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En este caso, la decisión de la Suprema Corte se formalizó en los Amparos Directos en Revisión 6627 y 5632, ambos de 2025. Los mismos fueron resueltos durante la sesión del Pleno el 25 de marzo de 2026 y su resolución se deriva de un caso de secuestro registrado en 2010 en Matamoros, Tamaulipas, donde migrantes fueron privados de la libertad bajo el engaño de ser llevados a Estados Unidos.
El máximo tribunal ha determinado que la ausencia de este acompañamiento puede menoscabar el acceso a la justicia de las víctimas e incluso afectar la validez de las pruebas en un juicio.
Un nuevo fallo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha dictado una resolución que representa un cambio significativo en el sistema penal mexicano al reconocer que las víctimas extranjeras poseen el derecho a recibir asistencia consular durante los procesos judiciales.
En palabras del Pleno, “las víctimas extranjeras en un proceso penal son titulares del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular”, sentando así un nuevo precedente en la interpretación de derechos.
Un fallo histórico que marca un antes y un después en el debido proceso en México
Cabe aclarar también que la Suprema Corte indicó que esta omisión puede impactar el debido proceso de los individuos imputados, en el caso de que comprometa la confiabilidad de los testimonios. Esto posibilita la revisión de sentencias anteriores cuando surjan dudas en torno a cómo se recolectaron las declaraciones.
La SCJN señaló que la ausencia de asistencia consular no invalida de manera automática las declaraciones de las víctimas; sin embargo, sí exige a los jueces llevar a cabo un análisis detallado de cada caso.
“La falta de asistencia consular afecta directamente a la víctima, ya que puede enfrentar barreras que obstaculizan su acceso a la justicia”, advirtió la Corte en su resolución.
Nuevos criterios para jueces en todo el país: cómo protege la justicia mexicana a las víctimas extranjeras
En este contexto, SCJN anuló las sentencias objeto de impugnación y dispuso la emisión de una nueva resolución que contemple un análisis detallado de cada situación particular. Este precedente podría desencadenar repercusiones significativas en el sistema judicial de México, en especial en procesos que atañen a individuos migrantes o extranjeros.
Como parte del fallo, la Suprema Corte determinó una serie de criterios que las autoridades deben considerar, tales como las circunstancias en las que se realizaron las declaraciones, la presencia de barreras lingüísticas o la ausencia de asesoría jurídica. “Las autoridades necesitan evaluar si esta omisión generó un resultado real en la obtención de la prueba”, señaló el Pleno.
