En un contexto global marcado por el aumento de la desigualdad, México comienza a evaluar si quienes concentran mayores niveles de riqueza deberían aportar más. La propuesta —que contempla tasas de entre 2% y 3% sobre grandes patrimonios— no solo promete elevar la recaudación, sino también reconfigurar la relación entre poder económico y responsabilidad fiscal. Durante su conferencia del 14 de abril, la presidenta abrió la puerta a analizar un impuesto dirigido específicamente a las grandes fortunas. Aunque aclaró que no existe una iniciativa concreta en marcha, su postura marcó un giro relevante: por primera vez, el tema se reconoce públicamente como una posibilidad real. Claudia Sheinbaum subrayó que cualquier cambio debe evaluarse con cuidado, considerando tanto el impacto en la inversión como los beneficios en términos de financiamiento público. En ese equilibrio se juega una decisión clave: avanzar hacia un sistema más redistributivo sin afectar la estabilidad económica. Cuando se habla de multimillonarios en México, nombres como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego aparecen inevitablemente en la conversación. Aunque no se trata de medidas dirigidas a individuos específicos, el foco está puesto en los grandes patrimonios, es decir, en quienes concentran activos por miles de millones de dólares. La eventual aplicación de un impuesto de este tipo podría afectar directamente a este segmento, generando tensiones con el sector empresarial. Al mismo tiempo, sus defensores sostienen que se trata de una medida necesaria para reducir brechas sociales y fortalecer el financiamiento de políticas públicas. A pesar del creciente interés en gravar a los más ricos, la estrategia actual del gobierno mexicano sigue otro camino. En lugar de crear nuevos impuestos, se priorizó fortalecer la recaudación existente mediante mayor fiscalización y combate a la evasión. El Servicio de Administración Tributaria intensificó controles y mejorado sus mecanismos de supervisión, lo que permitió aumentar los ingresos públicos sin necesidad de introducir nuevas cargas fiscales. Este enfoque responde a una lógica pragmática: primero hacer más eficiente el sistema actual antes de modificarlo estructuralmente.