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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la resolución que autoriza el desalojo de Raúl, un hombre de 83 años que podría perder el departamento donde vivía, ubicado en Iztapalapa, Ciudad de México.
La disputa se originó por una deuda de renta de 54 meses, que representa cuatro años y medio de rentas sin pagar. Pese a que el inquilino acudió a diferentes instancias judiciales para intentar frenar el desalojo, la Corte rechazó su recurso de revisión el 29 de octubre de 2026, luego de haber vivido 17 años en el inmueble.
¿Por qué ordenaron el desalojo del hombre de 83 años en Iztapalapa?
El caso comenzó el 14 de abril de 2007, cuando Raúl y la propietaria del inmueble firmaron un contrato de arrendamiento para ocupar el departamento. Sin embargo, el 29 de octubre de 2024, la arrendadora presentó una demanda para solicitar la rescisión del contrato, la recuperación de la vivienda y el pago de las mensualidades pendientes.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, la propietaria reclamó 54 meses de renta sin pagar, además de intereses del 6% anual, servicios pendientes, desperfectos en el inmueble y gastos del juicio.
El 20 de mayo de 2025, un juzgado civil declaró rescindido el contrato y ordenó al inquilino desocupar y entregar el departamento en un plazo de cinco días. También dispuso que se notificara al Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), para que intervinieran dentro de sus atribuciones.
Ahora bien, la información publicada sobre el expediente no confirma que Raúl haya entregado el inmueble.
¿Cómo llegó el caso hasta la Suprema Corte?
Después de perder el juicio, Raúl apeló la resolución, pero el 9 de diciembre de 2025 la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia.
Posteriormente, el hombre presentó un amparo directo para intentar evitar el desalojo. Sin embargo, el 15 de abril de 2026, un tribunal colegiado le negó la protección de la justicia federal. Entre sus argumentos, consideró que tener 83 años no acreditaba por sí solo una situación de vulnerabilidad que justificara modificar la resolución.
La defensa llevó entonces el asunto ante la SCJN mediante el Amparo Directo en Revisión 4705/2026. El 29 de octubre de 2026, el Pleno desechó el recurso por seis votos contra tres, con lo que dejó firme la sentencia que ordena devolver el inmueble.
¿Por qué la Suprema Corte rechazó revisar el desalojo?
La Suprema Corte desechó el recurso de revisión porque consideró que los argumentos presentados por el hombre de 83 años no cumplían con los requisitos para justificar una nueva revisión constitucional.
En el proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García se señaló que los agravios eran inoperantes, debido a que el recurrente reiteró planteamientos anteriores sin cuestionar directamente las razones centrales de la sentencia.
Además, el Tribunal Colegiado consideró que la edad del inquilino no demostraba por sí sola una situación de vulnerabilidad. También tomó en cuenta que había contado con asistencia jurídica, presentado pruebas y ejercido su derecho de defensa durante el juicio.
¿Por qué tres ministros votaron en contra de la decisión?
La resolución fue aprobada a propuesta del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Sin embargo, las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa, junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo, votaron en contra de desechar el recurso.
Los tres consideraron que el caso merecía un análisis constitucional sobre la obligación de los tribunales de juzgar con perspectiva de envejecimiento cuando una persona adulta mayor enfrenta el riesgo de perder su vivienda.
La ministra Ríos González sostuvo que esa perspectiva no debe limitarse a reconocer la vulnerabilidad por edad, sino que debe traducirse en medidas efectivas para proteger derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda.
