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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que una persona no puede ser privada de la libertad por el solo incumplimiento de una obligación de carácter civil. El Pleno resolvió el Amparo Directo en Revisión 4018/2025 en la sesión del 9 de septiembre de 2026.
El caso surgió a partir de un contrato para la compra de una producción de manzana en Chihuahua. La persona compradora recibió la mercancía, pero no cubrió la totalidad del monto pactado y posteriormente fue condenada a ocho años de prisión por un delito de fraude específico.
Atención: qué determinó la Suprema Corte sobre las deudas civiles
El proyecto analizado por el Pleno sostuvo que el artículo 17 de la Constitución prohíbe utilizar el derecho penal para sancionar el simple incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil. Dentro de esta naturaleza están incluidas las deudas.
La Corte precisó que una relación contractual no impide que una conducta pueda tener consecuencias penales cuando existen elementos adicionales que permitan acreditar un delito. Lo que está prohibido es que el mero incumplimiento de una obligación contractual sea, por sí solo, motivo para imponer una pena de prisión.
El proyecto también señaló que esta protección está respaldada por instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie puede ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.
En el caso concreto, la mayoría consideró que la norma cuestionada del Código Penal del Estado de Chihuahua sancionaba esencialmente el incumplimiento de los términos de un contrato cuando este ocasionaba un perjuicio a una persona o agrupación dedicada a actividades agropecuarias.
Qué resolvió la Suprema Corte en el caso
La Corte concluyó que el artículo 224, fracción IX, del Código Penal de Chihuahua era inconstitucional, porque permitía imponer una pena privativa de la libertad por el incumplimiento de una obligación contractual de naturaleza civil.
La resolución estableció que:
- No se puede imponer prisión por una deuda de carácter puramente civil.
- El simple incumplimiento de un contrato no puede convertirse por sí solo en un delito sancionado con cárcel.
- Una conducta vinculada con un contrato sí puede tener relevancia penal cuando existe un elemento adicional, como el engaño o el aprovechamiento del error.
- El legislador puede establecer delitos y penas, pero esa facultad tiene como límite los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
El Pleno aprobó el proyecto por seis votos contra tres. Las ministras Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra; la primera anunció un voto particular y las otras dos, votos de minoría. El ministro Irving Espinosa Betanzo votó a favor con voto concurrente.
