esa tarifa".

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También hubo cuestionamientos respecto de la ejecución de obras de mejoras, ampliación, dragado, balizamiento y señalización de los accesos a los puertos fluviales de las provincias signatarias mediante el uso de la recaudación de los peajes de Santa Fe al Norte. Las entidades firmantes de la nota señalaron que dichas obras son contrarias a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Actividades Portuarias N°24.093.

"Si el Estado Nacional se hace cargo del dragado, balizamiento y señalización de los accesos a los puertos provinciales, utilizando para ello parte de los ingresos del peaje que cobrará por el dragado y balizamiento de la VNT, no solo estará violentando lo que expresamente establece la ley, sino que generará un trato discriminatorio respecto de los puertos de la hidrovía que no pertenecen a las provincias signatarias, como los puertos privados, por ejemplo, que deberán seguir asumiendo esos costos, como lo hacen hasta ahora, con notoria afectación de sus derechos constitucionales de trato igualitario y de propiedad".

Finalmente, hubo oposición a la tarifa de peaje impuesta en el tramo que va de Puerto Santa Fe hasta Confluencia de la VNT.

Según estudios propios, las entidades calcularon una tarifa de equilibrio de 0,66 u$s/TRN, "holgadamente inferior a la tarifa de 1,47 u$s/TRN propuesta por AGP, con soporte en vaguedades retóricas y no acabadamente documentarias".

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