La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso clave en la defensa de los derechos estudiantiles al ordenar que se admitiera una demanda de amparo presentada por una persona indígena zapoteca excluida de una universidad pública. El fallo histórico de la Suprema Corte cambia para siempre el sistema en la educación universitaria y marca un precedente importante, ya que reconoce que ciertas decisiones de universidades pueden ser consideradas actos de autoridad, lo que permite que sean impugnadas legalmente cuando afectan derechos fundamentales. La resolución al Recurso de Queja 1/2026. Resuelto en sesión de Pleno el 21 de abril de 2026, ordena desde hoy que no todas las decisiones universitarias quedan fuera del control constitucional, especialmente cuando impactan directamente en derechos de las personas. La Suprema Corte señaló que el criterio anterior fue incorrecto, ya que se debe analizar “la materialidad de los actos, es decir, su contenido, función y efectos en la esfera jurídica de las personas”. El máximo tribunal determinó que existen actuaciones universitarias que “pueden resultar equiparables al ejercicio de autoridad”, lo que abre la puerta a su revisión mediante amparo. Con esta decisión, se revocó el desechamiento inicial del caso y se ordenó que el juzgado lo admitiera, lo que permitirá analizar de fondo si hubo una vulneración de derechos en el proceso de admisión.